La presidenta del CGPJ marca distancias con Moncloa con el discurso más duro que se recuerda

Corto, directo y al pie. El discurso de la progresista Isabel Perelló, nueva presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no dejó este jueves indiferente a ninguno de los presentes en el Palacio de las Salesas, sede del alto tribunal, durante la apertura del año judicial. En poco más de 15 minutos, la magistrada se encargó de marcar distancias con el Ejecutivo y de reprochar —en presencia de Félix Bolaños— todos los agravios que han ido acumulando los jueces en el último año. "Tenía que decirlo", se sinceraba durante el cóctel que se celebra al acabar el acto.

Sus palabras, de las más duras que se recuerdan, reflejaron el hartazgo por las insinuaciones de lawfare, por los insultos a magistrados, por los intentos de socavar la separación de poderes desde la amnistía hasta el caso Begoña Gómez. No dejó ningún charco por pisar y se llevó de calle a buena parte del auditorio, compuesto en su mayoría por jueces, fiscales y otros operadores de la Justicia. Reivindicó la independencia y avisó que hará gala de ella en su nueva responsabilidad. De paso, despejó en dos patadas cualquier duda que pudiera quedar sobre si su elección es o no del agrado del Gobierno.

No hubo que leer entre líneas. Fue evidente que el discurso, que acabó de redactar de madrugada y aún retocaba momentos antes de que arrancara la ceremonia, llevaba un sello muy personal. Evitó las insinuaciones y las metáforas para dirigirse de forma directa a "las fuerzas políticas y a los poderes del Estado". Exigió que se respete el trabajo que los jueces y magistrados realizan. "Este llamamiento no significa que debamos ser inmunes a la crítica, que, precisamente, nos ayuda a mejorar; pero sí apela a la necesidad de evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o de sus integrantes", lanzó.

Perelló verbalizó que, cuando se trata del poder ejecutivo y el poder judicial, la mejor fórmula es la distancia y el respeto, y la peor la injerencia. Ante tentaciones como las de, pongamos como ejemplo, indicar al Supremo la forma correcta de interpretar la ley de amnistía o a un juez la forma adecuada de citar como testigo a un presidente del Gobierno, defendió que "ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones" a los tribunales. De paso, recordaba que nadie, sea quien sea y ocupe el puesto que ocupe "está por encima de la ley".

La sensación general era de satisfacción por el final de la anomalía institucional que representaba el CGPJ. También hubo mensajes para los retos que aborda este. Una de las principales preocupaciones de la judicatura está ahora en la forma en la que se aborden los nombramientos acumulados en la última etapa y en la tentación de los partidos de colonizar el Supremo, donde están pendientes las presidencias de la práctica totalidad de las Salas. Las designaciones serán básicas para marcar la composición de la Sala del 61 y la Sala de Gobierno, el corazón del alto tribunal.

Perelló reconoció que los últimos años han sido muy difíciles y que el Supremo aún se tambalea "por el impacto de un pasado reciente que ha sido muy negativo para la Justicia". Otro mensaje para los políticos, dado que la situación se debe a la combinación de atraso de cinco años en la renovación del órgano de gobierno de los jueces y en la reforma que le impidió nombrar cuando se encuentre en funciones.

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Ahora que ella toma las riendas del CGPJ, prometió hacer todo lo posible para revertir esta situación y dijo que las vacantes existentes se cubrirán "con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad". De nuevo, clara y directa: "Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales". Y sin olvidar que es la primera jueza que ocupa la presidencia: "Hoy tiene que ser un día de reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por la defensa del derecho a la igualdad".

El discurso de Perelló apenas ocupó cuatro páginas. El del fiscal general del Estado, 33. Álvaro García Ortiz fue el primero en tomar la palabra durante el acto y las diferencias no se limitaron a la duración de sus intervenciones, sino también al fondo, aunque en su caso sí hubo que leer entre líneas. Sin citar de forma directa el caso Begoña que la Fiscalía lleva meses pidiendo archivar, García Ortiz remarcó la necesidad limitar el papel que asociaciones y partidos políticos juegan como acusaciones populares: "No solo repercute en la calidad de la justicia, en sus prioridades, también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios".

En plena cuenta atrás para su posible imputación en el Supremo, García Ortiz respondió a su vez con una defensa cerrada de la "información veraz" frente "la mentira y el infundio", y con un contundente mensaje de que "el sistema resiste". Mientras el novio de Isabel Díaz Ayuso apunta a un posible delito de revelación de secretos por la nota de prensa que el propio fiscal general se encargó de difundir, él insiste en la necesidad de que los ciudadanos cuenten con "fuentes fiables".

"Reivindico el mandato constitucional de autonomía respecto del Poder Judicial", proclamó García Ortiz ante los mismos magistrados de los que depende su posible imputación. "Reivindico que la Fiscalía española en su conjunto, que los y las fiscales no se limiten a seguir o asumir el criterio de los tribunales, sino que lo enriquezcan son sus aportaciones, que contribuyan al avance del derecho".