Un excargo de Interior implica a la mano derecha de Marlaska ante el juez de Koldo

El policía ya jubilado Daniel Belmar ha declarado este jueves como testigo en la Audiencia Nacional ante el juez del llamado caso Koldo. Según el sumario, es la persona que materializó el contrato de casi 3,5 millones con la empresa de la trama para comprar mascarillas en la pandemia. Ha declarado ante el magistrado Ismael Moreno que la persona que pilotó las gestiones es el comisario José Antonio Rodríguez, un mando de la máxima confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, Belmar ha confesado que José Antonio Rodríguez, al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, es la persona que le marcó la empresa con la que contratar el suministro de material sanitario, Soluciones de Gestión. Este comisario, mano derecha de Grande-Marlaska, declaró hace meses en la Guardia Civil que fue Koldo García quien le puso en contacto con la empresa de la trama y que llegó a llamar a uno de sus responsables. Hoy Belmar ha confirmado ante el juez esa implicación en la operación.

Con esta declaración, el juez asienta los indicios de expansión de la trama a otros departamentos ajenos al que dirigía José Luis Ábalos. Casi desde un inicio, la UCO ha tratado de seguir esta pista, no sin dificultad. El sumario ya apuntaba a la mano derecha del ministro. Según denunció la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, del que dependen las fuerzas de seguridad del Estado, puso trabas a los agentes que actuaban a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción. Con todo, sus averiguaciones lograron acreditar que este alto cargo de la máxima confianza de Grande-Marlaska fue el encargado de llamar personalmente por teléfono a la empresa acusada de pagar comisiones ilegales a cambio de contratos. El contacto se lo facilitó el asesor principal del ministro Ábalos.

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Alejandro Requeijo

El 20 de abril de 2020, poco más de un mes después de decretarse el confinamiento, la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior adjudicó el contrato con número de expediente 20V019 a la empresa investigada, Soluciones de Gestión. El pedido de Interior era para adquirir material de protección para el personal de la citada Secretaría de Estado y ascendió a casi 3,5 millones de euros. Fueron algo más de un millón de mascarillas a 3,2 euros la unidad. Esta es una de las operaciones investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a las que afectan a los ministerios de Transportes, Sanidad y a los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.

Belmar era el policía nacional a cargo de la Subdirección General que se encargó de ejecutar el acuerdo. En los primeros compases de las pesquisas ya contó a la Guardia Civil que el aval de contratar con la empresa Soluciones de Gestión partió de un departamento clave en Interior, la Dirección General de Coordinación y Estudios. La recomendación se produjo tras una reunión interministerial con otros departamentos donde se acordó coordinar las empresas que se postulaban como proveedoras de material sanitario.