Caso Koldo: la UCO busca el acta de la reunión clave que afecta a la mano derecha de Marlaska

"Si nos ponemos así de rigurosos, miremos todas las compras". El reto lo lanzó esta semana el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Se refería a la diferente vara de medir que se ha aplicado contra él en comparación con el resto de administraciones que operaron con la trama investigada en el caso Koldo, entre ellas el Ministerio del Interior. El sumario que instruye la Audiencia Nacional deja, no obstante, el rastro del papel que jugaron altos cargos de Fernando Grande-Marlaska durante la crisis. Las pesquisas llegan hasta la mano derecha del ministro, un comisario que acudió al hombre que da nombre a la causa, Koldo García Izaguirre. Pero hay otros puntos por esclarecer, como el contenido del acta de una reunión interministerial donde se abordó la compra de mascarillas que, por el momento, no ha aparecido.

Los avances en esta derivada de la investigación no han sido fáciles, más bien al contrario. Según denunció la Guardia Civil, el Ministerio del Interior del que dependen las fuerzas de seguridad del Estado puso trabas a los agentes que actuaban a las órdenes de la Fiscalía anticorrupción. Con todo, sus averiguaciones lograron acreditar que este alto cargo de la máxima confianza de Grande-Marlaska fue el encargado de llamar personalmente por teléfono a la empresa acusada de pagar comisiones ilegales a cambio de contratos. El contacto se lo facilitó el asesor principal del ministro Ábalos.

El 20 de abril de 2020, poco más de un mes después de decretarse el confinamiento, la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior adjudicó el contrato con número de expediente 20V019 a la empresa investigada, Soluciones de Gestión. El pedido de Interior era para adquirir material de protección para el personal de la citada Secretaría de Estado y ascendió a casi 3,5 millones de euros. Fueron algo más de un millón de mascarillas a 3,2 euros la unidad. Esta es una de las operaciones investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a las que afectan a los ministerios de Transportes, Sanidad y a los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.

El organismo de Grande-Marlaska que se encargó de ejecutar el acuerdo fue una Subdirección General cuyo responsable era un policía nacional llamado Daniel Belmar Prieto. Agotaba sus últimos años de carrera en un destino aparentemente tranquilo y burocrático hasta que estalló el Covid. Cuatro años después del inicio de la pandemia, desde su retiro, atendió a la llamada de El Confidencial cuando su nombre apareció por primera vez en los papeles de la causa.

"Había una necesidad urgentísima"

Hacía apenas unos días que había explotado el caso y las repuestas del veterano Belmar no fueron más allá del discurso habitual sobre el covid: "En pandemia no había dónde elegir", "volvería a hacer lo mismo", "había una necesidad urgentísima"... Preguntado en varias ocasiones acerca de por qué se eligió a la empresa Soluciones de Gestión, trató de proteger a sus superiores. Negó haber recibido ninguna instrucción del ministro Grande-Marlaska, ni del secretario de Estado. Sin embargo, a medida que avanzó la causa fueron trascendiendo nuevas pesquisas de la Guardia Civil. Resulta que Belmar no dijo todo lo que sabía aquel día en su conversación con este periódico.

En junio de 2022, meses antes de la detención de Koldo García y el resto de implicados, la Guardia Civil acudió a entrevistarse con este policía nacional jubilado. En ese momento, la UCO todavía investigaba en secreto el caso a las órdenes de la Fiscalía. Belmar les contó que el aval de contratar con la empresa Soluciones de Gestión partió de un departamento clave en Interior, la Dirección General de Coordinación y Estudios. Fue tras mantener una reunión interministerial con otros departamentos donde se acordó coordinar las empresas que se postulaban como proveedoras de material sanitario. Belmar, en esa ocasión, sí señaló más arriba.

No era la primera vez que este veterano policía tenía que dar explicaciones por haber encomendado el suministro de mascarillas a una empresa sin experiencia previa. En enero de 2022, antes de la visita de la Guardia Civil, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ya había preguntado también en Interior por este contrato de 3,4 millones de euros de dinero público. Y el encargado de dar la cara fue otra vez Belmar, pese a que el organismo de Hacienda se había dirigido a otra ventanilla dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Según el escrito recabado por la UCO, lo que contestó Belmar a la ONIF es que, ante la "incapacidad" de Sanidad de satisfacer sus necesidades de protección, buscaron otras alternativas. Tuvieron conocimiento de que el ministerio de Ábalos había dado con otra línea de compra e Interior pidió que les tuviera en cuenta en sus pedidos. Transportes accedió a condición de que fuese el departamento de Grande-Marlaska quien pagase después a los proveedores, es decir, a la empresa que presuntamente se concertó con Koldo García a cambio de comisiones ilegales.

En este punto emerge el nombre de uno de los altos cargos de la seguridad del Estado más cercanos al ministro. Se trata del comisario de Policía José Antonio Rodríguez, el responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios hacia donde apuntó Belmar. Grande-Marlaska, el responsable de Interior más longevo de la democracia por delante de José Barrionuevo, ha dado sobradas muestras en sus más de seis años de gestión de no dudar en cesar a aquellos que no gozan de su confianza. Su mandato está plagado de destituciones, algunas de ellas convulsas. Sin embargo, José Antonio Rodríguez ha permanecido siempre cerca.

