El Gobierno retrasa al límite la estrategia contra la corrupción que exige la Unión Europea

En medio de la cruzada contra la desinformación y por la regeneración democrática de España, que Pedro Sánchez ha querido impulsar justo a raíz de la investigación judicial sobre la actividad profesional de su esposa, al Gobierno se le ha 'olvidado' desarrollar la estrategia global para combatir la corrupción, a la que está obligado por una ley anterior del propio Ejecutivo.

El plazo de año y medio se cumple este mes de septiembre, sin señales de avances. La propia Comisión Europea, en su informe de 2024 sobre el Estado de derecho, ha recordado a España que tiene pendiente su cumplimiento. A pesar de haber manifestado su intención de adoptar dicha estrategia, señala el documento, "el Gobierno aún no ha empezado esta labor".

El compromiso se deriva de una disposición adicional de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en la que el Ejecutivo, también con retraso, traspuso a la legislación española la 'directiva whistleblowers', concebida para amparar a los denunciantes.

Tras su aprobación en el Congreso, entró en vigor en marzo de 2023. La ley establecía que "el Gobierno, en el plazo máximo de dieciocho meses, y en colaboración con las comunidades autónomas, deberá aprobar una estrategia contra la corrupción". Aunque se deriva de esa normativa, en las comunicaciones que el Ejecutivo ha mantenido con la Comisión Europea ha transmitido que "tendrá un ámbito de aplicación más amplio, no limitado únicamente a la protección de los informantes".

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Fuentes gubernamentales confirman que muchas de las consideraciones que Bruselas ha hecho a España en su último informe "se abordarán probablemente en el marco de la elaboración del plan de acción democrática" que, tras los contactos con los grupos parlamentarios, se debe presentar también en septiembre. Entre ellas, la reforma de la ley de secretos oficiales, cuya reactivación Sumar asegura que se ha pactado con el PSOE, o un cambio en el reglamento del Congreso para endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten la declaración de bienes y actividades o que lo hagan con información falsa, que Sánchez ya anunció en la Cámara Baja.

Pero el informe apunta también a otras cuestiones que permanecen pendientes y sobre las que no existen novedades a corto plazo. Como la aprobación de una ley sobre la actividad de los grupos de interés, de la que incluso llegó a existir un anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que permanece en el olvido. O la petición de Bruselas de reforzar la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses y su capacidad sancionadora.

A la espera de las novedades del nuevo curso político y de la concreción del plan de acción democrática, el compromiso más firme del Ejecutivo es este campo es la aprobación de una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y de una Ley de Administración Abierta, que, según las conversaciones mantenidas con Bruselas, deberán incluir "una modificación de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas" y "una estrategia u hoja de ruta anticorrupción para todo el sector público".