Dos minutos repletos de claves: la cara b del audio de Sánchez ante el juez Peinado

La declaración de Pedro Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado no llegó a los dos minutos, pero, a pesar de todo, tanto su desarrollo como sus repercusiones están repletas de lecturas. El breve intercambio, en el que habló mucho más el magistrado que el propio presidente del Gobierno, permite adivinar la intención de las preguntas que no llegaron a efectuarse y también la estrategia del jefe del Ejecutivo en sus breves respuestas. Además, la difusión de parte de la comparecencia -los medios de comunicación han accedido al menos al sonido- será, sin duda, empleada como argumento en las acciones por prevaricación que Sánchez y su pareja siguen contra el instructor.

El audio comienza con una extensa intervención en la que el juez explica los motivos que le han llevado a querer escuchar la declaración del presidente como testigo. "Se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación", expone. Ya desde el arranque y una vez que el presidente concretó que la investigada Begoña Gómez es su esposa, el magistrado enlazó la posibilidad de la que disponía Sánchez de no declarar con el deseo de no comunicar nada que pudiera ser contrario a su mujer.

Peinado destaca en varias ocasiones a lo largo de ese corto espacio que el jefe del Ejecutivo goza de una dispensa especial como marido de la investigada. Puede callar aquello que "perjudique" a su mujer. De hecho, le especifica que no tiene que declarar "en todo aquello que pudiera perjudicarle". Utiliza dos veces ese verbo, "perjudicar". En una tercera precisión, el magistrado insiste en la misma idea, pero emplea un sinónimo. Le dice que puede callar lo que sea susceptible de "comprometer" a su pareja. Con todos esos avisos, el juez le abría la puerta a declarar a favor de Gómez. Sánchez no lo hace. La deducción es que cree que lo que diga va a ir penalmente en su contra.

La insistencia del juez no es casual. El artículo 416 al que se acogió Sánchez tiene letra pequeña. En él se concreta que los parientes de un investigado, y en concreto, entre otros, "su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial", no tiene obligación de declarar "en contra" del afectado, "pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas" y aportar por ello argumentos que le favorezcan.

La importancia que da el instructor a ese declarar "en contra" o "perjudicar", quedó clara en la providencia en la que, después de la comparecencia, se negó a mantener reservada la diligencia y confirmó que daría traslado a las partes a pesar de la oposición de la defensa y de la Fiscalía. "No realizó manifestación alguna respecto de las posibles preguntas que se le hubieran podido realizar que, si no se consideraran impertinentes por este instructor, habría de haber contestado, bajo juramento y, por tanto, decir verdad", destacaba entonces el magistrado. Precisaba también que "la interpretación procesal que se pueda realizar a la conducta que por cualquiera de los intervinientes pongan de manifiesto, bien por lo que contesten o bien por su silencio, legítimo, pero que, como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias".

La teoría de Moncloa siempre fue doble. Por una parte, sospecharon desde un inicio que detrás de la citación como testigo se escondía una intención del instructor de reclamar al Tribunal Supremo la imputación del presidente del Gobierno. El Gobierno nunca entendió sin esta posibilidad el empeño del juez en que esta declaración fuera efectuada "como marido" y, por ello, de forma presencial. Por otra, consideraron que había un deseo de "humillación" y de que esta fuera pública.

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No pasó tampoco desapercibida la alusión del juez a que la declaración se prestaría en vinculación con "un delito de tráfico de influencias en cadena". Para que exista ese delito, debe haber una autoridad sobre la que influir, sin duda, el propio Pedro Sánchez. La tesis del Ejecutivo fue desde un inicio que el instructor interpretaría el silencio como sinónimo de culpa.

Apegado "a la ley"

Quizá por ello o quizá por tratar de marcar distancias con otras partes del procedimiento dispensadas de declarar (los imputados pueden no hacerlo para no dar argumentos en contra de su inocencia), Sánchez puso en todo momento en sus respuestas un especial énfasis en que, con su elección, cumplía escrupulosamente la ley. Destacó que se negaba a contestar dos veces.

La primera de ella dijo: "Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416", el párrafo de la LECrim que le amparaba por tratarse de su esposa. La segunda, fue aún más contundente y destacó que deseaba acogerse "al derecho que viene reconocido en la ley". Ambas respuestas incidían en su cumplimiento de la legalidad, en contra, precisamente, de esas sospechas que consideraba -como ha dejado claro en distintas ocasiones- levantaba su propia declaración.

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Por último, la publicación por parte de todos los medios del sonido de la citación será, sin duda, empleada como argumento de refuerzo de las querellas por prevaricación que tanto la Abogacía del Estado en nombre de Sánchez, como la defensa de su mujer, han planteado y que se encuentran en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ambos escritos ya se deslizaba que el juez buscaba dañar la imagen del presidente y la institución que representa al evitar que pudiera declarar por escrito.

Pese a las advertencias del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que dirige Peinado, el sonido se ha difundido o "filtrado". Los más claros respecto al supuesto motivo fueron los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y Transporte, Óscar Puente, que sugirieron una intencionalidad del magistrado, un deseo de que se viera u oyera al presidente respondiendo ante la Justicia. "Blanco y en botella", concluyeron ambos sobre la entrega a las acusaciones, entre ellas Vox, de copias de la declaración. Es lawfare, les faltó por añadir.