Sánchez pone rumbo hacia la "España plurinacional" ante el desconcierto del PSOE

Pedro Sánchez ha dado un golpe de mano con la convocatoria del próximo Congreso Federal del PSOE, que le sirve para exhibir otro cierre de filas y enterrar las quejas de la mayoría de las federaciones socialistas a su oferta fiscal para Cataluña. Pero la falta de respuesta ofrecida hasta ahora por la Moncloa y Ferraz al interrogante de cómo se concretará la "financiación singular" plasmada en el acuerdo con ERC para la investidura de Salvador Illa, ha disparado las especulaciones dentro del partido sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente de la mano del PSC.

"Estamos dando un paso hacia la federalización", solemnizó el presidente en su última aparición pública antes de las vacaciones, el 31 de julio, sin detallar nada más. El líder socialista reabre el debate sobre el modelo territorial por el canal de la financiación autonómica, lo que garantiza un nuevo curso político de máxima tensión. De las comunidades gobernadas por el PP, que denuncian la "mutación" del sistema constitucional hacia un modelo "confederal", hasta las del PSOE, incluidas Castilla-La Mancha y Asturias, que temen un federalismo "asimétrico". A estas últimas se han sumado voces discrepantes de las ejecutivas socialistas de Extremadura, Aragón y Castilla y León, ansiosas por escuchar este miércoles a la ministra de Hacienda y número dos del partido, María Jesús Montero, obligada por el PP a explicar en el Senado el pacto fiscal con Cataluña.

Entre tanto, el alegato lanzado el 8 de agosto por el nuevo president en su discurso de investidura en defensa de una "nación catalana" integrada en una "España plurinacional" ha provocado malestar y desconcierto entre los barones socialistas, que exigirán a Sánchez que aclare si la dirección de Ferraz asumirá esa visión del país de manera que el partido lo incorpore oficialmente a su credo político en el 41 congreso socialista.

En realidad, ya lo asumió en julio de 2017 al firmar con el PSC la llamada Declaración de Barcelona, en la que se apostaba por reconocer el carácter "plurinacional" del Estado como antídoto al separatismo. Ferraz aparcó la propuesta durante el sarampión del procés, pero ahora Sánchez pretendería resucitarla y dejar el debate sobre la nación y la articulación territorial del Estado resuelto en el cónclave socialista de noviembre. Aunque no lo tendrá fácil porque este es un asunto que desata viejas pasiones en el seno del PSOE, donde no hay una visión única.

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Fuentes del denominado sector crítico anticipan que el secretario general no gozará esta vez de la adhesión "acrítica" de otras ocasiones. Su liderazgo es indiscutible y la mayoría del partido tiene fe ciega en su olfato político para sobrevivir en el poder. Sin embargo, estos cuadros discrepantes creen que el malestar ante el desgaste del PSOE en el resto del país por la estrategia en Cataluña terminará por erupcionar. Lo que no pueden predecir es con qué intensidad ni consecuencias, ya que —asumen en una federación díscola— la convocatoria inminente de los congresos autonómicos provocará que los compañeros midan mucho sus declaraciones y movimientos.

En paralelo, los socios parlamentarios aprovechan la "ventana de oportunidad abierta" y redoblarán en este arranque de curso su exigencia a Sánchez para revisar en profundidad el sistema político español, tal y como se comprometió en los pactos de su propia investidura con el PNV, Bildu, Junts y ERC. Empezando por el término "nación" y culminando con el traspaso de competencias hasta ahora reservadas al Gobierno central. Ambos asuntos están recogidos en sus pactos de investidura y el PSOE trabaja ya en ello, incluido el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco o la cesión de más competencias en materia de inmigración a Cataluña, como obliga Junts.

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Tanto el Ejecutivo central como sus socios son conscientes de la precariedad de su entente en el Congreso para cualquier votación y que apenas podrán plantear modificaciones legales que precisen mayorías reforzadas, como es el caso de la ley orgánica de financiación autonómica, pero según los nacionalistas existen fórmulas para ampliar la soberanía de sus Gobiernos autonómicos.

Además, en próximas fechas se constituirá la ponencia sobre autogobierno en el Parlamento de Vitoria, que deberá alumbrar un nuevo texto estatutario en el que los socialistas vascos aceptan incluir el término "nación", de momento en el preámbulo, pero sin descartar que salte al articulado. A lo que se oponen es al llamado "derecho a decidir", como quiere el PNV y Bildu.

La idea de España del PSOE

El ideario recogido en la Declaración de Granada (2013), auspiciada por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, defendía la necesidad de dar un "impulso federal" al modelo autonómico vigente a través de la reforma del Senado, el aclarado del texto constitucional respecto al reparto de competencias o la mejora de la financiación, pero sin mencionar la cuestión de las nacionalidades. De hecho, fue Sánchez quien, tras su regreso a Ferraz, impulsó la Declaración de Barcelona (julio de 2017) que apostaba como solución al procés negociar "el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país" con el matiz "sin afectar a la soberanía del pueblo español".

Aquel texto, firmado con el PSC, quedó, sin embargo, enterrado en el congreso de 2021 celebrado en Valencia, apenas se introdujo en el ideario una mención al modelo territorial. Pero ahora que Illa ha devuelto la bandera española a la Generalitat de Cataluña y el respeto de la institución a la Corona, Moncloa argumentará que el procés ha terminado gracias a la estrategia de apaciguamiento seguida con ERC y Junts. Y es probable que Sánchez defienda con determinación avances en ese reconocimiento "nacional" que le exigen sus socios, aunque sea en términos "culturales".

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Hasta ahora, Sánchez se ha encontrado con un partido anestesiado que ha digerido con dificultad, pero sin rechistar cuestiones tan espinosas como la amnistía o los pactos de investidura con Junts y ERC o Bildu. Desde medidas a priori más sencillas como hacer del Congreso de los Diputados una Cámara plurilingüe para dar satisfacción a las demandas de los nacionalistas hasta la amnistía a la carta y la aceptación de un mediador internacional que se siente en una mesa de negociación entre el PSOE y Carles Puigdemont.

"Todo puede ser distinto ahora", avisan fuentes consultadas de una importante delegación alejada del oficialismo de Ferraz. "Hay mucha gente inquieta. Estamos hablando de cómo financiamos las escuelas y los hospitales, de quién se lleva el dinero. Hablamos del modelo de nuestro país", abundan estas voces.

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El PSOE aguarda a las explicaciones que ofrezca este miércoles la ministra de Hacienda y número dos del partido, María Jesús Montero, quien deberá comparecer en el Senado por exigencia del PP. Será el arranque oficial de otro curso político de alta tensión territorial, con los Gobiernos autonómicos del PP en guerra ante cualquier cesión a Cataluña, y los socialistas también pendientes.

El Gobierno asume que tendrá muy difícil contar con el apoyo de sus socios de investidura para aprobar los Presupuestos, cuyo proyecto enviarán a la Cámara, aunque no tengan los votos suficientes. Un revés que no tendría consecuencia fatal para la coalición con Yolanda Díaz. "No hay ningún problema porque se pueden prorrogar las cuentas", señalaba en julio un portavoz oficial. "Que nadie piense en adelantos porque no habrá urnas hasta Castilla y León. Lo que habrá seguro es Pedro Sánchez hasta 2027", manifestaba esta fuente.