El fiscal general da por hecha su imputación por revelar secretos y ya prepara la defensa

El tiempo se está acabando y el fiscal general lo sabe. Álvaro García Ortiz da por hecha su cercana imputación por un delito de revelación de secretos. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene pendiente aún decidir si admite a trámite la exposición razonada en su contra remitida desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por su intervención en la elaboración de una nota de prensa en la que se desvelaron datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, implicado en una causa por delito fiscal. García Ortiz, que espera una decisión en las próximas semanas, asumió desde hace meses "toda la responsabilidad" por el contenido del comunicado de prensa.

Fuentes jurídicas apuntan que prepara su defensa, basada en negar que hubiera filtración alguna de datos. Lo que se produjo, asegura, fue la aclaración de informaciones falsas difundidas en aquel momento por parte de distintos medios de comunicación en defensa del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. La estrategia se basará, así, en precisar que el secreto, cuya revelación se le atribuye, ya había sido desvelado de forma interesada e incorrecta, por lo que su contenido no infringió el deber de reserva de la Fiscalía.

Antes de que llegue ese momento, habrá una avanzadilla bajo la forma de informe de la propia Fiscalía. Hace unos días, la Sala dio sus primeros pasos y se dirigió al Ministerio Público para recabar su criterio. No hay dudas de que ese escrito aún pendiente respaldará la decisión de que la nota de prensa se hiciera pública. El Supremo ha ido acumulando diferentes acciones presentadas contra García Ortiz. Además de la exposición razonada, tiene en sus manos querellas de Manos Limpias y de la Fundación Foro Libertad y Alternativa.

El procedimiento se remonta a la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado del empresario Alberto González Amador en la investigación que se sigue contra él por fraude fiscal. Se reflejaban la sucesión de comunicaciones entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal del caso. La defensa del acusado por dos delitos fiscales y falsedad documental buscaba alcanzar un pacto de conformidad y, a cambio, reconocía la comisión de la defraudación y aceptaba una pena de prisión que no implicaba el ingreso en la cárcel.

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Beatriz Parera

García Ortiz siempre ha sabido que la responsabilidad es suya. Lo dijo abiertamente, de forma pública, y por escrito después, ante el propio TSJM. Se dirigió al tribunal para indicar que el comunicado se distribuyó con su "autorización" y siguiendo "instrucciones expresas y directas". Añadió que lo volvería a hacer. "Volvería a suscribir y a ordenar poner fin al bulo" y "amparar a un compañero", destacaba.

La revelación de secretos por parte de un funcionario público es un delito grave, castigado incluso con penas de prisión y que, además, implica la inhabilitación para aquellos que sean condenados por cometerlo. El artículo 417 y siguientes del Código Penal explican que lo cometen aquellas personas que por razón de su cargo público tengan acceso a cierta documentación e información y, teniendo que custodiar estos, actuaran a sabiendas de lo que puede ocurrir y revelasen esa información privada. Si se trata de secretos de un particular, se prevén penas de prisión de dos a cuatro años, multa de 12 a 18 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Pese a ello, García Ortiz ya ha dejado claro que no se plantea dimitir en caso de imputación.

Información veraz

El Supremo tendrá que valorar si la nota de prensa responde al derecho a una información veraz, como defiende el fiscal general, o si invadió el límite penal e incurrió en la violación de derechos de González Amador. La pareja de la presidenta madrileña está acusada de defraudar a Hacienda en dos ejercicios simulando contratos para rebajar el pago. Viene asegurando que se le ha provocado una enorme indefensión.

Frente a esta tesis, la defensa de García Ortiz seguirá basada en los mismos argumentos que viene repitiendo desde el inicio de la polémica. "No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones", ha dicho, una y otra vez, al respecto. Para el jefe de la Fiscalía, recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado por la Constitución, y los fiscales tienen, entre sus funciones, informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia.