El Ejecutivo reconoce los primeros efectos de no tener presupuestos: 600 millones menos para Dependencia

España se adentra en el último tramo del año sin presupuestos generales aprobados. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reconocido hoy los primeros efectos de un Estado con las partidas presupuestarias prorrogadas: 600 millones menos para Dependencia. Con la campaña electoral catalana como telón de fondo, el pasado mes de marzo el Gobierno decidió bloquear la negociación de las cuentas públicas ante la dificultad de conseguir los apoyos de Junts y ERC y prorrogar los de 2023.

En una comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad en el Senado, Bustinduy ha sido claro: "Sin los PGE no hay posibilidad de cumplir". El ministro, quien ha reconocido la pérdida de 600 millones para la Dependencia, asume que no pactar presupuestos son "lógicas, intereses y estrategias de cada grupo" y que "son legítimas", pero asevera que "tienen consecuencias" como la pérdida millonaria para esta área de Derechos Sociales.

Bustinduy se ha dirigido a los grupos como responsables de que no se aprobasen entonces los PGE. El grupo popular no ha tardado en reaccionar. La portavoz de los de Feijóo en el Senado, Alicia García, a través de la red social X, ha negado que la culpa sea de la oposición y dirige su mirada al líder del Ejecutivo: "Fue Sánchez quien se negó a presentar los presupuestos para 2024 por cálculo electoral". Además, García afirma que esto es "gobernar sin el parlamento" para "permanecer en Moncloa y que lo paguen los españoles".

Las pérdidas económicas para los servicios públicos no son las únicas consecuencias de no aprobar los presupuestos. La Autoridad Fiscal alertó hace meses de que las prórrogas son una forma de gobernar mucho más opaca, ya que el Ejecutivo no está obligado a desglosar el destino de las ampliaciones de crédito que se hacen sobre las cantidades prorrogadas y, además, estas tampoco tienen que ser aprobadas por las Cortes.