Tanto es así que Grande-Marlaska remodeló la estructura del Ministerio para dar encaje legal a que este comisario pudiera seguir en sus funciones tras superar la edad de jubilación. A José Antonio Rodríguez se le atribuyen muchas de las estrategias de calado que ha acometido Interior en los últimos años.

El comisario declaró como testigo en la causa ante la Guardia Civil el 21 de febrero. Fue citado en la Comandancia de Madrid y compareció durante 35 minutos ante los investigadores. Admitió que mantuvo contactos con el asesor de José Luis Ábalos antes de adjudicar a la trama el contrato. Cuando le preguntaron si Koldo le llegó a hablar de la empresa Soluciones de Gestión, el mando se limitó a decir que "es muy posible".

No solo fue posible, sino que el asesor de Ábalos le dio el contacto de una persona que se llamaba 'Íñigo'. En la declaración ante la UCO, el alto mando de Interior facilitó a los investigadores el teléfono de esta persona, 625XXX470. Ese número se corresponde con el de Íñigo Rotaeche, según ha podido acreditar este periódico a partir de la documentación que obra en el sumario. Es uno de los investigados en el caso porque era el director de proyectos de la empresa Soluciones de Gestión acusada de pagar comisiones ilegales.

Jose Antonio Rodríguez declaró que "a través de Koldo sabían que tenían una ventana de oportunidad para traer mascarillas desde China" y que, una vez en España, "serían compradas por la Secretaría de Estado de Seguridad a través de un contrato de emergencia". Admitió que ni conocía a la empresa ni hicieron comprobaciones previas para acreditar su experiencia, pero también reconoció que él fue la persona que contactó con la compañía para "indagar si era factible el suministro de mascarillas". El resto del trabajo lo hizo Belmar, pero una vez había pasado por las manos de este superior próximo a Grande-Marlaska.

La Guardia Civil refleja en el sumario las complicaciones que afrontó cuando tuvo que indagar sobre el contrato de Interior. El departamento que le puso el sello al acuerdo fue la Subdirección General de Gestión Económica. Pero cuando los agentes de la UCO preguntaron en esa ventanilla, les dijeron que les habían dado todo hecho desde la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad que dirigía Daniel Belmar. Ese día, los investigadores solo pudieron llevarse una carpeta con el número de expediente del contrato con la empresa de la trama, pero al abrirla resultó que algunos de los archivos aportados presentaban "un formato ilegible".

Los que sí se podían leer tan solo tenían que ver con la burocracia necesaria para pagar los casi 3,5 millones por las mascarillas, pero no había ningún documento sobre el suministro de material por parte de la empresa adjudicataria. "Resulta cuanto menos extraño", concluye la Guardia Civil en uno de sus escritos. Peor fue cuando se desplazaron hasta las dependencias de Daniel Belmar. El veterano policía se comprometió con los guardias civiles a que les daría la documentación, pero luego cambió de opinión y pidió un requerimiento por escrito.

La UCO: "Resulta cuanto menos extraño"

En esa misma visita, Belmar les informó de que existía un acta de la reunión interministerial a la que acudió Interior y que sirvió de antesala para contratar con la trama, pero no la entregó. Solo se la mostró desde lejos en la pantalla de su ordenador, pero ni siquiera les dejó leerla. "No se ha localizado ningún documento que haga referencia a los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió contratar a Soluciones de Gestión", sentenció la Guardia Civil meses antes de proceder a las detenciones.

Belmar también tuvo que dar de nuevo explicaciones como testigo tras las detenciones. Esta vez, cuando le preguntaron si en aquella reunión interministerial se estableció el listado de empresas con las que contratar, dijo que lo que desconocía. Ese mismo día declaró en la misma condición Rafael Pérez, el secretario de Estado de Seguridad y número dos de Grande-Marlaska. Su firma electrónica está sobre los contratos con la empresa, pero se desvinculó de la gestión. Contó que su papel se limitó a rubricar la situación de emergencia para poder operar y también dijo desconocer lo que se dijo en aquella reunión interministerial.

La UCO plasmó en sus informes las dudas que giran en torno a la operación que afecta al Ministerio del Interior. Llegaron más mascarillas de las que se contrataron y en los documentos no cuadran las fechas, hasta el punto de que los investigadores no descartan que se incumplieran los plazos estipulados para los contratos de emergencia. En algunos documentos ni siquiera coincide el precio a pagar por cada mascarilla. "En definitiva, deberían ser las personas implicadas las que clarifiquen de algún modo el desarrollo de los acontecimientos", concluyó la UCO.

"Miremos todas las compras, todas", insiste ahora en su reclamo el exministro Ábalos, cercado por la auditoría interna que encargó su sucesor Óscar Puente. "Hay compras muy exóticas por parte de todas las administraciones", apuntó.