Opacidad e incapacidad en la contratación pública: "Algunos entes tienen comportamientos de los años 80"

La contratación pública en España supone un gasto ingente. En lo que va de 2024, las compras de las instituciones han superado los 34.000 millones de euros, entre los más de 103.000 contratos públicos, según el Ministerio de Hacienda. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), perteneciente a la cartera de María Jesús Montero, revisa en su último informe los contratos de 2021, 2022 y 2023 y advierte de numerosas faltas de información, pese a que "los medios de difusión de la información son de alta calidad y eficacia". Se trata de una realidad muy compleja.

Los ayuntamientos son quienes más licitan. Y aquí reside uno de los principales problemas: hay más de 8.000 municipios que en su mayoría cuentan con menos de 5.000 habitantes y por falta de medios "tienen unas pautas de comportamiento de los 80, no de 2024". Así lo explica Jorge Agudo, doctor y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador del Observatorio de Contratación Pública.

El informe refleja falta de datos en prácticamente todas las etapas del proceso de contratación. En el período de publicidad, por el que las empresas que quieran presentarse al concurso público obtienen información, el Ministerio de Hacienda recoge "falta de criterio uniforme y homogeneización a la hora de registrar la información". Agudo sostiene que "es un problema porque disminuye el control, pero no porque los órganos de inspección sean ineficientes, sino por la desidia administrativa".

La Oirescon pone el foco también en el período preparatorio. "Sigue siendo la fase en la que más irregularidades han detectado el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo", señala. En esta etapa, las entidades públicas deben programar su contratación con la finalidad de alcanzar los objetivos de eficiencia, eficacia e idoneidad; es decir, las administraciones deben saber todo lo que van a necesitar a medio y largo plazo para programarlo en un único convenio y no partir la compra en diferentes acuerdos menores. La oficina de supervisión refleja "un incumplimiento sistemático" de la publicación de los informes.

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"Esta falta de programación provoca que se liciten muchos pequeños contratos que, al final, tienen un coste superior que sacar a concurso uno más grande en el que hacer economía de escala", relata Agudo, y continúa: "No se publican porque es una exigencia que implica estudiarse a sí mismo y los ayuntamientos pequeños no están acostumbrados a que alguien esté sobre ellos".

Otro punto destacado en el informe es la opacidad de las consultas de mercado. A menudo, las administraciones se enfrentan a compras que previamente no habían realizado. Para hacer frente a esa inexperiencia, se realizan consultas a las empresas para que las entidades públicas se hagan una idea de cómo proceder. De estas preguntas, deben derivar unos estudios para "saber hasta qué punto quien ha colaborado en esa información es un sujeto que luego pretende concurrir probablemente de forma fraudulenta en el concurso". Sin embargo, Hacienda evidencia "un incumplimiento de la obligación de publicación de los informes".

La etapa de ejecución, cuando se lleva a cabo la obra o prestación del servicio, también está señalada por la Oirescon por su falta de datos, aunque la oficina asevera que, en esta ocasión, "no significa una falta de control". El profesor de la Autónoma de Madrid remarca que "la información aquí es muy importante para saber a dónde va el dinero". En esta parte de la cadena es dónde deben comunicarse varios aspectos clave de la contratación: las posibles modificaciones, prórrogas y actualizaciones del precio. "Es algo que, con una buena programación contractual, viene rodado", sentencia Agudo. Sin embargo, al faltar este plan, las empresas muchas veces no se presentan porque sin el conocimiento de esas actualizaciones ni modificaciones, la licitación no les parece rentable.

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La Oirescon, en segundo término, señala "un incumplimiento de la obligación de incorporar criterios medioambientales, sociales o de innovación como condiciones especiales de ejecución". Estas características que se deberían explicitar en la contratación son "fundamentales para conseguir objetivos públicos", explica Jorge Agudo, y de nuevo sostiene: "Los entes pequeños están acostumbradas a hacer las cosas de una manera y a una persona que lleva 40 años en un ayuntamiento así cuando le dices que tiene que incluir criterios medioambientales, que los desconoce, pues te puedes imaginar lo que pasa. Poco a poco se van incorporando, pero es que llevamos ya casi 20 años con esto".

Posibles soluciones

El profesor destaca que "la complejidad de la legislación sumada a los constantes cambios que hay en ella, hacen imposible que muchos municipios adapten sus órganos a la situación actual", y que "hay un desfase entre las capacidades de las pequeñas administraciones y las exigencias de los legisladores". En este sentido, también apuntan desde la plataforma especializada en contratación pública Gobierto: "Los poderes adjudicadores llegan con la lengua fuera al proceso de adjudicación. Para hacer lo que dice la norma no hay recursos apropiados ni siquiera para la primera etapa del proceso", y finalizan: "Igual lo que hay que pensar es si lo que marca la ley es óptimo y si tiene sentido".

La solución, según apunta el profesor Agudo, llegará "tan pronto como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la propia legislación desde Bruselas diga que todos los contratos grandes y pequeños deberán estar sometidos a un tipo de control y probablemente esto se rectificará".