La Abogacía del Estado defiende al cargo cesado por Puente y las acusaciones exigen explicaciones

La auditoría del Ministerio de Transportes, dirigido ahora por Óscar Puente, y el cese de los cargos del departamento anunciado este viernes, ha irrumpido ya en el caso Koldo y lo ha hecho con polémica. El que fuera subsecretario Jesús Manuel Gómez García hasta hace unas horas -aunque lleva imputado semanas- se mantiene defendido por la Abogacía del Estado. Las acusaciones ya han movido ficha, pero, al menos de momento, el instructor no ha ordenado que busque un abogado particular. El PP ha anunciado recurso este mismo martes.

En una reciente providencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el juez José Luis Calama, a cargo de las diligencias en ausencia de Ismael Moreno, mantiene el acuerdo por el que se tiene por personados a los servicios jurídicos estatales "para actuar en defensa y representación del investigado" aunque advierte que lo hace sin perjuicio de que haya cambios en este criterio si a lo largo de la instrucción se produce un conflicto de intereses de comprobarse la eventual existencia de un delito contra la Hacienda Pública.

La polémica está en el cese, pero también en la confrontación que supone a la Abogacía la posibilidad de tener que actuar como defensa y como acusación si, como es probable, se acaba apreciando un perjuicio a las arcas públicas. El Juzgado tiene pendiente reclamar a la Agencia Tributaria que determine la existencia de cuotas defraudadas en el ejercicio fiscal 2020 por parte de las personas físicas y jurídicas investigadas por la posible comisión de un delito fiscal.

Gómez García se sitúa en la instrucción como uno de los personajes principales que empleaba el asesor de Jose Luis Ábalos para mantener el control sobre el destino y cuantía de las adjudicaciones para la compra de material sanitario investigadas. Los mensajes incautados reflejan, por ejemplo, que el ya exsubsecretario parecía hacer de "correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores", lo que choca con el hecho de que durante su declaración en sede policial negara participación alguna. Para Anticorrupción, esa "afirmación se ha revelado alejada de la realidad". Mantuvo, además, varios encuentros con Koldo García, el asesor de confianza del exministro ahora señalado.

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El procedimiento se le ha puesto cuesta arriba a Ábalos hasta el punto de que la posibilidad de que la Audiencia Nacional remita exposición razonada en su contra al Tribunal Supremo para que se le investigue se ve cercana. La auditoría elaborada por su sucesor Puente ha sido fundamental para agitar las aguas. Como ya ha publicado este diario, el informe de Transporte apunta a un conocimiento extenso de las actividades de la trama por parte del socialista. Seis días después de que el Ejecutivo declarara el primer estado de alarma y, con él, el confinamiento, Ábalos firmó dos órdenes consecutivas en las que daba su beneplácito a la compra de mascarillas proporcionadas por Soluciones. En la primera orden, autorizaba la adquisición de cuatro millones de unidades. En la segunda, remitida 38 minutos después, doblaba la cantidad a ocho millones sin que nada respaldara ese salto, dice el Ministerio de Transportes, entre otros nuevos indicios.

Los recursos

Nada más conocerse este viernes los ceses anunciados por Puente desde el Senado (por sorpresa y en pleno agosto) las acusaciones comenzaron a recurrir la presencia de la Abogacía como defensa. El PP asegura en su escrito que los datos de la auditoría reflejan relevantes defectos de tramitación que no son compatibles con que el exsubsecretario continúe representado por estos servicios jurídicos.

"Los hechos objeto de imputación al Sr. Gómez García se podrían calificar jurídicamente dentro del Título XIX de delitos contra la Administración Pública. No puede entenderse cómo la Abogacía del Estado pueda postularse en defensa de aquellos investigados por delitos que precisamente atentan contra los bienes jurídicos que debe defender la Abogacía del Estado (entre otros, el correcto funcionamiento de la Administración Pública)", indica su escrito.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha referido también a esta cuestión y ha denunciado desde Pamplona "la utilización de la Abogacía del Estado por parte del presidente del Gobierno y del Gobierno de España para proteger a los corruptos". En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en los Cursos Europeos de Verano organizados por Diario de Navarra y Equipo Europa, Gamarra ha añadido, que si se pone a la Abogacía al servicio de los corruptos, lo que se hace es "tapar la corrupción".

En otros de los recursos ya presentados por ejemplo, el firmado por la Asociación Liberum, se incide en que, como consecuencia, de esta decisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible no debería proceder la defensa de los servicios jurídicos estatales.

Si el motivo de Puente es la pérdida de confianza que esgrime, no se entiende que se le proporcione la ventaja de esta representación, dicen. "Es contradictorio e incoherente con el mantenimiento de la personación de la representación procesal". "Dado que, estamos en un procedimiento con varios investigados que ostentan cargo público y/o funcionario en relación con los hechos investigados, la Abogacía debe abstenerse de actuar en representación de estos, poniendo en conocimiento a la Dirección General de lo Contencioso", indica el recurso.

El exsubsecretario que se encuentra en el centro de esta polémica figura también en la ya famosa auditoría de Transportes. Se asegura que fue interrogado en busca de explicaciones sobre la decisión de doblar el número y precio de las mascarillas adquiridas. Dijo que supuso que fue Ábalos quien había dado la luz verde. "Entendió que esta decisión venía avalada por el ministro, pues, de hecho, la nueva Orden para adquirir un máximo de 8 millones de mascarillas vino firmada por él", dice el informe.

Óscar Puente propuso su nombramiento como subsecretario en diciembre de 2023. El Consejo de Ministros entendió entonces que de ese modo se daba continuidad al cargo dado que Gómez, desde junio de 2018 hasta enero de 2020, había sido subsecretario del Ministerio de Fomento y, desde enero de 2020, subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la etapa de Ábalos.