Ábalos asegura que el correo de Jesica es "fake" y que lo redactó él: "Fue una trampa"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que el correo electrónico en el que se hace referencia a que una mujer llamada Jesica supuestamente le reclamó 39.300 euros por acompañarle a diversos viajes y eventos es "fake" y que él mismo lo redactó. "Es que lo hice yo", ha afirmado durante una entrevista concedida a Onda Cero. "Fue una trampa que luego, pues, mira, cosas de la vida, algún inescrupuloso y alguna desesperación, pues ha hecho llevar a eso...".

El correo, desvelado por The Objective, está fechado el 18 de julio de 2019 y contiene un listado con nombres de ciudades y otros conceptos junto a distintas cifras. Ábalos ha confirmado que tuvo una "relación" con Jesica, "pero como las que tienen normalmente todas las personas, no de otro modo". También que él le pagaba los viajes y alojamientos a su "cargo", pero nunca con dinero "público".

Minutos después, el exministro ha negado que el mensaje en cuestión hiciera referencia a reclamación alguna: "No es un correo de que esta persona me reclame a mí nada ni me diga nada. Es mentira. Es que es mentira". "Yo soy el creador", ha defendido. "Soy yo el que dejó el ordenador encendido con eso en la pantalla".

Ante la sorpresa del periodista Carlos Alsina por estas explicaciones, Ábalos ha insistido en la misma idea: "Quería pillar a ver... Lo que nunca pensé es que eso luego se iba a utilizar así". Y ante la pregunta de a quién quería "pillar", ha evitado aclararlo: "Es una cuestión de mi vida privada, no tengo por qué... Ya se enmaraña mucho y es muy larga y tiene que ver justamente con esa situación, en la que yo tenía una situación personal complicada, como a algunos nos pasa en nuestras vidas de pareja, y que yo, realmente, cuando tú tienes un ámbito público, esto es muy complicado de resolver... Por eso, de hecho, cuando yo ya dejé de ser ministro es cuando se produce mi divorcio".

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Más allá de sus explicaciones respecto a este correo, Ábalos ha cargado contra la auditoría que ha realizado el Ministerio de Transportes sobre las compras de material sanitario que se investigan en el conocido como caso Koldo. "Habiendo una investigación penal, abrir otra investigación interna puede contaminar la primera", ha criticado. "Hay algo que me llama mucho la atención: ¿Cómo un informe de la Administración puede poner en entredicho al informe del Tribunal de Cuentas?".

Ábalos ya movió ficha la pasada semana y solicitó acceder a la causa en calidad de "perjudicado", para lo que ha aportado al juez una pericial en la que rebate la auditoría realizada por el ministerio. Como informó El Confidencial el pasado 31 de agosto, el cerco en torno a él se está estrechando, así que el exministro ha decidido pasar al ataque. "La gente da por hecho que estoy investigado y me quieren imputar", ha afirmado este lunes durante la entrevista concedida a Onda Cero.

Interrogatorios a sus altos cargos

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, arranca esta misma semana una ronda de interrogatorios que amenazan a Ábalos. El juez considera que aún no existen indicios suficientes para enviar la causa al Tribunal Supremo e imputar al exministro, pero esa situación podría cambiar en los próximos días con las comparecencias de dos de sus antiguos altos cargos como investigados y otros tres como testigos, además de la del exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. Tras la mencioanada auditoría de Transportes que responsabiliza a Ábalos de las compras a la trama, queda por ver si estas declaraciones terminan por inculparle.

El ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, en principio iba a comparecer el mismo martes, pero finalmente la cita se ha pospuesto al miércoles. Él fue el primer alto cargo al que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, cesó el pasado marzo por "pérdida de confianza". La Fiscalía Anticorrupción destaca que "tenía una estrecha relación con Koldo García Izaguirre, evidenciada no solo por las intervenciones telefónicas y los seguimientos policiales, sino también por los correos remitidos entre ambos".

