El CGPJ hace efectiva la jubilación del juez García-Castellón tras cumplir los 72 años

El Consejo General del Poder Judicial ha oficializado este lunes la jubilación del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, tras cumplir los 72 años. El instructor de causas tan sensibles como el caso Tsunami, Villarejo o las diligencias sobre los CDRs radicalizados y las tramas Púnica y Lezo abandona así la dirección del Juzgado Central de Instrucción 6.

La Ley Orgánica del Poder Judicial fija el retiro de los magistrados en los 70 años, pero da la opción de que soliciten, con dos meses de antelación, una prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta que cumplan, como máximo, los 72. Eso es precisamente lo que hizo Castellón hace casi dos años. Ya ha alcanzado el tope. El Consejo acordó el cese forzoso el 20 de junio, con efectos a partir del 2 de septiembre. El acuerdo se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

En los últimos meses, el magistrado se ha convertido en uno de los principales objetivos de las iras del independentismo. Sus decisiones en el marco de la causa sobre Tsunami le colocaron en la diana de Junts y ERC. Diferentes cargos de ambas formaciones le han acusado, incluso desde el Congreso, de "prevaricar" y han puesto en duda en repetidas ocasiones sus intenciones respecto a la aplicación de la amnistía. Han insinuado públicamente que no dudan de que "maniobrará" para quedarse.

El viceconseller del Govern catalán, Sergi Sabrià, lo aseguró a las claras en una entrevista concedida a El Diario. En ella indicó que nadie puede dar la garantía de blindar la ley de amnistía, ya que existen "jueces con metralleta" que intentarán "agujerearla". Respecto a Castellón, dijo: "Me han dicho que se jubila en unos meses, ¿no? Pues supongo que lo intentará todo, incluso no jubilarse".

Le han acusado de "prevaricar" y han puesto en duda en repetidas ocasiones sus intenciones respecto a la aplicación de la amnistía

Estas insinuaciones malintencionadas sobre el magistrado son solo un ejemplo de los insultos y amenazas de las que el instructor ha sido objeto en los últimos meses. Se le ha acusado de tener una "obsesión política" o de buscar "incriminar al independentismo". Ha habido también señales de que el independentismo no descarta proceder penalmente en su contra y que trata de citarle a las comisiones de investigación que se pactaron con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las causas más sensibles

Al margen del caso Tsunami, que quedó archivado por errores en la prórroga, el 6 que dirige Castellón instruyó el procedimiento contra un núcleo radicalizado de los CDR a los que se acusa de planear atentados, sabotajes y un asalto del Parlament para lograr la independencia. El fiscal solicita 27 años de cárcel para ocho de ellos por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. A otros cuatro los sitúa un escalón por debajo y pide ocho años de cárcel al acusarles solo del primer delito.

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El Juzgado instruye, también, la macrocausa vinculada con el comisario Villarejo y acumula dos de las principales causas sobre la corrupción del PP que aún permanecen abiertas: Púnica y Lezo. La primera de ellas arrancó en el año 2014 y ha enfilado ya su última fase antes del cierre definitivo de la decena de piezas que acumula. Por el momento, solo se ha juzgado el chivatazo que recibió el principal acusado, el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. El juicio por la financiación irregular del PP de Madrid está a las puertas.

García Castellón también ha instruido el caso Lezo, en el que se ha propuesto juzgar al expresidente madrileño Ignacio González, por la compra presuntamente fraudulenta y por unos 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014. En otra de sus líneas se ha instruido la compra de la empresa colombiana Inassa.