Gobierno y PP se enzarzan por la inmigración y dejan en el limbo el plan para reubicar a los menores
Génova exige al Gobierno una "disculpa" tras defender Sánchez las devoluciones de inmigrantes ilegales. El bloqueo político se asienta y aleja una solución pactada con las CCAA para aliviar el colapso de Canarias y Ceuta
Los dos grandes partidos no sólo siguen sin abrir contactos para intentar reanudar la negociación de la reforma de la Ley de Extranjería, en vía muerta desde que el Congreso tumbase su tramitación el pasado mes de julio. El Gobierno y el PP se han embarcado en una nueva refriega política que no hace más que poner palos en las ruedas a la búsqueda de una solución que Canarias, Ceuta y Melilla reclaman con desesperación. La apertura del nuevo curso ha estado marcada por un intenso cruce de reproches a cuenta del paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez en su gira africana para incentivar una inmigración "ordenada" y vinculada al mercado de trabajo.
El ya bautizado como modelo de "migración circular" implica la contratación de trabajadores migrantes en origen para cubrir determinadas vacantes temporales en España, especialmente en el sector agrícola o textil, con el compromiso de regresar a su país cuando haya finalizado su cometido. El Gobierno calcula la formalización de unos 250.000 empleos al año ocupados por extranjeros, un plan con el que busca paliar la crisis migratoria, frenar los flujos de inmigración ilegal y favorecer un tránsito más ordenado y controlado.
Pero las primeras medidas anunciadas por Sánchez desde Mauritania y Gambia fueron repelidas por el PP con duras críticas. Diferentes portavoces populares, incluido el presidente, Alberto Núñez Feijóo, acusaron al Ejecutivo de "alentar un efecto llamada" y le corresponsabilizaron de las posibles nuevas muertes en el mar por la ausencia de una "política migratoria" que ha convertido las fronteras españolas en "un coladero". El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, fue un paso más allá y lamentó que Sánchez fuese "al revés" de países como Alemania e Italia, donde hablan de "deportaciones masivas" y no de "regularizaciones masivas".
Se da la circunstancia de que, al menos a priori, la propuesta verbalizada por Sánchez no dista en exceso de lo que defiende el PP en materia migratoria. En una proposición no de ley registrada en el Congreso el pasado 20 de agosto, los populares instan al Ejecutivo a desarrollar "un modelo efectivo de migración vinculado al mercado de trabajo" que garantice "el pleno respeto a los derechos de los inmigrantes, así como la protección de su vida y de su integridad".
A falta de que se concreten los detalles, lo que ha firmado Sánchez en Mauritania es precisamente un acuerdo de migración circular en origen, un plan que ya opera en países como Senegal, Honduras o Marruecos. De hecho, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, reafirmó este miércoles que su partido estará "de acuerdo" en todas aquellas medidas que favorezcan una migración "regular". Pero esas similitudes no han evitado que Génova haya optado por ir al choque contra el Ejecutivo en esta cuestión.
En el PP entienden que Sánchez no sólo "llega tarde" con su gira africana ante la previsión de otro otoño caliente en la frontera sur, sino que también "va en dirección contraria" a la búsqueda de un acuerdo nacional, de Estado, que ponga fin al colapso que sufren especialmente en Canarias y Ceuta. Sólo el pasado martes llegaron a El Hierro 244 ilegales, cifra que se suma a los más de mil que han llegado a la isla en los últimos diez días. La presión migratoria se acrecienta también en la ciudad autónoma tras los momentos de tensión vividos el pasado domingo, cuando unas 1.500 personas intentaron llegar a nado a la zona de El Tarajal. Desde el pasado jueves ya habían llegado a Ceuta una media de 700 personas diarias.
