Los jueces temen que Moncloa fuerce otra reforma para controlar ahora la presidencia del Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial se reúne de nuevo este lunes para tratar de alcanzar un acuerdo que permita nombrar a su presidente. Lo hace, sin embargo, en un ambiente de desconfianza. La judicatura ha comenzado a sospechar que la paciencia de Moncloa con el bloqueo de esta designación clave se está agotando y espera algún movimiento del Ejecutivo si no se logra acercamiento sobre algún candidato o candidata. Los jueces prevén una nueva reforma legislativa que sirva al Gobierno para inclinar la balanza de la presidencia, aseguran distintas fuentes jurídicas consultadas.

Las dificultades del CGPJ vienen provocadas por su división en dos mitades. De los 20 vocales nombrados, 10 lo fueron a propuesta del PSOE y los otros 10 a propuesta del PP. El acuerdo de renovación que lograron ambos partidos obliga, además, a que los nombramientos se realicen con mayorías reforzadas. Para que un candidato logre ser presidente debe conseguir el apoyo de 12 vocales. En estas últimas horas no ha habido avances y los dos equipos negociadores han acordado verse a mediodía, antes de la reunión que arrancará a las cinco de la tarde.

La reforma que se presiente estaría dirigida a dar un empujón a la mayoría progresista. En ausencia de un presidente que, según la ley, cuenta con voto de calidad, este estatus pasaría a depositarse en el vocal de más edad que ahora mismo es Bernardo Fernández Pérez, expresidente del Consejo Consultivo de Asturias, y designado en su día por los socialistas. De esta forma, el voto de Fernández contaría doble y serviría para desempatar y decantar la presidencia.

La reunión de este lunes se producirá después de varias intentonas fallidas para elegir al máximo responsable del órgano de gobierno, de los jueces y del Supremo. Hasta el momento, las posturas de los dos sectores se han demostrado irreconciliables. Los progresistas exigen designar a una mujer. Su primera opción siempre fue Pilar Teso, aunque en las últimas semanas ha ido cogiendo más impulso la candidatura de Ana Ferrer. En el caso de Teso, fuentes progresistas consultadas recuerdan que su designación incluso se cerró en anteriores intentonas de pacto entre el PSOE y el PP, en la etapa de Pablo Casado. Existe, incluso, un documento firmado por Teodoro García Egea. Los conservadores apoyan a Pablo Lucas y consideran que ni Teso ni Ferrer ofrecen garantía de independencia.

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A las puertas del acto de apertura del año judicial, los vocales trabajan contra reloj. Si tampoco lo consiguen en esta ocasión, la ceremonia anual que preside el Rey se celebrará de nuevo con un representante en funciones como maestro de ceremonias y en un momento en que la tensión entre los dos poderes —Judicial y Ejecutivo— ha alcanzado máximos nunca vistos con recriminaciones públicas y un cuestionamiento de determinadas decisiones que Moncloa airea cada vez con menos recato. Para terminar de elevar la tensión, el fiscal general, uno de los principales protagonistas del acto, se encuentra a las puertas de una imputación por revelar secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Tanto progresistas como conservadores parten de la idea de que debe ser ahora o nunca. Si no hay acuerdo este lunes, la situación se enquistará y se volverá prácticamente irresoluble. En la última etapa, algunos miembros del Consejo comenzaron a abrirse a la idea de abrir la elección a nuevos candidatos y tratar así de buscar perfiles de consenso en el mundo académico, entre juristas de reconocido prestigio.

Rebaja de las mayorías

Además de temer una reforma puntual que de voto de calidad al vocal de mayor edad, los jueces llevan tiempo augurando algún movimiento del Ejecutivo que afecte a las mayorías reforzadas actuales de cara al centenar de nombramientos que debe acometer este Consejo, muchos de ellos para el Tribunal Supremo. Como ha ido publicando este periódico, creen que Moncloa tiene la tentación de dar un golpe en el alto tribunal y forzar cambios que le permitan mayor control.

El problema para el Gobierno es, sin embargo, el mismo que debe enfrentar para sacar adelante cualquier cambio legislativo: los números no salen. En el año 2021, en otra legislatura y con otros apoyos, el Ejecutivo logró sacar adelante una primera reforma de la ley orgánica que regula las funciones del Consejo para aprobar la prohibición de que el órgano realice nombramientos estando en funciones. Las cosas han cambiado ahora y cualquier nueva iniciativa dependería de una negociación incierta con los socios con pocas garantías de éxito.