El fin del mandato de Pumpido en 2026 pone en duda su control final sobre la amnistía

Que las deliberaciones y resoluciones de la veintena de cuestiones y de recursos presentados ante el Constitucional contra la ley de amnistía no serán rápidas y se alargarán varios años es un hecho. Que Cándido Conde-Pumpido acabará su mandato en enero de 2026, también. El TC acaba de iniciar el camino del estudio de la norma con plena consciencia de que los tiempos se alargarán. El reloj avanza en paralelo al tiempo máximo de mandato del actual presidente, que fue nombrado el 11 de enero de 2023 y cumple en esa fecha el plazo máximo, tres años. Al menos sobre el papel porque todo apunta a que alargará su estancia a los mandos del TC.

Diversas fuentes jurídicas consultadas coinciden en afirmar que es prácticamente imposible que el órgano resuelva antes de 2026 todos los asuntos que tiene sobre la mesa respecto a la ley. Una vez acabado el plazo, la norma se ha convertido en la más contestada de la historia. Se han presentado 16 recursos de inconstitucionalidad por parte del PP y las comunidades autónomas que gobierna, más el del Gobierno socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. Además, están registradas cuatro cuestiones de inconstitucionalidad, una del Supremo y tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los 20 asuntos se resolverán por separado.

A eso se suma que, a no mucho tardar, el TC comenzará a recibir recursos de amparo de los potenciales beneficiarios de la ley que no han visto cumplidas sus expectativas. Carles Puigdemont está a la cabeza de todos ellos. El Supremo consideró que el delito de malversación agravada que se le atribuye por el procés no puede amnistiarse porque la ley lo excluye. Ha iniciado ya la senda de los recursos en el propio TS y, cuando acabe, se dirigirá al Constitucional. Como él lo harán otros muchos —sin ir más lejos, Oriol Junqueras— en situación similar.

El primero de todos los asuntos será, sin embargo, la cuestión de inconstitucionalidad. Los amparos irán a la cola. Las cuentas entre los tiempos hipotéticos de resolución total y la permanencia del actual presidente no saldrían en ningún caso si el procedimiento se cumpliera de forma precisa y quedara cesado al fin del mandato. No será, no obstante, así. Lo más probable, pese a todo, es que haya retrasos considerables. Y es aquí donde entra en juego el Senado. El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, por la misma mayoría de tres quintos de sus miembros; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

El Senado, clave

Conde-Pumpido fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado el 10 de marzo de 2017. Por ello, su sustitución depende de la cámara alta en la que, ahora, el PP dispone de mayoría absoluta, con 145 senadores. Sin embargo, los tres quintos que se requieren no alcanzan a los populares para proceder a una renovación de su plaza de forma unilateral. Como ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos dependerán sin duda de una negociación con el PSOE. Una negociación imposible. Es evidente que el acuerdo se alargará.

Las populares tienen así muy cerca, pero a la vez muy lejos, la posibilidad de empujar en poco más de dos años una salida rápida del presidente. Conde-Pumpido se convirtió, casi desde su nombramiento, en uno de los enemigos íntimos del partido de Núñez Feijóo, que le atribuye un control férreo del grupo progresista del Constitucional, ahora mayoritario. Nadie en el PP duda de que, con Pumpido a los mandos, la ley de amnistía recibirá el aval del órgano de garantías constitucionales.

TE PUEDE INTERESAR

Pumpido reivindica la "independencia" del TC a las puertas del debate sobre la amnistía

Pablo Gabilondo

De momento, el PP ha tomado la vía de la recusación y trata de empujar una inhibición tanto del presidente como de la magistrada Laura Díez, que fue alto cargo del Gobierno del PSOE. La falta de relación directa con la ley objeto de estudio convierten el empeño en algo improbable. Fuentes jurídicas recuerdan que, también entre los conservadores hay magistrados recusables, como el recién llegado José María Macías. En su anterior responsabilidad como vocal, este último participó en el informe que el órgano elaboró sobre la norma.

Mientras todo esto pasa, Pumpido reclama "respeto". Hace solo unos días, aprovechó el acto de toma de posesión precisamente de Macías para defender la legitimidad del TC y pedir a los entornos político e institucional consideración respecto a sus decisiones. Que cada uno lo interprete como quiera.