Los jueces esperan que su nueva presidenta defienda ante el Gobierno su independencia

La primera de las anomalías que amenazaban con presidir este jueves el acto anual de apertura del año judicial ha desaparecido. Isabel Perelló ya es presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y se estrenará, a pocas horas de su designación, en una ceremonia institucional donde todos los ojos se posarán en ella y en sus primeras palabras. La judicatura espera un llamamiento a la unidad y una cerrada defensa de su independencia. El mensaje se pronunciará en un momento de especial tensión, después de la escalada de insultos cada vez más virulentos por parte de Junts y ERC al TS y cuando las críticas desde el Gobierno a los jueces han comenzado a convertirse en algo habitual.

Perelló ha tenido muy poco tiempo para prepararse para este acontecimiento que reúne cada curso a lo más granado de la Justicia y la política y que preside el rey. A principios de esta semana era toda una desconocida. Una magistrada con más de una década a sus espaldas en el Supremo. Ahora asume una tarea que ningún otro Consejo ha abordado. El CGPJ que dirige tendrá que abordar el nombramiento de más de un centenar de cargos judiciales y, para ello, necesitará de un consenso que se logró en su caso y que aspira a reproducir en este cometido.

Aquellos que la conocen la califican como una persona discreta, dialogante y "profundamente comprometida con la defensa del constitucionalismo y la separación de poderes". Lleva sobre sus hombros la responsabilidad de poner cara institucional a un órgano que se encuentra en uno de sus peores momentos. Que sale de un largo deterioro tejido a lo largo de casi diez años de funcionamiento, la mitad de ellos en funciones. Un Consejo que se identifica con el partidismo y la politización de la Justicia.

Por eso mismo, la forma en la que se aborden los nombramientos será fundamental. Según aseguran fuentes cercanas al Consejo, una de las primeras tareas será la de establecer reglas para medir el mérito y la capacidad de los aspirantes. En cada de uno de los pasos, será necesario volver a lograr consensos como el que tanto ha costado alcanzar en el caso de la presidencia. "Que las cosas tarden es buen síntoma. Supone que es obligatorio dialogar para lograr acercamientos", asegura un vocal consultado.

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Si bien la falta de presidente se ha resuelto casi en el tiempo de descuento, hay otras anomalías que sobrevolarán también en acto y que no han desaparecido. Junto a Perelló se sentará el fiscal general del Estado y lo hará cuando está pendiente la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo sobre la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de que se le investigue por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El alto tribunal aún no se ha pronunciado, pero todo apunta a que habrá, al menos, una admisión a trámite y una citación como imputado para aclarar los hechos. El TSJ ya apunta que solo con una declaración que tendría que ser necesariamente como investigado, se lograría avanzar en la instrucción. El procedimiento parte de la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado de González Amador en una investigación paralela que se sigue contra él por fraude fiscal. La Fiscalía consideró que la difusión de este comunicado resultaba necesaria para desmentir "informaciones falaces" que se habían publicado previamente, pero el TSJM rechazó sus argumentos.

La anomalía mayor, el elefante en la habitación, será la escalada de la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial. El último episodio que implica al Supremo lo protagonizó Óscar Puente, que acusó al tribunal de "extralimitarse" en su interpretación de la ley de amnistía en el caso de Carles Puigdemont. El pulso por la norma no ha acabado y aún están pendientes los recursos presentados contra esta decisión y la valoración futura que realice el Supremo. Nadie olvida, además, que el presidente del Gobierno, por primera vez en la historia, se ha querellado por prevaricación contra un juez, el instructor del caso contra su mujer, Juan Carlos Peinado.