El cerrojo legislativo de Armengol: medio centenar de leyes congeladas en el Congreso

"Vamos a avanzar con determinación, con o sin el concurso del poder legislativo, que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo". La famosa frase de Pedro Sánchez ante el Comité Federal del PSOE ha tenido un efecto devastador esta semana en el Congreso, donde el Gobierno ha vuelto a probar su enorme debilidad y ha desatado nuevas cábalas entre los socios y la oposición sobre el riesgo de que la legislatura colapse si no hay Presupuestos. Para los más fríos, sin embargo, Sánchez está ganando tiempo hasta que se resuelvan los congresos internos de Junts y ERC. Solo entonces tendrá una visión más nítida de su futuro inmediato.

La intención del líder socialista de agotar la legislatura, si es preciso de espaldas al Parlamento, es para el PP una prueba más del "desprecio" del presidente del Ejecutivo al resto de poderes del Estado. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, asegura que tiene en la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, una escudera perfecta y le acusa de obstruir los trabajos legislativos de los grupos para proteger a Sánchez. "Son ellos quienes restringen la posición constructiva de las Cortes", señalan en la dirección del grupo. "El perro del hortelano, ni legisla ni deja legislar".

Los populares denuncian que 16 proposiciones de ley que llevan su firma están enterradas en el "congelador de Armengol". De ellas, 12 proceden del Senado, donde gozan de mayoría absoluta y solo 4 han salvado el primer trámite de la toma en consideración por el Pleno del Congreso. El PP acusa a la presidenta de la Cámara de filibusterismo, es decir, hacer uso de la Mesa para bloquear sus proposiciones de ley.

Aunque mucho más elocuente es el ritmo de los proyectos de ley que el Gobierno envía a la Cámara Baja. La falta de apoyos ha propiciado que la Mesa haya ralentizado —o directamente paralizado— la tramitación de una veintena de leyes de Moncloa, que llegaron por urgencia, pero que languidecen por la prórroga infinita del plazo para presentar enmiendas o sin que se convoque la ponencia. Ambas son decisiones del órgano rector de la Cámara, donde manda el PSOE, que niega maniobras raras en beneficio del Gobierno. "Los trabajos parlamentarios discurren con normalidad", responden fuentes socialistas, que recuerdan que esta misma semana se han debatido en el Pleno dos proposiciones de ley, una del PP y otra de Vox, ambas rechazadas.

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Pero también los socios del PSOE se quejan de sufrir el letargo legislativo y reprochan al Gobierno que paralice sus iniciativas, incumpliendo sus compromisos de investidura que, en ocasiones, requieren de un desarrollo legislativo que, sin embargo, se frena. El ejemplo paradigmático en el caso del PNV es la ley de secretos oficiales, pendiente de impulso desde hace varias legislaturas. El presidente se comprometió con el portavoz vasco, Aitor Esteban, en el pleno de finales de julio sobre regeneración a darle el empujón definitivo, que acumula 16 prórrogas.

En el caso de Sumar desespera el retraso sobre la reforma del Código Penal para ampliar el derecho de la libre expresión (Ley Mordaza), que espera desde febrero aunque, según dijo Yolanda Díaz en julio, el PSOE la tramitará ya en el marco de los debates sobre regeneración democrática. La parte socialista del Gobierno, en cambio, niegan la mayor.

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La presente legislatura está siendo de mucha menor producción legislativa en las Cortes, por la minoría gubernamental y por los procesos electorales del primer semestre de 2024. Hasta ahora, las leyes fundamentales de Sánchez han sido: la amnistía —paralizada por el Tribunal Supremo—, la reforma del Poder Judicial —pactada con el PP—, la modificación del Reglamento de la Cámara para convertirla en plurilingüe, y un par de decretos importantes (fondos europeos, ómnibus, subsidio por desempleo), convalidados con enorme desgaste para el Gobierno.

Por el contrario, el PSOE ha tenido que retirar normas clave como la Ley del Suelo, la Ley contra la Prostitución y la reforma de la Ley de Extranjería. Además, vio cómo el Congreso tumbó su techo de gasto en julio, que le ha obligado a empezar de nuevo su tramitación en la Cámara, aún sin tener atado el apoyo de Junts. La negociación presupuestaria resulta a priori imposible, aunque en Moncloa insisten en que sus socios no tienen alicientes para derrocar al presidente, y que una vez más sus planes saldrán.

