Vox pide interrogar a la mano derecha de Marlaska y al 'número dos' de Interior en el caso Koldo

Vox ha presentado un escrito al juez que investiga el llamado caso Koldo en el que pide interrogar como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y al comisario de confianza de Grande-Marlaska, José Antonio Rodríguez. Lo solicita después de la declaración como testigo del policía que gestionó el contrato de Interior con la trama investigada, Daniel Belmar. Según ha declarado este jueves, su departamento dependía de la Secretaría de Estado y ha implicado al comisario Rodríguez en la operación.

Belmar, ya jubilado, era subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y medios para la seguridad en el Ministerio de Interior en el momento de los hechos. Según el sumario, fue la persona que materializó la compra de mascarillas, pero hoy ha declarado que contó con el aval de José Antonio Rodríguez. Este comisario es el responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios, una de las personas de la máxima confianza del ministro al que sigue asesorando a pesar de haber rebasado la edad de jubilación.

Vox considera que durante la declaración como testigo de Belmar “ha sido constada la abierta negación de hechos consignados por la UCO en diferentes informes”. También destacan las “evidentes contradicciones entre los documentos aportados en autos en los que se constata su intervención en los mismos, siendo negada en la prueba testifical practicada”.

Belmar ha declarado ante el juez que en la gestión de estos contratos por parte del Ministerio de interior fueron realizadas por él mismo, de forma personal, directa y única, “cuestión que resalta –según Vox– de forma notoria a la vista del gran número de personas intervinientes en otros ministerios como transportes y sanidad para la gestión de los similares contratos”.

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La formación que lidera Santiago Abascal añade que Belmar “ha ofrecido respuestas vagas y sin concreción de forma reiterativa, un tanto evasivas, aludiendo a su falta de memoria, que no parece ser coherente con la preocupación y necesidad de la situación, que se manifiesta y de la que, por sentido común y diligencia queda en el recuerdo de los intervinientes”.

Vox recuerda que, como informó El Confidencial, Belmar les dijo a los investigadores de la UCO que tenía información e incluso mostró a los agentes la existencia de un acta de reunión interministerial, “enseñando un documento de texto en la pantalla que no dejó leer”. Así consta en el sumario analizado por este periódico. Esa acta nunca llegó a entregarse a la Guardia Civil y por eso el partido pide también que se registre la casa de Belmar para intentar localizarla así como sus dispositivos móviles.

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Este jueves, “el testigo ha negado su conocimiento de la misma, a pesar de la constancia documental” y después de que “esta reunión interministerial ha sido referida en muchas de la testifical practicadas”. Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio informan de que Belmar ha llegado a decir que desconoce por qué los investigadores incluyeron eso en sus informes y ha apuntado a que le malinterpretaron.

Por ello, Vox pide ahora la imputación de este policía ya jubilado y que se remita al juzgado toda la documentación que obre en poder de Interior sobre el acuerdo con la empresa de la trama Soluciones de Gestión, que ascendió a casi de 3,5 millones de euros.

El partido también solicita que se interrogue como testigo a José Manuel Fraile Azpeitia. Era el responsable de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior, el órgano a que le corresponde gestionar la compra del material, según la UCO. Este responsable dijo que a ellos se lo habían dado todo hecho desde el departamento que dirigía Belmar.

Por el momento, el escrito de Vox también pide incorporar al caso las actas de los Consejos de Ministros celebrados desde el 2 de enero hasta el 31 de agosto de 2020, que contengan referencia a la contratación realizada en periodo covid-19. También las actas del Comité de Evaluación y Seguimiento de la COVID-19 y las del Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública producida por el coronavirus.