El cerco a Ábalos se estrecha y le coloca ya a un paso del Supremo

Las repercusiones de la auditoría elaborada por el Ministerio de Óscar Puente y que apunta a responsabilidades de su antecesor, José Luis Ábalos, en el desarrollo de la trama de corrupción del caso Koldo comienzan ya a ser evidentes. Tras el informe de Transportes, la Audiencia Nacional ha movido ficha esta misma semana y ha empezado a colocar los cimientos de lo que parece una futura exposición razonada contra el socialista caído en desgracia. Las últimas decisiones del juez Ismael Moreno a su vuelta de las vacaciones señalan una dirección que dejaría a Ábalos en manos del Tribunal Supremo (TS).

El exministro es consciente de ello, a la vista de su reacción. Desde que el informe se hizo público se ha centrado en lanzar advertencias contra su partido. Sin embargo, según apuntan fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, los últimos avances de la Unidad Central Operativa (UCO) coinciden con el sentido de la auditoría y le dejan en una situación muy delicada.

La decisión del instructor del caso Koldo se conoció hace unas horas. El magistrado ha dado dos pasos paralelos. Por una parte, ha requerido al Ministerio una copia del informe de auditoría y, en la solicitud, reclama que se identifique a los funcionarios que la elaboraron. Una vez conozca estas identidades, es más que probable que les citará para que ratifiquen ante su Juzgado el contenido. Por otra, valora escuchar a Puente como testigo. De momento está recabando el criterio de la Fiscalía Anticorrupción al respecto.

Desde que Puente anunció el cese de dos de sus cargos hace una semana, todo ha ido muy rápido. El contenido de la auditoría supone todo un misil en la línea de flotación de la credibilidad de Ábalos y le sitúa como el primer eslabón de la red vinculada al uso corrupto de la pandemia para enriquecerse gracias a las adjudicaciones de compra de material sanitario. La auditoría apunta a la vinculación y la cooperación completa de Ábalos con la trama. En marzo de 2020, firmó dos órdenes consecutivas en las que daba su beneplácito a la compra de mascarillas proporcionadas por la principal empresa vinculada a la trama, Soluciones de Gestión. En la primera orden, autorizaba la adquisición de cuatro millones de unidades. En la segunda, remitida 38 minutos después, doblaba la cantidad a ocho millones sin que nada respaldara ese salto, dice el Ministerio de Transportes.

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Además de este baile de cantidades y de gasto —el dinero destinado a la adquisición se duplicó en proporción—, el informe desliza dudas sobre el destino de las mascarillas. La mitad fueron a parar a los organismos que debían recibirlas, pero no hay "constancia documental" de dónde acabó una parte considerable de ellas. El asesor estrella de Ábalos se ocupó de distribuir las "primeras" que se trasladaron al aeropuerto de Barajas "sin control". Desaparecieron miles de unidades y, en otros casos, se almacenaron. A día de hoy, el Ministerio todavía tiene guardadas más de 440.000 mascarillas que nunca fueron utilizadas. Eso supone un coste de 1,1 millones de euros, según el cálculo de la auditoría interna encargada por Puente.

El aforamiento

La Audiencia Nacional no puede citar como imputado a Ábalos debido a que el socialista mantiene su puesto de diputado. Tras estallar el caso, desde el PSOE y Moncloa se abrió un frente de protección para tratar de evitar que la trama acabara salpicando al Gobierno. El exministro fue empujado a renunciar a todos sus cargos, pero se aferró al escaño que le proporciona aforamiento.

Esta condición le ofrece la ventaja de ganar tiempo. En lugar de enfrentarse a una imputación inminente y directa por parte de la Audiencia Nacional, el estatus especial que le protege obliga al instructor a recabar los indicios con que cuente en su contra, sopesar si son suficientes y, en último lugar, proponer al Supremo que le investigue remitiendo sus argumentos al alto tribunal de forma detallada.

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Una vez se envía esa exposición razonada, la Sala de lo Penal del TS debe valorar si la admite a trámite y abre causa o si devuelve las actuaciones al tribunal de origen. Tras este paso se define la imputación. Durante todo este trámite el tiempo va transcurriendo y a eso se agarra el exministro. Le da opciones de buscar una estrategia de defensa, de armarse para afrontar la investigación.

De momento ya ha comenzado a disparar contra el que fue su partido. Para empezar, ha sembrado dudas sobre el sentido de su voto a partir de ahora en un contexto en el que, para el Ejecutivo, cada apoyo cuenta. Además, ha insinuado que las prácticas vinculadas al Ministerio de Transportes se reprodujeron en otros departamentos como el de Sanidad o Interior. El ventilador ha comenzado a girar y nadie sabe hasta dónde llegará el viento.