Génova registra en el TC su recurso contra la ley de amnistía: "Es una obligación moral"

El PP ha formalizado este jueves el registro del anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía. Feijóo dio orden de apurar los plazos —finaliza el 11 de septiembre— para acudir al órgano de garantías y dotar con ello de mayor consistencia a su armazón jurídico contra la medida de gracia. La dirección de Génova, a través de su Grupo Parlamentario, ha acompañado el recurso de una petición de recusación contra tres magistrados del TC para garantizar su "imparcialidad". Además de Juan Carlos Campo y de Laura Díez, el PP pretende que se inhiba el propio presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido.

Génova ha dado el primer paso en la ofensiva jurídica contra la amnistía, pero en los próximos días todos los presidentes autonómicos del PP registrarán sus propios recursos contra la ley de amnistía por vulnerar el "principio de igualdad" en el resto de comunidades autónomas. Pese a la declarada desconfianza en en Tribunal Constitucional, el PP defiende que esta batalla es una "necesidad" y una "obligación moral" para intentar frenar "todas las infracciones y vulneraciones de nuestra Carta Magna" en la que incurre la normativa.

La ponencia del recurso le ha correspondido al magistrado conservador José María Macías, y el órgano tiene la intención de llevar este recurso para su admisión a trámite en el próximo pleno del 24 de septiembre.

"Esta ley se basa sólo en una premisa, que es otorgar impunidad a una casta política a cambio de apoyo parlamentario para que Sánchez fuera investido", resumía la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que incidía en la "clara inconstitucionalidad" de una norma que "destruye el principio de igualdad de los españoles ante la ley". Menciona concretamente la vulneración del artículo 17 y 25 de la Constitución, al tratarse de una ley penal singular; o del artículo 62, que prohíbe la concesión de indultos generales.

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EFE

El PP quería esperar a que los tribunales se posicionasen tras la aprobación formal de la norma, que se publicó en el BOE el pasado mes de junio, para que sus recursos de inconstitucionalidad no quedasen cojos. Y se aferran también a la resolución del Tribunal Supremo, que declaró no amnistiado el delito de malversación y que activó los trámites para llevar también al norma ante el Tribunal Constitucional. La admisión a trámite de dicha cuestión de inconstitucionalidad se abordará en un pleno el próximo 10 de septiembre, junto a otros asuntos del orden del día.

Los populares han maniobrado tras ratificarse a Isabel Perelló al frente del Supremo, nombramiento del que aseguran estar satisfechos, y han anunciado el registro formal de su denuncia sólo unos minutos antes de la tradicional apertura del año judicial, a la que acude el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

El magistrado del TC y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha avanzado que se abstendrá en la deliberación de los recursos contra la amnistía. Pero el PP quiere extender esa abstención a Laura Díez, exalto cargo en la Moncloa; y al presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, al que acusan de estar en "conexión directa con el Gobierno".