El PP frenará la regularización de 500.000 inmigrantes si el PSOE no acepta estudiar "caso a caso"

No es el momento más oportuno para abordar el debate sobre la regularización de medio millón de inmigrantes irregulares. No lo es para el PSOE, ni tampoco para el PP. Ambos están inmersos en un cruce paralelo de contactos y reproches por la ingente crisis migratoria y el problema del colapso en Canarias y Ceuta, que reclaman mecanismos para reubicar a miles de menores migrantes no acompañados. Y en este contexto los dos grandes partidos han defendido, con mayor o menor contundencia, el "imprescindible" retorno de ilegales a sus países de origen.

Quizá por ese motivo, la Mesa del Congreso ha decidido ampliar una semana más —y ya van nueve— el plazo de presentación de enmiendas a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se admitió a trámite el pasado mes de abril, y que lleva congelada desde entonces. El PSOE, que preside el órgano de gobierno del Congreso, justificó la decisión en la necesidad de contar con algo más de "tiempo" para "estudiar bien la propuesta" y no obrar sólo por "buenismo".

El PP tampoco presiona para acelerar un trámite incómodo en un momento en que el partido ha endurecido su discurso migratorio, hasta el punto de defender "deportaciones" de irregulares y controles férreos para frenar la llegada de cayucos. Se da la circunstancia que el pasado 9 de abril, Feijóo sorprendió votando a favor de la admisión a trámite de una iniciativa que persigue precisamente otorgar papeles de forma masiva a decenas de miles de ilegales que se encuentran en España. El equilibrio entre una y otra posición está en la enmienda al texto que el Grupo Popular ultima en el Congreso. Si el Gobierno no la admite, advierten, el PP se pasará al bloque del 'no' junto a Vox.

Los populares quieren vincular esa regularización a una serie de requisitos para que se revise "caso por caso" y no se acometa de forma "masiva", sino "individualizada". En el texto de su enmienda, el PP establecerá también como condición que la formalización de los papeles se tenga en cuenta sólo en los casos de ilegales "vinculados al mercado de trabajo" o que acrediten "interés" en conseguir un empleo.

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Los populares propondrán también revisar expediente por expediente, para que ninguno de los posibles beneficiados tengan "procedimientos legales en curso" o hayan cometido delitos. "No puede ser una legalización automática de los que lleven unos años en España. Tiene que haber más criterios y condiciones", refrendan fuentes parlamentarias.

El texto original de la iniciativa, que cuenta con el respaldo de ONG y más de 700.000 firmantes, establece que podrían solicitar esta regularización extraordinaria todos aquellos migrantes que estén viviendo en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Y no es una figura nueva en España. Zapatero, Aznar y González llevaron a cabo sendas regularizaciones masivas durante sus mandatos. Pero el clima político actual no ayuda precisamente a desatascar la propuesta.

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"Esta iniciativa no puede significar papeles para todos", defendió Feijóo el pasado lunes. Durante su primera entrevista para arrancar el nuevo curso político, el líder del PP reiteró su compromiso con la "migración regular", pero reiteró su rechazo a "aceptar de forma normal" el acceso a España de ilegales, discurso que amparó en la normativa europea sobre migración. Inicialmente, el PP se había mostrado en contra de admitir siquiera a trámite la mencionada ILP, pero dio un giro en su postura por la implicación de Cáritas en la iniciativa.

Las condiciones del PP fuerzan al PSOE a abrirse a una negociación que podría dilatarse por el clima de alta tensión en el debate migratorio. Los socialistas apuestan por dilatar el trámite, aunque la presión de socios como Sumar, ERC o Podemos podrían forzar al PSOE a moverse. Sin el respaldo del PP, el Gobierno necesitaría los votos de Junts, un hueso también duro en cuestiones migratorias. Los neoconvergentes también votaron a favor de la toma en consideración de la regularización de migrantes, pero con la vista puesta en hacer las "aportaciones" oportunas con sus enmiendas y en recordar al Ejecutivo su compromiso con la transferencia de las competencias migratorias a la Generalitat.