El Pleno del TC aprueba la abstención de Juan Carlos Campo para la ley de amnistía

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado este martes la abstención del magistrado Juan Carlos Campo en todos los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía presentados por el Grupo Parlamentario del PP y Comunidades Autónomas, así como las cuestiones de inconstitucionalidad procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La decisión supone el pistoletazo de salida para lo que se adivina ya como uno de los pulsos preliminares sobre la norma. Distintas partes han reclamado que se aparten el presidente Cándido Conde-Pumpido, la magistrada Laura Díez y el magistrado más reciente nombrado a propuesta del PP, José María Macías.

La aprobación de esta salida supone un resquicio para que se acepte la retirada de otros magistrados. Quizá por este motivo, tres magistrados del considerado bloque conservador han anunciado voto particular. Se trata de Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y el propio Macías. Este último ha recibido en los últimos días un aluvión de solicitudes de recusación, entre ellas las de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado. También Carles Puigdemont ha reclamado que se aparte.

El Tribunal Constitucional cuenta en la actualidad con mayoría progresista de siete a cinco. La salida de Campo deja el número de magistrados de cada sector en seis a cinco. Aunque sigue siendo suficiente, el deseo es que la valoración de la constitucionalidad de una ley de este calibre se apruebe con amplias mayorías y no con las cifras justas. Antes de entrar en las deliberaciones habrá que resolver todos los incidentes planteados. Se espera que esto alargue los tiempos varias semanas.

El pulso por la aplicación de la amnistía y su legalidad ha dado ya el salto al Tribunal Constitucional donde todo apunta a que se producirá un tenso tira y afloja entre los dos bloques que lo forman que quedarán más igualados que nunca antes. De momento, el PP y sus comunidades autónomas han liderado el primer empujón con cerca de una decena de recursos. El abordaje de la amnistía tendrá lugar en capítulos y cada uno de ellos amenaza con convertirse en una pequeña reyerta. Para empezar, antes siquiera de plantearse la valoración del fondo de los recursos y de la cuestión de inconstitucionalidad, será necesario establecer qué sucede con los plazos. La clave estará en determinar si las deliberaciones y fallos quedan paralizados a la espera de que se pronuncie la Justicia europea, a la que ya se ha dirigido tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal de Cuentas.

Las recusaciones

En medio de este panorama ha comenzado ya otra de el primer pulso, el de las recusaciones, muy atractivas cuando las fuerzas están igualdades. La primera de la lista en realidad no es una recusación, sino una decisión personal. Juan Carlos Campo ya dio hace un año pistas de que consideraba que su papel en la valoración de los indultos del procés cuando era ministro de Justicia le invalida para pronunciarse ahora. Por entonces, defendió que la amnistía era inconstitucional y participó en los informes sobre la gracia para los condenados.

Otros magistrados han sido cuestionados, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que la única salida es la más interesante para el bloque progresista, la de Macías. El PP ha recusado al presidente Conde-Pumpido y a la magistrada Laura Díez, que fue cargo de Moncloa. Ha puesto de manifiesto su "clara dependencia jerárquica” tanto del presidente del Gobierno como del ministro Félix Bolaños, negociador de la ley. El recién llegado Macías se mostró crítico contra la amnistía desde su anterior responsabilidad como vocal del CGPJ, en coincidencia con el análisis que efectuó ese órgano.

Para valorar las abstenciones se partirá del antecedente de la magistrada Concepción Espejel en el caso de la ley del aborto. En aquel caso, el Pleno rechazó aceptar que se apartara pese a que como miembro del Consejo General del Poder Judicial se posicionó en contra de la norma en una enmienda presentada en 2009. La exigencia está, por tanto, muy alta.