Gobierno y PP se reunieron en agosto con Clavijo para negociar un nuevo pacto migratorio

Los canales de comunicación entre Gobierno y PP para acordar una solución a la acuciante crisis migratoria volvieron a abrirse el pasado 12 de agosto. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que hicieran un alto en sus vacaciones estivales para mantener una reunión privada en Madrid e intentar acercar posturas en la delicada cuestión del reparto de los menores migrantes no acompañados que colapsan los centros asistenciales de las islas. Y así lo hicieron. En la cita hubo "avances", pero en el PP aseguran que siguen esperando una respuesta del Gobierno.

El presidente de Canarias, desesperado por encontrar respuestas en la capital a la ingente presión migratoria que desborda las islas, llegó a la reunión con una nueva propuesta para desbloquear la reubicación de menores por el resto de comunidades autónomas. Así lo ha desvelado en una rueda de prensa en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha asegurado que la nueva iniciativa fue vista con "buenos ojos" por parte del PP, y que se encuentran a la espera de que Ángel Víctor Torres "mueva ficha" y responda a la propuesta.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial confirman dicho encuentro, si bien culpan al PP de la falta de acuerdo en materia migratoria. Con todo, desde el Ejecutivo ratifican su "voluntad de acuerdo y negociación" para encontrar una solución conjunta pese a las "discrepancias" con la postura esgrimida por los populares.

Tellado ha explicado que, a grandes rasgos, la propuesta de Clavijo implica un "acuerdo de corresponsabilidad" entre el Estado y las comunidades autónomas. Establece que la atención normalizada de los centros de menores migrantes corresponde a las comunidades autónomas, pero que en el caso de que se supere el 100% de la capacidad de estos centros, las comunidades deberán contar con recursos del Estado para afrontar la atención de estas personas. Si superan el 150% de capacidad, sería directamente el Estado el que asumiría esa atención con sus propios mecanismos, instalaciones y recursos.

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La iniciativa, según Miguel Tellado, quedó encima de la mesa pendiente de una respuesta por parte del Ejecutivo, a la espera de que el Ministerio de Hacienda hiciera una "simulación de datos" para aterrizar las cifras y la viabilidad de la propuesta. Fuentes ministeriales inciden en que la "importancia" del desafío migratorio reside en "determinar cuál es la capacidad máxima de cada comunidad, cuáles serían los recursos potenciales y conforme a qué criterios", y no tanto los porcentajes de "carácter ordinario o extraordinario" en cuanto a la llegada de menores al territorio español.

Hay que recordar que el pasado mes de julio, el PP tumbó la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso por la negativa del Ejecutivo a asumir sus condiciones en materia migratoria. La propuesta implicaba la creación de un mecanismo obligatorio para agilizar el reparto de los menores migrantes no acompañados que colapsan especialmente los centros de Canarias, Ceuta o Melilla. Sólo en las islas se encuentran hacinados hasta 6.000 jóvenes irregulares, aunque la previsión del ejecutivo canario es que esa cifra suba otros 7.000 en los próximos cinco meses.

El de la financiación de las comunidades autónomas para afrontar la nueva oleada de menores siempre ha sido uno de los grandes obstáculos que frustró el primer intento de acuerdo entre Gobierno y PP. Algunas regiones gobernadas por los azules destacaron su incapacidad para ofrecer asilo a más menores por el colapso que también sufren sus centros, y pidieron al Estado la creación de un fondo y más detalles sobre la financiación para afrontar nuevas acogidas antes de abrirse a aprobar la reforma en el Congreso. El acuerdo naufragó.

El PP mantiene otras de sus condiciones, como la necesidad de declarar la emergencia migratoria nacional para agilizar la gestión de los recursos de las comunidades autónomas; o la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para la que sigue sin haber fecha. Fernando Clavijo ya aseguró en una entrevista para El Mundo que estas peticiones de los populares le parecen "razonables".

Así las cosas, PP y Coalición Canaria se alinean y ponen la pelota en el tejado del Gobierno. El presidente canario estalló esta semana contra Sánchez, y anunció posibles acciones legales por "dejación de funciones" en la política migratoria y en la acogida de inmigrantes que, insiste, es una competencia estatal.