El Gobierno ignoró mascarillas el doble de baratas que las de Koldo: "Agarraos al asiento"

El Gobierno cerró la compra de ocho millones de mascarillas a la trama del caso Koldo a 2,50 euros la unidad, cuando ya tenía una oferta de otra empresa para adquirir la misma cantidad por 1,35 euros. Los correos electrónicos que el Ministerio de Transportes ha recopilado para su auditoría, a los que ha tenido acceso El Confidencial, muestran las advertencias que realizó un alto cargo ante esta diferencia de precios: "Os podéis agarrar al asiento. Acaba de entrar esto", escribió el 23 de marzo de 2020 el entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, a otros miembros de su departamento tras recibir la oferta más barata.

La propuesta de mascarillas por 1,35 euros la realizó un bufete de abogados en nombre de la empresa madrileña Grupo Natural Systems Distribuciones y está fechada el 20 de marzo de 2020. También garantizó la entrega en el plazo de "7 días desde la formalización del contrato" en el aeropuerto de Barcelona, explicó que el material cumplía el reglamento europeo y que la sociedad se encontraba "al día de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, no concurriendo impedimento legal para contratar". El Confidencial se ha puesto en contacto con el bufete y aseguran que ellos nunca recibieron contestación alguna por parte del Ministerio de Transportes o Puertos del Estado.

Pese a la falta de respuesta a la empresa, Sánchez Manzanares sí remitió la oferta a tres de sus subordinados en Puertos del Estado a través del mencionado correo del 23 de marzo, así como al entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, a la secretaria general técnica del ministerio, Angélica Martínez Ortega, y al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre. "Esto acaba de entrar", avisó a los dos primeros. "Nos ofrecen 8 millones, a 1,35 euros, plazo de entrega 7 días. Ya me dices", escribió a Koldo. El exsecretario de Puertos del Estado también envió la propuesta al intermediario entre la trama y el ministerio, Víctor de Aldama, en un mensaje que calificó como de "importancia alta", pero en el que no pedía explicación alguna por la diferencia de precio. "Solo para tu información Víctor. Ánimo".

La insistencia de Sánchez Manzanares con esta oferta se solapa con el hecho de que Transportes acababa de pactar la compra de ocho millones de mascarillas a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, por casi el doble de precio: 20 millones de euros frente a los 10,8 que le ofrecía Grupo Natural Systems Distribuciones. Los correos muestran además que el sí definitivo a la propuesta de los investigados no la dieron hasta después de conocer esta otra oferta.

La confirmación final a Soluciones de Gestión se retrasó en concreto hasta la mañana del 24 de marzo. Uno de los representantes de esta empresa, Iñigo Rotaetxe, le envió un correo a Sánchez Manzanares para anunciarle que no podrían cumplir con el plazo de entrega de 48 horas que habían pactado inicialmente, sino que la mitad del material podría no llegar hasta el 9 de abril. "Lamentamos todos los inconvenientes, pero el cierre de la contratación ha sido lenta y las reservas de chárter se nos cayeron", se disculpó Rotaetxe. "Dime si os encaja o no, para continuar con este plan, antes de que sigáis los siguientes pasos, en concreto la parte financiera".

Sánchez Manzanares le respondió de manera afirmativa apenas una hora después, a las 8:37 de la mañana del 24 de marzo: "Iñigo te confirmo la operación. Os hacemos transferencia". Según advierte la propia auditoría de Transportes, "la oferta de suministro en 48 horas realizada por la empresa [Soluciones de Gestión] era irreal, pues todo apunta a que ella por sí misma (y sin las actuaciones desarrolladas por el ministerio para contar con la colaboración de la administración española en el exterior) no hubiera conseguido realizar el suministro ni siquiera en el plazo en el que finalmente se realizó".

La auditoría de Transportes

La auditoría realizada por el ministerio trata de colocar en el exministro José Luis Ábalos el tope de la responsabilidad del Ejecutivo en relación con la red. El escrito que ha elaborado el departamento que ahora dirige Óscar Puente sitúa a su antecesor como el primer eslabón de la red vinculada al uso corrupto de la pandemia para enriquecerse gracias a las adjudicaciones de compra de material sanitario.

No solo apunta a una cooperación completa de Ábalos con la trama, sino también a su participación activa en el enriquecimiento ilícito. En marzo de 2020, firmó dos órdenes consecutivas en las que daba su beneplácito a la compra de mascarillas proporcionadas por la principal empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión. En la primera orden, autorizaba la adquisición de cuatro millones de unidades. En la segunda, remitida 38 minutos después, doblaba la cantidad a los mencionados ocho millones sin que nada respaldara ese salto, dice el Ministerio de Transportes.

Las explicaciones recabadas para este cambio fueron difusas. Los cargos intermedios enterados de la compra se limitaron a señalar que la empresa exigía que se adquirieran ocho millones "o nada". Respecto a la otra oferta mucho más barata, aquellos que fueron interrogados aseguran que fue fruto de un "efecto llamada" que arrancó cuando se conoció la adquisición de urgencia.

El que fuera secretario general de Puertos del Estado aseguró al respecto que en aquel momento de "total incertidumbre" el ministerio estaba volcado en tratar que la primera operación saliera bien. El temor a que se frustrara se mantuvo hasta que empezó a hacerse efectivo el suministro. Ampliar las opciones no era descartable, pero todos los esfuerzos se centraban por entonces en que el material sanitario quedara a disposición del departamento.

Tanto Sánchez Manzanares como el que fuera subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, ya constan como imputados en la Audiencia Nacional y tendrán que acudir a declarar la próxima semana. "Preguntado el entonces secretario general de Puertos del Estado por las respuestas a estos correos electrónicos [con la oferta más barata], indica que no constan de forma escrita. Preguntado el subsecretario, indica que desconoce el motivo por el que el entonces secretario general de Puertos del Estado le envió estos correctos electrónicos", concluye la auditoría que el ministerio ya ha remitido al magistrado que dirige la investigación.