Incendio en la Abogacía del Estado por el nuevo escrito de Sánchez contra el juez Peinado: "Es indecente"

Las aguas de la Abogacía del Estado bajan revueltas. La última ampliación de la querella presentada en nombre de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado ha acabado de desbordar un malestar que ya venía gestándose desde que se conoció la acción inicial del presidente del Gobierno contra el magistrado que investiga los negocios de su mujer. Las nuevas acusaciones han sentado muy mal a algunos y han agravado la sensación de que, desde Moncloa, se está haciendo un uso indebido de los servicios jurídicos estatales. "Es indecente", asegura una de las fuentes consultadas.

La decisión del abogado del Estado de ampliar su querella se basó en una diligencia de trámite del juez Peinado en la que, en resumen, no aceptaba la solicitud de la Fiscalía de mantener reservada la grabación de la declaración de Sánchez. En esas pocas líneas, el juez destacaba que su silencio es también interpretable. Lo señalaba como argumento para explicar que no cabían en este caso excepciones a la norma del acceso de las partes, también las acusaciones.

Esta tesis ha provocado la presentación de unas "alegaciones complementarias" por parte de la Abogacía. En el nuevo escrito, al que ha accedido El Confidencial, se pone el acento en la importancia que concede el magistrado al silencio del presidente del Gobierno ante sus preguntas. La providencia indicaba que "permite dar lugar a la formación de inferencias que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a concusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes de posibles indicios".

Para el abogado, esta conclusión demuestra una "finalidad ajena al procedimiento en concreto". Reprocha también el fondo de la decisión en la que se accede a la entrega a las partes de copias de la comparecencia. No es aceptable -destaca- que esta notificación se haga "sin adoptar ningún tipo de elemento de identificación o de seguridad que impida o dificulte las filtraciones que se están produciendo". La alusión a las "inferencias" que se pueden extraer del silencio de Sánchez "carece de amparo jurisprudencial y que vendría a acreditar lo “injusto” de la resolución prevaricadora en su día dictada, en cuanto confirmaría que fue adoptada por intereses ajenos a la función jurisdiccional que le correspondían", insiste.

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Algunas de las fuentes consultadas no dudan en calificar esta ampliación como "una torpeza". Precisan que el recorrido de la querella inicial era ya cuestionable dado que es "imposible prevaricar" cuando se define la forma en la que se debe practicar la prueba, en este caso una declaración. La segunda parte ahonda en la misma idea. Si las referencias del juez a la elección de Sánchez de callar no se comparten, "se puede poner de manifiesto a través de los recursos, pero no a través de una querella".

Pese a todo, otras de las citadas fuentes admiten que la forma de instruir del juez y sus decisiones, muchas de ellas polémicas, han contenido el malestar inicial. La ampliación ha sido como un empujón. Otro miembro de la Abogacía asegura que tanto la querella como su ampliación parecen "sobreactuadas" y dejan entrever el temor final de que, por guardar silencio, el instructor del caso Begoña Gómez decida reclamar al Supremo que investigue al presidente. Moncloa no oculta desde hace semanas que espera algún movimiento contra Sánchez y, en su nuevo escrito, aún deja su temor más en evidencia que en el anterior.

"Ataque preventivo"

Hay quien dice que lo que se presentó a finales de la semana pasada es en realidad "un ataque preventivo" destinado a protegerse ante la posible publicación del vídeo de la comparecencia de Sánchez. En su escrito, firmado el 29 de agosto por la abogada Zaida Isabel Fernández Toro, los servicios jurídicos destacan "las continuas filtraciones que se están produciendo en la causa" y aseguran que incumplen el deber de reserva.

El escrito desliza que el juez instructor las conoce "perfectamente" y, por tanto, "hay conciencia de que lo que sea grabado y entregado será filtrado". "Pero no se toma ninguna medida contra ello, bien a través del ejercicio de la potestad disciplinaria que le compete, o bien adoptando decisiones que protejan y respeten ese deber de reserva". Esa grabación "no debió existir" porque "la declaración debería ser escrita y, de ser oral, no debería existir al ejercerse la dispensa, cuya prueba se hace por diligencia del secretario", llega a indicar la ampliación.

Las fuentes consultadas aseguran que la estrategia consistiría así en centrar la atención en un supuesto deseo de filtración del juez y no en la imagen en sí misma. "Una maniobra de distracción de manual", dice una de ellas mientras lamenta que la Abogacía se utilice para estos asuntos que rozan lo particular.