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Entre los correos intervenidos por los investigadores, destacan los desvelados por El Confidencial la pasada semana, en los que Sánchez Manzanares avisaba sobre la propuesta de una empresa para venderles mascarillas más baratas que las que estaba ofreciendo la trama. "Os podéis agarrar al asiento. Acaba de entrar esto", escribió a algunos de sus subordinados el 23 de marzo de 2020. "Nos ofrecen 8 millones, a 1,35 euros, plazo de entrega 7 días. Ya me dices", informó a su vez a Koldo García a través de otro mensaje. Los investigados les estaban ofreciendo la misma cantidad de mascarillas por 2,5 euros, casi el doble, pero no frenaron la operación.

Anticorrupción destaca además que Sánchez Manzanares no solo avisó a otros miembros de Transportes, sino también al intermediario entre la trama y el ministerio, Víctor de Aldama. El mensaje lo calificó como de "importancia alta", pero no pidió ninguna explicación por la diferencia de precio. "Solo para tu información Víctor. Ánimo". La auditoría del ministerio apunta a que Sánchez Manzanares trató de justificar este mensaje diciendo que consideraba Aldama "más parte del ministerio que de la empresa [de la trama]".

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Un mismo día que el ex secretario general de Puertos, tendrá que comparecer como imputado el exdirector general de Gestión de Personas de ADIF, Michaux Miranda Paniagua. Esta entidad pública también realizó otra adjudicación de 12,5 millones por la compra de mascarillas a la trama, y los mensajes señalan a Miranda como principal responsable de las gestiones. "Asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por ADIF y la contratación pudiera llevarse a término", advierte la Fiscalía.

Anticorrupción destaca además que, en el caso de Adif, hubo un momento en el que el equipo de trabajo pareció "mostrarse contrario a la contratación". Esa misma idea se refleja en la auditoría de Transportes, que entrevistó al director general financiero y de control de la entidad y se mostró tajante al respecto: "Vi que Soluciones [la empresa investigada] tenía un entramado que me ponía los pelos de punta. Vi el contrato de Angola, no me gustó un pelo, era una empresa de chicha y nabo", aseguró.

El expresidente de la entidad señalo por su parte que era Sánchez Manzanares el encargado de mantener "la interlocución directa"

La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, explicó por su parte a la Guardia Civil que era la dirección general de Personas que dirigía Michaux Miranda "la que se encargaba de gestionar esta adjudicación". En su caso concreto, "manifestó no haber recibido órdenes para la adjudicación", pero sí "haber recibido presión por parte del Ministerio de Transportes para que dicha adjudicación se realizara con la mayor premura posible, y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida posible".

Al comparecer como imputados, Sánchez Manzanares y Miranda pueden acogerse a su derecho a no declarar y tampoco están obligados a decir la verdad, pero la situación cambia con Hidalgo, que comparecerá el jueves como testigo y, por tanto, con obligación de responder a todas las partes y sin poder mentir. El magistrado rechazó en un primer momento su citación, pero la Sala de lo Penal concluyó que "la diligencia solicitada es útil y pertinente para el conocimiento exacto" del modo en que su compañía transportó hasta España el material sanitario adquirido a la trama. Según los magistrados, resulta necesario "el esclarecimiento del pago por tales servicios, incluidas las comisiones, y a quien se pagaron las mismas".

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Esta primera ronda de declaraciones finalizará el viernes con tres testigos que eran altos cargos de Puertos del Estado cuando se cerraron las compras: el presidente de la entidad hasta diciembre de 2021, Francisco Toledo Lobo; la jefa del área de contratación y gerencia de riesgos, Aránzazu de Miguel Peña, y la jefa de contratación adscrita a la secretaría general, María Belén Caballero Martínez.

En sede policial, los tres explicaron que fue Sánchez Manzanares quien "les dio como hecho" que la empresa de la trama era la "adjudicataria" y que "era quien tenía la comunicación directa con el ministerio vía Koldo García". De Miguel Peña aseguró a su vez que fue el ex secretario general de Puertos "quien le preguntó sobre el procedimiento para hacer una contratación de emergencia, si bien le informó que ya habían contactado" con la mencionada empresa. El expresidente de la entidad señaló por su parte que era Sánchez Manzanares el encargado en todo momento de mantener "la interlocución directa" con el Ministerio de Transportes para la adjudicación.