El PP niega fisuras en sus barones por el cupo catalán: "Nuestros presidentes no mercadean"

La corrupción, la inmigración y las cesiones a los independentistas. El PP arranca el curso político con la premisa de redoblar medidas e iniciativas para cercar a un Gobierno de “vodevil”, acosado, según la formación, por los “escándalos” que persiguen a la mujer del presidente y al propio Ejecutivo. El objetivo de los populares es no dar margen a los socialistas y esta misma tarde el partido ha difundido un manifiesto para denunciar lo que consideran el último agravio de Pedro Sánchez: el concierto catalán firmado con ERC para garantizar la investidura de Salvador Illa. El texto, suscrito por todos los barones autonómicos, servirá a Génova para escenificar la unidad de la formación en una cuestión en la que cada comunidad defiende una premisa diferente y alejar la tentación de que cada presidente intente pactar por su cuenta con el Ministerio de Hacienda.

“No mercadeamos, nuestros presidentes autonómicos no mercadean. A nosotros nos interesa más la política de Estado y es en lo que están nuestros presidentes”, ha defendido Borja Sémper, en la rueda de prensa tras el Consejo de Dirección que el PP ha celebrado esta mañana. El portavoz de los populares se refería de esta forma a la invitación que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo al conjunto de comunidades una vez conocido el pacto entre el PSC y ERC para sacar a Cataluña del régimen de financiación común y dar a la autonomía un sistema similar al vasco.

El manifiesto del PP defiende la unidad del sistema de financiación y la “igualdad de todos los españoles ante la ley y su Gobierno”. El texto señala que el acuerdo suscrito por los socialistas y los republicanos "es un intento ilegítimo" de modificar la Constitución y el modelo de Estado "por la puerta de atrás". Los 12 barones del PP, aunque reconocen las diferencias entre comunidades, censuran que el cupo catalán impulsa la "desigualdad e insolidaridad" entre territorios, además de alertar que la cesión del control de la fiscalidad a la Generalitat va a servir para "financiar sin límites otro proceso independentista". Además, "debería costearse con grandes subidas de impuestos a los ciudadanos del resto de comunidades y certificaría la inexistencia del Estado en Cataluña", alertan.

Para el PP, según señala el documento, los servicios básicos, como la sanidad o la educación, están en "riesgo" por un "permanente mercado de poder a cambio de privilegios que sólo beneficiarán a los políticos artífices de este cambalache institucional". El parido además avanza que utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para impedir la materialización del acuerdo. El manifiesto no recoge una propuesta concreta para la reforma del modelo de financiación autonómica. La última revisión se pactó en 2009 y lleva caducada desde 2014. Más allá del documento, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, liderará un encuentro el próximo seis de septiembre con todos los dirigentes territoriales para abordar la cuestión de la financiación. Para los populares este es un tema de “extrema urgencia y necesidad”, y para el que ha previsto otras medidas, como llevar mociones a todos los ayuntamientos y diputados para denunciar la creación de españoles “de primera y de segunda”.

Sémper además ha puesto el foco en que no es el PP el único que censura el acuerdo. El portavoz popular ha recordado que hay cargos socialistas que no comulgan con el cupo catalán y ha dejado en evidencia las contradicciones del Gobierno, que todavía no ha explicado los detalles y alcance del acuerdo suscrito con Esquerra, cuando la semana pasada Montero defendió que no se podía hablar de concierto económico y otros ministros terminaron por matizar las palabras de la titular de Hacienda para no enfadar a ERC. “Nos tratan a todos por tontos, también a ERC”, ha zanjado.

La inmigración será el segundo gran asunto que marque el inicio del curso para los populares. Sémper ha denunciado la “inacción” del Gobierno, incapaz, según el portavoz de los populares, de poner medidas concretas encima de la mesa para dar respuesta a un fenómeno que golpea a varias comunidades y que previsiblemente se agravará en los próximos meses, con la posible llegada de muchos más inmigrantes a Canarias gracias a las condiciones más propicias del mar a partir de esta época del año. Sémper ha criticado que el Gobierno trata a los inmigrantes y menores no acompañados como “paquetería” y ha enunciado las medidas que los populares exigen al presidente. Entre ellas, refuerzo de Frontex y activar en Europa el mecanismo de reparto de inmigrantes previsto para casos de gran afluencia. El objetivo del Ejecutivo pasa, sin embargo, por modificar la Ley de Extranjería, tal y como pactó con Coalición Canaria para que las islas cuenten con mecanismos de derivación tasados.

Opinión

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Sémper ha emplazado a Sánchez, que inicia mañana una gira por Mauritania, Gambia y Senegal, a que visite también las comunidades más afectadas por la afluencia de migrantes. El PP exige que convoque lo antes posible una conferencia de presidentes para abordar con todas las autonomías, muchas, según los populares, completamente “sobrepasadas” y “abandonadas”, la crisis migratoria que sufre el país. En las últimas horas, hasta 1.500 personas han intentado entrar a Ceuta, mientras el goteo de cayucos en Canarias sigue siendo constante.

Por último, el PP ha puesto el foco en la corrupción. Tanto en las investigaciones que ponen en cuestión la legalidad de los negocios de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, como las que salpican al conjunto del Ejecutivo, en referencia al caso Koldo, del que el viernes se conocieron nuevos datos y la decisión del Ministerio de Transportes de cesar a dos nuevos altos cargos tras su imputación por parte del juez que investiga la compra de mascarillas por parte de Adif y Puertos del Estado en los momentos más duros de la pandemia.

Sémper ha descartado que el PP vaya a pedir la comparecencia de Gómez en la comisión de investigación del Senado, pero sí ha recordado que Sánchez será una de las personas que deberá ofrecer explicaciones, aunque todavía los populares no hayan cerrado la fecha. “Si los contratos de Transportes con Koldo fueron irregulares, asumimos también que lo fueron los de Interior, Baleares y Canarias”, se ha preguntado Sémper en relación con la auditoría de Fomento que señala que el exministro Ábalos tuvo conocimiento de los contratos firmados con la presunta trama corrupta liderada por su propio asesor.

“Hay una responsabilidad penal que decidirán los tribunales, pero también una responsabilidad política, por eso Sánchez sigue debiendo una explicación. Nadie va a poder eludir sus responsabilidades”, ha prometido el portavoz de los populares, que no ha dudado en cargar contra Podemos, Sumar, ERC, Junts o el PNV por mantener al Gobierno de Sánchez y no exigir ninguna explicación al presidente del Gobierno. “Callan de forma clamorosa. ¿A qué temen?, ¿A Sánchez?, ¿A las urnas”, se ha preguntado.