La Fiscalía compra la tesis de Pedro Sánchez e insinúa que el juez Peinado busca dañarle

La Fiscalía se ha pronunciado por primera vez sobre la querella que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó contra el juez que investiga a su mujer y, en su escrito, deja ya bastante claro que ve indicios de prevaricación en la actuación de Juan Carlos Peinado. El Ministerio Público detalla distintos aspectos de la decisión del instructor del caso Begoña Gómez que, a su juicio, evidencian que buscó levantar sospechas contra el líder del Ejecutivo y obtener la máxima difusión pública de su comparecencia como testigo del procedimiento.

El escrito que firma Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, no deja dudas sobre su convicción de que la actuación del magistrado tiene visos de ser irregular. No se limita a asegurarlo, sino que desgrana los motivos que le llevan a pensarlo. Todo gira en torno a la citación de Sánchez como testigo en el procedimiento sobre las actividades profesionales de su esposa. Desde un inicio, la discrepancia estuvo en si el presidente debía declarar de forma presencial -como impuso el juez- o por escrito a consecuencia de su cargo.

Al igual que hace la Abogacía del Estado en su querella, la fiscal considera insuficientes los argumentos jurídicos con los que Peinado respaldó su decisión. En una providencia fechada el 19 de julio, el magistrado indicaba: "Comoquiera que de los documentos que obran en las precitadas diligencias, así como de las declaraciones testificales que se han llevado a cabo hasta el presente momento, y teniendo en consideración que uno de los tipos penales por el que se sigue la investigación, en concreto, el delito de tráfico de influencias, en la interpretación que del mismo se viene realizando por la doctrina y por la jurisprudencia, contempla la modalidad de 'tráfico de influencias en cadena', así como la necesidad de investigar la posible concurrencia del elemento normativo de la influencia, así como la posible relación de la persona investigada con una autoridad, se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

De este párrafo, Lastra extrae distintas conclusiones. Para empezar, señala la referencia que realiza el magistrado al tráfico de influencias en cadena y su alusión a la "influencia" de la que pudo beneficiarse Gómez por el hecho de estar casada con una autoridad. La decisión puede -dice- calificarse como "arbitraria o injusta", ya que Peinado tira la piedra, pero esconde la mano, es decir, no aporta nada que sustente sus afirmaciones más allá de su propia voluntad.

TE PUEDE INTERESAR

Incendio en la Abogacía del Estado por el nuevo escrito de Sánchez contra el juez Peinado: "Es indecente"

Beatriz Parera

La tesis de la fiscal es que el juez señala, sin necesidad y con intención, a Sánchez. La providencia del magistrado se refiere de forma expresa al tráfico de influencias en cadena y describe con ello la actividad de un particular (en este caso Gómez) que ha podido influir "en un funcionario público o autoridad" (Sánchez) prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico".

Con esta explicación, el juez deslizaba la visión de que el presidente del Gobierno era esa autoridad influenciada y, con ello, la posibilidad de que haya cometido un delito, critica el escrito. Esta redacción levantó ya en su día temores en la Moncloa, donde se sospechaba que el juez se preparaba para reclamar una imputación del jefe del Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

El juez Peinado ignora a Sánchez pese a la amenaza de la querella por prevaricación

Beatriz Parera

Al igual que argumentó en su día la Abogacía del Estado en su querella, Lastra también aprecia indicios de que Peinado buscó de forma artificial vías para dejar lo más expuesto posible a Sánchez. Para empezar, desliza que en la modalidad de comparecencia elegida optó por la que podía dejar en peor lugar "a la institución que representa" el presidente del Gobierno. Para hacerlo, el magistrado debió concretar que sus preguntas no estarían relacionadas con asuntos sobre los que Sánchez tuvo conocimiento en razón de su cargo, sino que conoció como marido. Optó por acudir a la Moncloa y no permitir respuestas escritas.

En una segunda fase, la fiscal también ve intención. Después de que Peinado decidiera que la comparecencia sería presencial -dice el escrito- el magistrado tomó distintos que no le parecen razonables. Decidió sin mediar consulta, día y hora para su "visita" (la fiscal entrecomilla la palabra con intención). No hubo previo aviso como indica la ley. También descartó la posibilidad de cambiar el desplazamiento hasta las dependencias de la presidencia del Gobierno por una videoconferencia que, al realizarse desde el complejo presidencial, no presentaba problemas de seguridad.

Lastra destaca, además, la decisión de abrir la diligencia a la presencia de las acusaciones. Fue la abogada de Vox la que finalmente estuvo presente en representación de todas las acusaciones populares. También señala la decisión del juez de enviar a la policía y los servicios informáticos para que se instalaran dispositivos de grabación. Cada uno de estos pasos confirma que volvió de nuevo a escoger "la modalidad de declaración que mayor difusión" daba al acto.

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Sánchez calla y se niega a declarar ante el juez Peinado sobre su mujer Begoña Gómez

Beatriz Parera Andrea Farnós

La fiscal, que señala también errores en los artículos citados por el juez en su providencia, no ve tampoco sentido a la elección del magistrado de remitir al presidente una citación en la que se le apercibía de la posibilidad de multas, detención y puesta a disposición judicial, lo que atenta contra el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se prevén otras consecuencias si se diera "resistencia" en la declaración de autoridades.

Abrir causa

La Fiscalía también respalda la ampliación de la querella que presentó hace unas semanas la Abogacía del Estado, en este caso, después de que el juez rechazara la posibilidad de que las acusaciones no accedan a la grabación. Para argumentarlo, sostuvo que del "silencio" de Sánchez se pueden extraer "conclusiones". Los servicios jurídicos estatales consideraban que "lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales".

Para la fiscal, estos argumentos vienen a reforzar la necesidad de "iniciar una investigación", es decir, abrir causa contra el juez, por la sospecha de que persigue fines "ajenos al procedimiento". Pone de manifiesto que el posible perjuicio de los hechos que desgrana no afectan solo a Pedro Sánchez, sino a la institución que representa de forma "autónoma" y a la Administración de Justicia que recibiría un evidente daño.

TE PUEDE INTERESAR

Moncloa pasa al ataque y se querella contra el juez para desactivar la imputación de Sánchez

Beatriz Parera

La decisión final está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A la querella de Sánchez se sumó una segunda de su esposa, imputada por el magistrado. En caso de admitirse a trámite, Gómez podría, como parte del procedimiento, reclamar que Peinado fuera apartado.