De las leyes impulsadas por el PP, la que más retraso acumula es la rebaja del IVA de las peluquerías (9 meses), y que el Ejecutivo quiso tumbar manifestando su disconformidad al entender que supondría un aumento del gasto del Estado. Pero el veto presupuestario de Moncloa fue ignorado por el Senado, que envió el texto al Congreso. Lo mismo ocurrió con la ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y otra norma sobre la valoración de la dependencia con el grado mínimo de discapacidad.

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Pero sin duda el caso más flagrante es la Ley ELA, que espera desde hace 6 meses (14 prórrogas en el plazo de enmiendas) a ser tramitada y ha visto cómo tanto el PSOE como Junts han registrado después sus propuestas alternativas para competir. Las otras tres leyes varadas antes de pasar a la ponencia son la ley de control del lobo (5 meses de retraso), la reforma de la ley de acción exterior (4 meses) y la ley de multirreincidencia que endurecerá el castigo por hurto y estafas (3 meses), a la que se sumaron Junts y el PSOE.

De los proyectos del Gobierno, sobresale la Ley de Familias, que acumula hasta 17 prórrogas en lo que va de año, pero también la Agencia Estatal de Salud Pública, la de Movilidad Sostenible... Otros 4 textos legales ya han superado sus plazos de presentación de enmiendas, pero estas no han podido ser debatidas, según el PP, "porque el PSOE de Armengol y Sánchez no ha permitido la constitución y reunión de las ponencias que deben tramitarlas". Esto ha ocurrido con las siguientes leyes: de medidas en respuesta a las crisis de Ucrania y Oriente próximo (procedente de RD-Ley) (2 meses para presentación de enmiendas, 6 meses sin constituir ponencia); de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (procedente de RD-Ley) (2 meses para presentación de enmiendas, 6 meses sin constituir ponencia); de reforma del Estatuto de los Trabajadores (2 meses para presentación de enmiendas, 6 meses sin constituir ponencia) y de desperdicios alimentarios (3 meses para presentación de enmiendas, 4 meses sin constituir ponencia).

En el "congelador de Armengol", se quejan los de Tellado, permanecen la ley para valorar la dependencia (7 meses de retraso), la ley contra la ocupación ilegal (6 meses), la reforma para ampliar la prisión permanente revisable (6 meses), la ley de bonificación al 50 % de las cuotas de Seguridad Social en Ceuta y Melilla (5 meses), la ley de protección de viviendas en el litoral (5 meses) o la ley de reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad (4 meses), esta última también compite con la del PSOE.

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Lo cierto es que desde que el Parlamento español está hiperfragmentado, con la irrupción de Podemos y Ciudadanos en 2015-2016, es recurrente la acusación de los grupos parlamentarios contra la Presidencia de la Cámara porque corta el flujo legislativo recurriendo a artimañas, como la ampliación infinita de las prórrogas de enmiendas, lo que según los expertos desnaturaliza el sistema de democracia parlamentaria. Por su parte, el Ejecutivo puede tumbar propuestas legislativas de la oposición emitiendo un informe que rechaza su tramitación por tener impacto en las cuentas públicas (el llamado "veto presupuestario").

En el PSOE recuerdan que la XII legislatura fue la más anómala, ya que después de la moción de censura contra Rajoy la Mesa presidida por Ana Pastor, con mayoría de PP y Cs, bloqueó de golpe las iniciativas del Ejecutivo de Sánchez. De hecho, el líder socialista recurrió ante el Tribunal Constitucional ese "abuso" que ahora les beneficia. El grupo socialista presentó una reforma del Reglamento para poner límite a las prórrogas de enmiendas, aunque ese buen propósito fue enterrado tras las elecciones de 2019.

Fuentes de la dirección del grupo popular indican que ahora mismo no están pidiendo ampliación de plazos de enmiendas de ningún proyecto de ley que lleve más de tres meses en el Congreso, de modo que si no se tramita es "porque a Moncloa no le viene bien". En la legislatura pasada, se pidieron más de 5.000 prórrogas de enmiendas, y el PSOE acaparó más de la mitad, según una extensa recopilación publicada por Demócrata.

En la legislatura pasada, se pidieron 5.000 prórrogas de enmiendas, y el PSOE acaparó más de la mitad, según esta extensa información de Demócrata.