El fiscal general se une a Puigdemont para recusar a un magistrado del TC en la amnistía

El fiscal general del Estado acaba de presentar un incidente de recusación contra el nuevo magistrado del Constitucional, designado a propuesta del PP, José María Macías. Hace solo unos días, Carles Puigdemont reclamó también que se apartara, en su caso, en los asuntos pendientes de deliberación relacionados con el procés. Álvaro García Ortiz alega en un escrito que existe en su caso una participación directa del magistrado, hasta hace poco vocal del Consejo General del Poder Judicial, en el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo sobre la ley de amnistía.

El escrito no se basa así en las opiniones al respecto vertidas por Macías, sino en que en su anterior condición de vocal "tuvo participación directa en determinadas actuaciones oficiales que, por su contenido, comportan una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica valoración de la ley de amnistía cuya constitucionalidad ahora se somete a escrutinio del TC. El Constitucional ha iniciado sus primeros pasos de valoración de la norma y ya se adivina una guerra de recusaciones. El PP ha reclamado, por ejemplo, que sean apartados el presidente Cándido Conde-Pumpido y la magistrada Laura Díez, antiguo cargo de Moncloa. La batalla para limitar los números de los dos bloques del Constitucional, un particular Juego de Tronos, ha comenzado.

El incidente del fiscal general distingue, no sin intención, los motivos directos de los ambientales. Destaca que, "a los efectos de esta recusación", la participación de este magistrado en una valoración expresa sobre la norma sustenta que se inhiba. En el caso de Macías se produjo —alega— "una intervención en la deliberación, defensa y aprobación de dos textos diferentes, elaborados y publicados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial".

En esos textos se realizaban consideraciones como que la concesión de una amnistía, en el actual sistema constitucional, "constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes" o la ley de amnistía "supone una degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España" o que la norma confunde el interés de España con el interés del presidente del Gobierno.

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Para el fiscal general, "resulta patente a la vista de lo expuesto que la reseñada manifestación —cabe insistir, aprobada y publicada formalmente por el Consejo General del Poder Judicial con el apoyo y voto favorable de Macías— aborda y resuelve con pretendidas razones jurídicas prácticamente todas las cuestiones que plantea la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la cuestión de inconstitucionalidad a la que concierne la presente recusación".

Los textos del CGPJ hablaban ya de la constitucionalidad de la ley de amnistía y la participación en su gestación de los amnistiados, la desconsideración de los motivos que según sus promotores justifican la iniciativa legislativa dirigida a su aprobación y la afirmación en su lugar de un interés personal y político particular incompatible con los valores constitucionales, "los elementos nucleares de sustentación de la cuestión de inconstitucionalidad", dice el incidente.

Puigdemont, el primero

El primero en inaugurar las hostilidades contra Macías fue Puigdemont. Hace solo unos días, su abogado, Gonzalo Boye, presentaba un escrito en el que hacía referencia a los "pronunciamientos realizados hasta la fecha por Macías", y aseguraba que "concurren datos bastantes para entender que no será parcial en estos asuntos ni en los que en el futuro se generen".

En todas las recusaciones en juego tendrá que tenerse en cuenta el caso de la magistrada Concepción Espejel. El TC rechazó su abstención en 2023 respecto a la ley del aborto. Esta magistrada, también vinculada al CGPJ en su día, se pronunció de forma crítica sobre la norma en valoraciones de la Comisión de Estudios, de la que formaba parte. Su salida hubiera supuesto que el tribunal de garantías se quedara sin quorum para pronunciarse. Se descartó al considerar que no existían motivos razonables para considerar que una opinión de años atrás cuestionara su imparcialidad.