El PSOE recopiló información sensible sobre los jueces Peinado y García-Castellón y La Sexta

El PSOE ha estado recopilando durante los últimos meses información supuestamente sensible sobre miembros de la judicatura y medios de comunicación para tratar de demostrar que la investigación sobre Begoña Gómez forma parte de una operación clandestina a gran escala para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa y recuperar la iniciativa política para el resto de legislatura.

Según han revelado a El Confidencial fuentes socialistas, el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y su mano derecha, la exdirectiva de Correos Leire Díez Castro, manejan datos presuntamente comprometedores del juez Juan Carlos Peinado, instructor de las diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno; del magistrado de la Audiencia Nacional recién jubilado Manuel García-Castellón, y de presentadores y directivos de La Sexta, entre otros.

En lo que respecta al juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el PSOE ha buscado pruebas para acreditar que citó a declarar de manera irregular, y en contra del criterio de la Fiscalía, a 12 periodistas por publicar parte del sumario sobre los CDR acusados de terrorismo. El instructor del caso Begoña Gómez le imputó un delito de revelación de secretos, pero acabó archivando la causa.

Además, la cúpula de Ferraz dispone de una resolución del Tribunal Constitucional que dictaminó en 2020 que el juez Peinado detuvo de manera ilegal a Nervis Villalobos, un político venezolano que estuvo 16 meses en la cárcel por un presunto caso de blanqueo de capitales. El exviceministro de Energía del país latinoamericano recurrió la detención del juez de Plaza de Castilla ante el Tribunal de Garantías y logró el amparo. Finalmente, Villalobos fue absuelto en 2022 tras el sobreseimiento de esa causa.

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Entre los señalados por la campaña del PSOE también se encuentra el recién jubilado juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, abiertamente criticado por PSOE y Podemos por sus supuestas conexiones con Génova y sus decisiones contrarias a la amnistía. García-Castellón se encargó de la instrucción del caso Villarejo y la derivada operación Kitchen; las tramas Púnica y Lezo vinculadas al Partido Popular; y las diligencias sobre la plataforma independentista Tsunami Democràtic, entre otros procedimientos.

Ferraz maneja pruebas que acreditarían que el exmagistrado no investigó hasta tres pendrives relacionados con el caso Villarejo que guardaban 72 audios. Estas grabaciones pondrían supuestamente de manifiesto, según revelan fuentes implicadas en la operación del PSOE, la existencia de una trama de jueces que se habría coordinado con altos cargos del PP para abrir causas falsas contra rivales políticos y empresariales.

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Cerdán y su fontanera han tratado de conseguir igualmente información sobre el fiscal anticorrupción José Grinda, que participó en la causa del Banco Madrid, propiedad del andorrano BPA, cuya intervención por parte del Banco de España provocó un terremoto en el sistema financiero. Los máximos accionistas de BPA, los hermanos Ramón e Higini Cierco, siempre han denunciado que la investigación sobre Banco Madrid fue una decisión política del Gobierno de Rajoy para poner al descubierto los fondos que guardaban algunos líderes independentistas en el Principado.

Este fiscal también intervino en la investigación a Javier Pérez-Dolset, que en junio de 2017 entró en prisión por ocultar presuntamente 100 millones de euros en cuentas de bancos en Panamá tras haber recibido subvenciones para algunas de sus empresas. Las autoridades del país centroamericano acabaron respondiendo que Pérez-Dolset no tenía ningún depósito en su territorio.

Según ha podido confirmar El Confidencial, el PSOE dispone de centenares de mensajes privados enviados durante años por Grinda a una persona de su máxima confianza. La difusión de esas comunicaciones tendría por objeto sembrar dudas sobre la honorabilidad del fiscal anticorrupción y tratar de aparentar que actuó en estas causas guiado por motivaciones políticas.

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En esta campaña, Ferraz también ha colocado en su punto de mira a los medios de comunicación, a los que acusa de formar parte de la supuesta máquina de fango que pretende dar un golpe para descabalgar a Sánchez. En la mirilla del Moncloa ocupa una posición destacada el Grupo Planeta, dueño de Atresmedia, Onda Cero, La Sexta y La Razón. Le reprocha el tratamiento de sus informaciones sobre los escándalos que afectan al Gobierno, las crisis internas del PSOE y su equidistancia en citas electorales.

Esas quejas se centran, especialmente, en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta. Fuentes de la alta dirección de Planeta han reconocido a El Confidencial que el pasado año recibieron llamadas de Moncloa para quejarse del presentador de ese espacio, Antonio García Ferreras, por su cobertura de la campaña de las generales del 23-J. El Gobierno ya intentó en 2020 y 2021 quitarle cuota de pantalla a Al Rojo Vivo con la emisión en La 1 del programa Las Cosas Claras, un espacio informativo similar, en la misma franja horaria, presentado por Jesús Cintora.

Fuentes de la campaña de desinformación de Ferraz aseguran que el secretario de Organización y su asesora han reunido material inédito del comisario José Manuel Villarejo que supuestamente comprometería a Ferreras. Podemos ya ha utilizado en el pasado grabaciones del policía para atacar al periodista.

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En otros audios controlados por los responsables de la campaña socialista aparece Mauricio Casals, uno de los hombres fuertes de Planeta, que se reunía frecuentemente con el policía. Estas otras conversaciones demostrarían la intencionalidad política de las noticias publicadas por los medios del grupo catalán.

Cerdán y Díez han accedido a ese material con la ayuda de un empresario imputado en la Audiencia Nacional por los delitos de fraude en las subvenciones y blanqueo de capitales en un procedimiento que también considera el resultado de una conspiración. El PSOE ha ofrecido a este empresario, a cambio de proporcionarle información sobre sus rivales, que la Fiscalía maniobrará para aliviar su futuro procesal. El número tres de Ferraz y su mano derecha han trasladado acuerdos similares a investigados en otras causas.

Ferraz no sólo ha estado buscando y analizando informaciones supuestamente perjudiciales para magistrados, fiscales y periodistas, sino que también ha llegado a redactar borradores de denuncia para tratar de abrir causas judiciales en su contra destinadas a desactivarlos y generar nuevos escándalos.