La Fiscalía apoya la admisión a trámite de la querella de Sánchez contra el juez Peinado

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha apoyado en un escrito presentado este miércoles la admisión a trámite de la querella por prevaricación presentada por el presidente del Gobierno contra el juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. El Ministerio Público también pide que se incorpore la ampliación que presentó más tarde la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez. Asegura que, en este punto, "la descripción de los hechos tiene encaje en el tipo penal que se invoca".

La fiscal Almudena Lastra indica en su escrito que no se puede descartar a priori "que los hechos revistan naturaleza penal". La querella se presentó el pasado julio y, en ella, el presidente discute la forma en la que el magistrado que investiga las actividades profesionales de su mujer organizó su citación como testigo. Considera que incurrió en irregularidades por "aplicación incorrecta de la ley" y que abusó, para ello, de sus funciones.

Para Sánchez, el instructor debió citarle como presidente del Gobierno y no como marido de Begoña Gómez y permitirle, por ello, declarar por escrito. Para Sánchez, el juez Peinado omitió "de manera consciente y deliberada las garantías procesales propias de la declaración de un presidente del Gobierno". También que obvió su condición de presidente para fijar su declaración como testigo, que quedó definida como una declaración testifical en calidad de marido. Ve en esta acción una prevaricación dolosa, ya que la citación "no puede ser imputada a la falibilidad humana, sino al abuso de las funciones del juez".

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La Fiscalía no se pronuncia, de momento, sobre si se cometió o no el delito, pero sí ve motivos para que la querella no se rechace de plano. Apunta a que, al menos, hay indicios de que la argumentación que ofreció el juez para justificar su decisión de citar a Sánchez en Moncloa y acudir para interrogarle de forma presencial estuvo falta de argumentación jurídica suficiente. La diligencia quedó fijada a través de una providencia en la que -dice el fiscal- se hacía referencia a dos artículos "inexistentes" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El escrito asegura que el magistrado no concretó en esa providencia "no motivó la utilidad" del testimonio para la instrucción y se limitó a hacer referencia a un delito de tráfico de influencias en cadena. Con ello -agrega- levantó sospechas sobre el propio Sánchez que, además de marido de la imputada, "es una autoridad". "En ningún momento se motiva jurídicamente, en definitiva, la conveniencia y utilidad de la diligencia, ni por qué, de las dos modalidades, optó por la que expone más a la institución que representa la persona llamada a declarar".

Críticas al magistrado

La Fiscalía censura el modo de actuar del magistrado que, de hecho, recurrió en su día. Dice que decidió el momento de la visita al despacho oficial de Sánchez en Moncloa sin previo aviso y que, además, ordenó a la policía y los servicios informáticos Madrid Digital que instalan dispositivos de grabación. "Una vez más escogió la modalidad de declaración que mayor difusión daba", añade.

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El escrito respalda así la necesidad de "iniciar una investigación a fin de determinar su las resoluciones marcadas pueden enmarcarse en una interpretación de la ley basada en cánones admitidos o, por el contrario, persiguen una finalidad ajena al proceso". Añade que no estamos ante "una simple discrepancia jurídica" que pueda resolverse a través de un recurso.

"En este caso, amén del perjuicio que pudiera irrogarse a la Administración de Justicia en el caso de que se acreditara que se ha adoptado deliberadamente por el magistrado una resolución injusta (...) el perjuicio a la institución sería autónomo", agrega.