De la ley del Mar Menor a la violencia intrafamiliar: el PP inicia el borrado de la huella de Vox

Una especie de alivio se instaló en las filas del PP cuando Santiago Abascal decidió dinamitar todas sus alianzas autonómicas el pasado 11 de julio. El vértigo a gobernar en solitario en cinco Ejecutivos —seis contando a Baleares, donde Vox no tenía cargos, pero sí un acuerdo programático— sigue ahí, pero los presidentes populares se sienten ahora libres de las ataduras con el partido ultraconservador, que ha utilizado durante un año su acceso a las instituciones regionales para sacar cabeza e intentar llevar a la práctica una agenda plagada de cuestiones identitarias, pasando en ocasiones por encima de su socio mayoritario.

La lucha contra el concepto de violencia de género; la inmersión lingüística; el pin parental; la derogación de las leyes de memoria; la agenda contra el llamado "dogmatismo climático" o la batalla contra la inmigración ilegal han sido algunas de las banderas por las que Vox ha peleado y que muchas veces han obligado al PP, —también a Alberto Núñez Feijóo— a hacer equilibrismos para no contradecir a sus socios.

Pero llegó un momento en el que Génova se plantó, hizo caso omiso de las advertencias de Abascal y dio luz verde a sus barones para acoger a 347 menores migrantes, un reparto que ya se había pactado con el Gobierno dos años atrás. Fue la chispa que prendió la mecha. Vox no transigió y la dirección nacional del partido ordenó a sus vicepresidentes y consejeros abandonar sus cargos en los Gobiernos del PP. Invalidó, además, su apoyo a nivel parlamentario para pasar a la oposición. La decisión de Abascal encontró resistencia interna, aunque la mayoría cedió al mandato de la cúpula de Bambú.

La ruptura priva a Vox de un potentísimo altavoz mediático para sus propuestas, que ahora los barones del PP tienen en su mano revertir o, simplemente, dejar que caigan en el olvido. El ejemplo más representativo del inicio del borrado de la huella de la formación ultraconservadora son las polémicas leyes de concordia, uno de los puntos nucleares del programa de Santiago Abascal, con el que perseguían desmontar la ley de memoria actualmente vigente, y que fijaron como línea roja a cambio de investir a los presidentes populares hace poco más de un año.

Opinión

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La primera en dar el paso fue la presidenta de Extremadura, María Guardiola, precisamente la dirigente que más se resistió a suscribir un pacto de Gobierno con Vox, y la que más pronto ha comenzado a dar marcha atrás a los compromisos adquiridos con los ultraconservadores. Tras liberarse de ese vínculo, la presidenta anunció que paralizaría la aprobación de la ley de concordia porque, dijo, "no es una prioridad". Fue, además, una de las peticiones que el PSOE regional exigió a Guardiola para explorar acuerdos ahora que no contaba con el soporte de Vox para sacar adelante la legislatura.

Y Extremadura no será la única que meta en el congelador la ley de concordia. En Castilla y León tampoco van a tramitar la controvertida norma, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que el Gobierno central interpuso contra el Ejecutivo de Aragón, presidido por Jorge Azcón, el único que sí dio el paso de dejar sin efecto la Ley de Memoria Democrática antes de la ruptura con Vox. En la Comunidad Valenciana se dio la circunstancia de que PP y Vox aprobaron dicha ley el mismo día en que Santiago Abascal confirmó la salida de sus Gobiernos. Aunque el popular Carlos Mazón ha asumido la norma como propia, está dispuesto a dialogar con el Ejecutivo para modificarla y evitar que la afrenta llegue a los tribunales.

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El pasado mes de junio, el Parlament de Baleares también admitió una proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria autonómica que, paradójicamente, salió adelante con el voto a favor del PP en la anterior legislatura. La iniciativa continúa parada en el trámite parlamentario mientras las tensiones se disparan. La popular Marga Prohens sopesa apoyar la destitución del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, después de que el dirigente de Vox haya sido citado a declarar por un delito de odio tras romper durante el pleno en que se debatía la polémica ley de concordia una fotografía de cinco mujeres fusiladas en 1937.

