Ábalos enseña los dientes al PSOE y alienta la revuelta de diputados contra el cupo catalán

Salvador Illa quedó investido presidente de la Generalitat catalana con los votos de ERC, pero a día de hoy es una quimera que los republicanos vayan a obtener a cambio la deseada moneda de oro en forma de "soberanía fiscal". El compromiso de dotar a Cataluña de una "financiación singular", adquirido por Pedro Sánchez en su pacto de finales de julio, deberá aprobarse en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, al tratarse de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Y los números están lejos de los 176 diputados necesarios.

El Gobierno no tiene asegurado ni el respaldo de sus socios, empezando por Junts, que no está dispuesto a conceder a ERC semejante botín para las arcas catalanas. También dentro de Sumar surgen voces contra la quiebra del principio de igualdad entre las comunidades y diputados de Compromís, IU y Chunta Aragonesista ya han avisado de que votarán en contra si esto ocurre, igual que Coalición Canaria. Podemos no aclara su posición mientras expresa otro tipo de desconfianza, convencido de que Sánchez ha vuelto a dar "gato por liebre" a ERC y no cumplirá el pacto. Mientras tanto, el PNV se muestra incómodo en un debate que reaviva el rechazo del resto al concierto económico vasco y navarro, aunque promete mantener su lealtad a Sánchez, al igual que Bildu.

Pero el flanco más preocupante para Sánchez es el interno, incapaz de aplacar el malestar en la mayoría de federaciones del PSOE, donde se cuestiona ya que vaya a existir unidad de voto. Desde las federaciones socialistas censuran una vez más la falta de información y aseguran que esta vez no habrá una "adhesión a ciegas" al secretario general. Aunque de momento solo los barones de Asturias y Extremadura, además de Emiliano García-Page, han expresado en público su rechazo al pacto firmado con ERC, las críticas son transversales y no pueden descartarse fisuras entre los diputados socialistas.

Curiosamente, el aviso más serio le ha llegado por vía de su antiguo escudero, José Luis Ábalos, expulsado del grupo parlamentario tras la eclosión del caso Koldo. El exministro se ha revuelto por la auditoría del Ministerio de Transportes que le inculpa directamente en el supuesto cobro de comisiones ilegales durante la pandemia, trama que investiga el juez, y enseña ya los dientes al PSOE.

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Ábalos da por finalizada su "actitud seguidista" con el grupo socialista y avisa de que votará en "conciencia" la propuesta de conceder "soberanía fiscal" para Cataluña, tal y como declaró ayer a El Español y a la cadena televisiva Cuatro, donde colabora como tertuliano habitual, y en la que acusó al ministro Óscar Puente de actuar como un "justiciero" con una "actitud hostil e intencionada" en su contra.

El diputado valenciano, que representa a una de las comunidades más infrafinanciadas, eleva así la presión dentro de la Cámara y alienta la fuga de votos ante una reforma de ley orgánica, que requerirá de todos y cada uno de los diputados que sostienen a Sánchez. También desde la Comunidad Valenciana, Joan Baldoví avisó de que los dos diputados de Compromís tampoco apoyarán "ninguna singularidad" en materia de financiación ni los Presupuestos Generales para 2025 si el Gobierno no aprueba un fondo de nivelación para la región. "Que espabilen", exigió.

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Porque lo que sí está garantizado es el rechazo del PP y Vox a lo que la dirección de Alberto Núñez Feijóo define como "secesión fiscal", "cupo independentista", y "obús contra la igualdad y la solidaridad" de los españoles. Los populares forzarán la próxima semana la comparecencia urgente en el Senado de la ministra de Hacienda para que aclare el sentido de una reforma que, según denunció su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, iniciaría "un proceso de mutación constitucional por la puerta de atrás" para impulsar un "Estado confederal asimétrico". Sánchez y el PSC han defendido que España debe avanzar hacia su "federalización".

Desde que se inició la legislatura, la pregunta que se han hecho de manera cansina analistas y políticos de la oposición es si alguno de los 119 diputados del PSOE -120 con Ábalos- votaría en contra de las medidas del Gobierno adoptadas con relación a Cataluña en virtud de los acuerdos de Pedro Sánchez con ERC y Junts. La respuesta ha sido igual de tozuda: disciplina absoluta en un grupo diseñado a medida desde Ferraz.

Sánchez se garantizó lealtad total tras el 23-J con un golpe de mano en varios territorios donde amenazaban revueltas internas por la pérdida del poder en las municipales y autonómicas de mayo, y decidió por encima de sus barones quiénes irían en las listas a las generales. Solo García-Page, el barón díscolo, logró doblarle el pulso al líder y colocó a gente de su entera confianza. Por eso, todas las miradas se han dirigido siempre a los 9 diputados castellano-manchegos, que como todos los demás han ratificado con su voto cada orden de la dirección. Las expectativas de rebelión interna no tenían base real, como se comprobó, en el caso de la amnistía a Carles Puigdemont y al resto de involucrados en el procés.

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Sin embargo, el debate de la financiación ha abierto una herida mucho más profunda en el cuerpo orgánico del PSOE. Todo son dudas en el socialismo por la falta de concreción del Gobierno sobre el futuro modelo. Los contactos de Salvador Illa en los primeros días de agosto no aliviaron el malestar de los barones. Algunas federaciones anticipan que reunirán a sus direcciones autonómicas en las próximas semanas para fijar postura ante este delicado asunto, que podría poner en un brete a los diputados socialistas después de que la ejecutiva federal convocada de manera exprés por Sánchez a finales de julio se comprometiera a "hacer efectivo" el preacuerdo firmado con ERC.

El PP avanzó ayer que María Jesús Montero tendrá que explicar el controvertido pacto con ERC en el Senado, probablemente la próxima semana. La ministra de Hacienda se ha mantenido en un incómodo silencio tras negar durante meses que habría un "concierto económico" para Cataluña. Montero volvió a rechazar esa denominación, que sí defiende ERC. “Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del modelo de financiación”, señaló Montero desde Rota (Cádiz) el pasado miércoles, lo que motivó el enfado inmediato de los republicanos y su amenaza de retirar el apoyo a Sánchez si no cumple. Más allá de la cuestión semántica, el Ejecutivo deberá aclarar cómo se concreta el nuevo sistema de recaudación de impuestos que permitiría a Cataluña gestionar todos los que se generen en su territorio.