Feijóo promete derogar el cupo catalán y rechaza que sus CCAA se acojan a la quita de la deuda

Alberto Núñez Feijóo arranca el curso político a lomos del que han convertido como gran caballo de batalla contra Sánchez: el intento de desmontar el polémico cupo catalán comprometido por Sánchez al independentismo. Feijóo califica esta "amenaza" como un "disparate" y un "desafío nacional" que tendrá a las comunidades del PP enfrente y que promete derogar si llega a la Moncloa. Aunque apenas se conocen detalles de cómo se materializará la propuesta por la que Salvador Illa logró ponerse al frente de la Generalitat con el apoyo de ERC, varias federaciones socialistas han rechazado ya abiertamente la iniciativa, como es el caso de Aragón, Asturias o Castilla-La Mancha.

Durante una entrevista en Onda Cero, Feijóo se ha opuesto a la posibilidad de que el cupo se extienda a otras comunidades autónomas y que sus regiones acepten este trato por parte del Gobierno. "No tenemos una concepción bananera de la ley y de las instituciones. No podemos, en ningún caso, asumir bilateralidad en asuntos multilaterales", insistía, advirtiendo además de la "deriva" del país hacia un modelo "confederal" y "plurinacional" del que reniega.

De este modo, el líder del PP ha querido marcar el camino a sus barones para que se opongan a la condonación de deuda que el Ministerio de Hacienda ofrece a otras regiones tras pactar con la Generalitat una quita de su deuda autonómica. La medida es especialmente tentadora para las regiones más endeudadas, como Comunidad Valenciana, Andalucía o la Región de Murcia, todas gobernadas por los populares. Feijóo ha reconocido que puede haber "distintos criterios" dentro de sus filas, aunque lo importante "es lo que se acuerda al final", para lo que ha solicitado, de nuevo, la celebración de una Conferencia de Presidentes centrada en la financiación autonómica.

Más tarde, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha ratificado que la reunión prevista el próximo viernes en Madrid con todos los barones populares servirá precisamente para ratificar la unidad de acción en materia de financiación. El dirigente ha negado que sus presidentes autonómicos vayan a acogerse de forma bilateral a la quita de deuda propuesta por María Jesús Montero, y ha asegurado que lo que defienden es una reforma íntegra del sistema de financiación. "Se está intentando dividir al PP con esta cuestión, pero nuestra posición es muy clara", incidía.

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El otro gran debate con el que ha arrancado el nuevo curso político es el de la presión migratoria y la gira de Sánchez por África, en la que el presidente del Gobierno llegó a situar como "imprescindible" el retorno de inmigrantes irregulares a sus países de origen, unas declaraciones que generaron enorme malestar en algunos de sus principales socios parlamentarios. El líder del PP ha tendido la mano al Ejecutivo para poner coto a la llegada de ilegales, y ha defendido la expulsión de inmigrantes irregulares, estudiando "caso a caso" y siempre dentro del marco europeo.

El PP ultima, además, la presentación de más de una decena de recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, una ofensiva que expira el próximo 11 de septiembre y que tanto él como sus presidentes autonómicos materializarán en los próximos días. La batería de denuncias irá acompañada, además, de una petición de recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional para que se inhiban en la deliberación y votación de dichos recursos al entender que su imparcialidad podría verse comprometida por su cercanía al Ejecutivo de Sánchez.

Tal y como ha anunciado el líder del PP en Onda Cero, la recusación no sólo afecta al magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia; y a la magistrada Laura Díez, ex alto cargo de la Moncloa, sino que extenderá la petición al propio presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. "No pueden formar parte de ese fallo", defendía Feijóo. Como publicó El Confidencial, la iniciativa lleva meses estudiándose.

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Hay que recordar que tanto Campo como Díez se han abstenido voluntariamente en otras deliberaciones del órgano de garantías por su vinculación al Gobierno. El exministro Campo, que tramitó desde el Gobierno los indultos al independentismo catalán, se apartó de las primeras deliberaciones de la ley de amnistía, cuando varios particulares presentaron recursos de amparo sobre la admisión a trámite de la norma. Y Laura Díez, que ocupó una dirección general en la Moncloa, tampoco participó en la deliberación de los recursos contra la normativa catalana para sortear el mínimo del 25% del español en la enseñanza.

El PP ve en la aprobación de esas recusaciones la única vía de que sus recursos contra la ley de amnistía sean tramitados con mayor "imparcialidad". Feijóo nunca ha ocultado su desconfianza hacia el Tribunal Constitucional, pero ha asegurado este lunes que sea cual sea la resolución judicial, su partido la "aceptará". Aunque la ley de amnistía se aprobó definitivamente el pasado mes de junio, el PP decidió apurar los plazos para presentar su ofensiva judicial y armar su estrategia jurídica con las últimas resoluciones del Tribunal Supremo, que rechaza aplicar la amnistía a los delitos de malversación y considera que la norma vulnera la Constitución.

Descarta una moción de censura

Feijóo comienza septiembre poniendo en cuestión la viabilidad de la legislatura, pero con la práctica certeza de que Sánchez no disolverá las Cortes para convocar elecciones. Ante esta circunstancia, la única vía que podría explorar el PP para tumbar al Ejecutivo es la de la moción de censura, una opción que el líder del PP ha descartado pese a considerarla "absolutamente justificada". "En este momento es inviable porque nos faltan cuatro escaños para conseguir que el Gobierno se vaya", incidía.

El presidente de los populares aleja así la opción de impulsar una moción de censura sin tener garantizados los apoyos para que salga adelante, a la espera de que Junts aclare su relación futura con el Ejecutivo en su congreso de octubre. "Si viésemos un momento en que la moción de censura pudiese prosperar, responderíamos con total contundencia", pero "no me gusta la política ficción", puntualizaba Feijóo. Con todo, el líder popular ha anticipado una oposición dura al Gobierno en los próximos meses, cercado por su debilidad parlamentaria y por un complicado horizonte judicial a cuenta de la investigación abierta contra Begoña Gómez. "El Gobierno tiene más sumarios abiertos por corrupción que leyes aprobadas en el Congreso", resumía.