El Mar Menor y el trasvase del Ebro

Su presencia en los ejecutivos autonómicos permitió a Vox llevar también a la práctica su escepticismo medioambiental. Una de los grandes exponentes fue la riña por la reforma de la Ley del Mar Menor, que a punto estuvo de costarle al popular Fernando López Miras una repetición electoral. El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox solo hacía una referencia vaga a un asunto que ha enfrentado a los dos socios de Gobierno en los meses que ha durado su alianza. La coalición se tambaleó por este asunto el pasado mes de abril, cuando los populares se negaron a tramitar una iniciativa de Vox para derogar la ley de protección del Mar Menor.

López Miras consiguió entonces ganar tiempo comprometiéndose a crear una comisión para estudiar la posible modificación de la norma con el consenso de expertos y del resto de grupos parlamentarios. Y eso tranquilizó a sus socios. Pero la línea roja siempre ha sido preservar la laguna salada, que cuenta actualmente con limitaciones legales para la actividad agrícola y ganadera para frenar los vertidos contaminantes, unos obstáculos que Vox ha peleado por eliminar. Su salida del Ejecutivo murciano, sin embargo, desdibuja esta exigencia y libera a López Miras de la presión para mantener una ley troncal para el PP murciano.

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En Aragón, el trasvase del Ebro era otro de los grandes asuntos que enfrentaba a ambas fuerzas. El partido de Santiago Abascal siempre se ha mostrado partidario de la interconexión de las cuencas hídricas, un discurso que choca con el tajante rechazo al trasvase de Jorge Azcón. La entrada de Vox en el ejecutivo de Aragón le permitió jugar una importante baza de presión… que ahora desaparece. Los ultraconservadores llegaron a presentar incluso una iniciativa en el Congreso para defender su postura sobre la solidaridad hídrica que contó con la abstención del PP, obligado entonces a hacer equilibrios entre sus socios regionales y la postura intransigente y autónoma de los barones populares.

Protocolos antiaborto o ayudas a los toros

Uno de los asuntos más escabrosos que ha costado reproches, desautorizaciones y broncas internas estos últimos 12 meses han sido las leyes contra lacra de la violencia machista o la llamada "ideología de género" que los de Abascal han luchado por erradicar. Fruto de esa presión, los distintos acuerdos regionales que suscribieron ambas fuerzas recogían el precepto de "violencia intrafamiliar" para diluir el concepto de violencia de género, que el PP ha intentado preservar.

Un caso llamativo fue el de la Comunidad Valenciana, donde el ejecutivo de Carlos Mazón desautorizó a la Conselleria de Justicia —en manos de Vox— por querer sustituir la violencia de género por la intrafamiliar en los cursos a los policías locales. También Feijóo rebatió en más de una ocasión a los vicepresidentes ultraconservadores al afirmar que la existencia de la violencia machista "es una obviedad". Es, por tanto, uno de los sellos de Vox que más incomodan al PP y que estos se apresurarán a enmendar. De sus discursos, de sus programas y de sus acciones políticas.

Atrás queda también la polémica con los protocolos antiaborto que sacudió especialmente a la alianza de Castilla y León. El ya exvicepresidente regional, Juan García-Gallardo, aseguró hace más de un año haber cerrado un pacto con su socio mayoritario para impulsar un plan provida con medidas tan polémicas como forzar a los sanitarios a ofrecer a las embarazadas que quisieran abortar escuchar los latidos del feto para intentar disminuir este tipo de procedimientos. Aquella polémica incendió el debate nacional y puso al PP en apuros. Fue, de hecho, uno de los grandes argumentos que empleó la izquierda para alentar el miedo a una posible alianza entre PP y Vox en la Moncloa.

La prematura salida de los de Abascal del poder les ha dejado sin tiempo de intentar implantar otras de sus grandes banderas en los seis territorios donde cogobernaban, como la implantación del llamado veto parental en la enseñanza o la reforma de las leyes trans. Pero sí logró colgarse la medalla de algunos compromisos que los populares no se plantean derogar, al menos de momento. Un ejemplo son los planes de inmersión lingüística en la Comunidad Valenciana y Baleares; los recortes de las subvenciones públicas a sindicatos; o el aumento de las partidas presupuestarias a la tauromaquia, que ya están aprobadas en los distintos presupuestos autonómicos, unas cuentas que los barones del PP podrían verse obligados a prorrogar el próximo año por la falta de apoyos parlamentarios.