Sánchez promete otros 500.000 euros a Mauritania y el Instituto Cervantes para frenar la inmigración

En febrero, fueron 500 millones de euros (200 de la Comisión Europea y 300 de España), para el impulso económico y el control de las fronteras en Mauritania. En agosto, en la segunda visita de Pedro Sánchez en apenas medio año al país africano, la promesa ha sido la apertura del Instituto Cervantes, reforzar los nexos empresariales entre ambos países e impulsar lo que se conoce como la inmigración circular, es decir, acuerdos que incluyen programas de formación y captación temporal de trabajadores en origen para cubrir determinadas demandas. También medio millón de euros para iniciativas en formación en materia de defensa y seguridad y la celebración de cumbres bilaterales a partir de 2025. Sánchez ha iniciado este martes una gira que, además de a Mauritania, le llevará a Senegal y Gambia. El objetivo es taponar la ruta canaria y poner coto al goteo constante de cayucos.

La crisis migratoria que sacude a España -en lo que va de año la llegada de inmigrantes ha batido récords, con una afluencia de 25.000 personas hasta junio, un 96% más que en 2023-, marca el inicio del curso político. Las llamadas de “auxilio” de Canarias y Ceuta, los dos puntos que en este momento sufren una mayor presión, ha sido una constante este verano después del fiasco de la reforma de Ley de Extranjería con la que el Congreso cerró en julio el periodo de sesiones.

Sánchez, en una breve declaración institucional tras haber mantenido un encuentro con el presidente de Mauritania, Mohamed Cheikh El Ghazouani, ha detallado que el grueso del encuentro ha girado en torno a “cómo gestionar de manera conjunta un asunto tan complejo como es la migración”. El país africano sufre ahora mismo una fuerte presión, provocada principalmente por el éxodo de miles de malienses que huyen de la guerra y se ha convertido en el principal foco de emisión de las personas que acaban llegando a España.

Sánchez, que ha insistido en que el fenómeno debe abordarse desde una perspectiva “moral, solidaria” y que preserve la “dignidad” de las personas que deciden dejarlo todo para buscar una “vida mejor”, ha señalado que el conjunto de acuerdos firmados con Mauritania persigue abordar el problema con una perspectiva integral que permita también frenar la actividad de las mafias. De ahí la única partida económica anunciada, la de los 500.000 euros que se destinarán para la formación en materia de seguridad y defensa. Los acuerdos pasan también por la firma de un memorando de entendimiento de migración circular, “una buena herramienta”, según Sánchez, “para ordenar de manera legal el flujo de migrantes”. Es una medida que ya se ha firmado con otros países y que permite contar de forma puntual con inmigrantes para cometidos específicos.

Además, España y Mauritania firmarán una declaración conjunta para reforzar la colaboración en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, se creará un consejo empresarial “para incrementar las relaciones económicas” entre ambos países, especialmente con Canarias. Por último, Sánchez ha avanzado que el Instituto Cervantes celebrará una serie de actividades este próximo otoño en el país africano. Será el paso previo al establecimiento de la institución cultural.

La batería de medidas de este segundo viaje completan las anunciadas el pasado mes de febrero. Sánchez entonces viajó acompañado por Ursula von der Leyen. Ambos prometieron 500 millones de euros para el desarrollo de Mauritania y el control de los flujos migratorios. En concreto, la presidenta de la Comisión Europea anunció que las instituciones comunitarias aportarían 210 millones para diversas inversiones y el control de las fronteras, mientras que el Gobierno de España concedería 300 para hacer del país africano una potencia en hidrógeno verde.

Opinión

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La llegada del presidente a Nuakchot, capital de Mauritania, ha coincidido también con la entrada en vigor de la exigencia de solicitar un visado de tránsito para los viajeros procedentes del país y que hacen escala en algún aeropuerto español. El objetivo es evitar que durante el lapso en el que se cambia de un avión a otro soliciten asilo político.

Mientras, el cruce de reproches entre el Gobierno y el PP a cuenta de la crisis migratoria que sufre España no cesa. Para el Ejecutivo la prioridad debe ser la reforma de la Ley de Extranjería, medida pactada con el Gobierno de Canarias para tasar el reparto entre todas las comunidades de los menores migrantes no acompañados para aliviar aquellas autonomías que vean desbordados sus recursos. Los populares, sin embargo, no están dispuestos a cerrar un acuerdo si antes el Ejecutivo no se compromete a aceptar sus propias medidas, entre ellas, dotar a las comunidades de la financiación necesaria para el acogimiento de los menores, reforzar Frontex o pedir a la Unión Europea que se activen los mecanismos previstos para que el conjunto de países ayuden en la asistencia e integración de los inmigrantes.