El fiscal del caso Begoña Gómez se postula para una plaza en la Audiencia Nacional

El fiscal del caso Begoña Gómez, José Manuel San Baldomero, se ha postulado para cubrir una plaza vacante en la Audiencia Nacional. La decisión sobre el destino, al que optan otros cinco fiscales en su mayoría procedentes de la Fiscalía de Madrid, será adoptada por Álvaro García Ortiz tras oír el criterio del Consejo, que debe pronunciarse sobre esta y otras promociones en una reunión prevista para el próximo 25 de septiembre. La decisión final está en manos del fiscal general.

No es la primera vez que San Baldomero, actualmente en la división de delitos económicos, solicita acceder al departamento que dirige Jesús Alonso. Sin embargo, en esta ocasión, su candidatura ha levantado un cierto revuelo. Incluso algunos han comenzado a sospechar que todo apunta a que acabará en la Audiencia a la vista de su papel relevante en el caso. Fuentes fiscales consultadas aseguran que es previsible que no se lleve la plaza en propiedad (la favorita es la fiscal María Luisa Llop) pero que, pese a ello, se le conceda el cambio bajo la forma de una comisión de servicios.

El primer consejo fiscal después del verano tiene previsto estudiar la cobertura de nueve puestos. Además de la plaza de la Audiencia Nacional, se examinará a varios candidatos para las Fiscalías de Penal y Civil del Tribunal Supremo. Está también pendiente la cobertura del puesto de fiscal superior de Cantabria y de los cargos de teniente fiscal de Zaragoza, Oviedo y Valencia, donde también está vacante el puesto de fiscal jefe.

San Baldomero salió del anonimato después de que le tocara asumir la representación de la Fiscalía en el caso que investiga el juez Juan Carlos Peinado respecto a las actividades profesionales de la esposa del presidente del Gobierno. La relación entre el Ministerio Público y el instructor ha sido tensa desde un inicio. Veinticuatro horas después de conocerse que el magistrado había abierto unas diligencias que mantenía, por entonces, secretas, la Fiscalía recurrió y reclamó el archivo. La Audiencia Provincial rechazó sus argumentos y no se ahorró críticas.

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Este primer recurso se elevó de forma directa a la instancia superior sin que se presentara en primer lugar en reforma ante el propio Peinado. En aquel momento, el pasado abril, el procedimiento daba sus primeros pasos y el Ministerio Público reclamaba el sobreseimiento, alegando que se trataba de una "investigación prospectiva". La Audiencia argumentó que existían indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo y recordó que archivar sin más podría dar lugar a "lagunas de impunidad".

Choques en cadena

Los choques entre la Fiscalía y el juez no acabaron ahí. Unas semanas más tarde, con el procedimiento en avance tras el visto bueno de la Audiencia, Peinado se quejó de que la actuación del fiscal estaba resultando poco habitual. Protestaba por las "frecuentes e inusuales visitas personales" de San Baldomero y denunciaba sus intentos por "tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas, sino las que pudieran llegar a dictarse".

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La declaración de Pedro Sánchez como testigo dio lugar a un nuevo enfrentamiento. La Fiscalía recurrió y reclamó que testificara por escrito. Dos veces.No se atendió su solicitud y una vez practicada la diligencia, después de que el presidente del Gobierno se negara a contestar al juez en contra de su mujer, comenzó la batalla por las imágenes de la comparecencia. En opinión del fiscal, esos pocos minutos del presidente ante el juez deben mantenerse reservados. Reclamó que no se diera traslado de la grabación a las partes y que se sustituyera por un escrito descriptivo, para impedir así su posible difusión.

En el último de los recursos presentado ante la Audiencia Provincial -casi en paralelo con el que también presentó el abogado de Begoña Gómez- el fiscal reclama un control y limitación del caso. Asegura que la instrucción se ha ido diversificando hasta ser "amplísima" y que peca de falta de concreción. En resumen, argumenta que las diligencias se asemejan a una "causa general" contra la mujer de Sánchez. La actuación del fiscal se mira con ojos críticos desde algunos sectores que detectan actitudes cercanas a las de una defensa.