La tarea más urgente y que sigue pendiente por la falta de consenso político es el reparto por la Península de cientos de menores migrantes no acompañados que colapsan los centros asistenciales de las islas y las ciudades autónomas. Canarias cifra en 6.000 los jóvenes irregulares que se hacinan en unos centros asistenciales colapsados, aunque la previsión que hace el ejecutivo de las islas es que esa cifra suba otros 7.000 en los próximos 5 meses. En Ceuta la situación no es mejor, y el presidente Vivas advierte que superan en un 360% su capacidad de acogida.
Los dos territorios, gobernados o cogobernados por el PP, exigen a su partido y al Gobierno que alcancen de forma urgente un acuerdo en coordinación con las comunidades autónomas para desatascar la situación y forzar una reubicación de estos menores por todo el territorio. Los parámetros ya venían definidos en la reforma de la ley de extranjería que el PP tumbó en julio por la negativa del Ejecutivo a incluir sus condiciones en el texto y por las reticencias que exhibieron en público y en privado algunos barones del PP a acoger más jóvenes no acompañados sin más recursos por parte del Estado.
El plan que Sánchez ha ido perfilando en las últimas horas ha soliviantado a un PP que considera que el Gobierno no está haciendo esfuerzo alguno en cumplir sus exigencias para abrirse a un acuerdo migratorio. Entre otros puntos, Génova exige medidas concretas para proteger las fronteras con más recursos a las FCSE y un refuerzo del Frontex; la declaración de la emergencia migratoria nacional para agilizar el acceso a recursos e infraestructura para la acogida en todas las comunidades autónomas, no sólo en Ceuta, Melilla o Canarias; cooperar con los países de origen y tránsito en la desarticulación de las mafias; o la creación de un fondo de contingencia para financiar la atención a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España.
La bronca que los dos grandes partidos han protagonizado en las últimas horas no favorece precisamente un clima para el acuerdo. El Gobierno respondió también al rejonazo de Feijóo y Tellado y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acusó a los populares de "abrazar el discurso xenófobo" de Vox en materia migratoria. El titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, volvió a situar además el decálogo de condiciones del PP como una "colección de excusas" para no pactar un acuerdo que ponga fin al colapso migratorio en la frontera sur. "Vox siembra odio y xenofobia, y el Partido Popular lo alimenta y trata de aprovecharse", añadió.
El enfrentamiento fue en aumento con el paso de las horas después de que Sánchez defendiese desde Dakar (Senegal) que el retorno de inmigrantes irregulares a sus países de origen se estima "imprescindible" para "desincentivar" a las mafias de tráfico de personas. Génova estalló tras estas últimas declaraciones. "Esperamos una disculpa de los que cuestionaron nuestra altura moral, de los que nos llamaron xenófobos y de los que nos dijeron que nos marcaba el paso la ultraderecha", inciden.
Mientras el bloqueo político se asienta, la crisis migratoria continúa batiendo récords en España. Según los datos acumulados por el Ministerio del Interior desde el 1 de enero hasta el 15 de agosto, la inmigración irregular en España se ha disparado un 66% en comparación con 2023. Sólo en Canarias se ha registrado un aumento del 126%, pasando de los 9.800 inmigrantes llegados el pasado año a 22.300 sólo en lo que va de año. Ceuta también registra un incremento del 173% respecto a 2024. Las previsiones no son halagüeñas y en los dos territorios esperan un repunte en los próximos meses que les pondrá al límite. La respuesta de Madrid sigue haciéndose esperar.
Los dos grandes partidos no sólo siguen sin abrir contactos para intentar reanudar la negociación de la reforma de la Ley de Extranjería, en vía muerta desde que el Congreso tumbase su tramitación el pasado mes de julio. El Gobierno y el PP se han embarcado en una nueva refriega política que no hace más que poner palos en las ruedas a la búsqueda de una solución que Canarias, Ceuta y Melilla reclaman con desesperación. La apertura del nuevo curso ha estado marcada por un intenso cruce de reproches a cuenta del paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez en su gira africana para incentivar una inmigración "ordenada" y vinculada al mercado de trabajo.