La cátedra de Begoña Gómez montó un 'concurso fantasma' para adjudicar un contrato a dedo a Deloitte
La coordinadora de la cátedra pidió tres presupuestos para un contrato menor, tal y como le exigía la Complutense, pero solo dio 24 horas para enviar las propuestas. Deloitte fue la única que formuló una oferta
Begoña Gómez organizó un concurso fantasma para adjudicar a Deloitte un contrato a dedo relacionado con su polémico software de sostenibilidad. Documentos internos del centro revelan que la secretaria personal de la mujer del presidente del Gobierno, Blanca de Juan de Castro, dio 24 horas a tres empresas para que presentaran ofertas a un contrato menor de 14.999 euros más IVA. Deloitte fue la única que formuló una propuesta antes de que terminara el plazo y, ante la ausencia de rivales, acabó llevándose el encargo.
La supuesta urgencia sirvió para sortear las reglas de contratación de la Universidad Complutense. En el caso de los contratos menores, la institución exige disponer de al menos tres presupuestos diferentes para garantizar la concurrencia y evitar sobrecostes. Si el importe del contrato hubiera alcanzado o superado los 15.000 euros, los requisitos habrían sido mayores, con una convocatoria abierta a cualquier interesado y un procedimiento legal más exigente. Begoña Gómez evitó la celebración de una licitación pública por apenas 1 euro y condicionó el resultado del contrato menor.
Según los documentos, De Juan, coordinadora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y mano derecha de Begoña Gómez, solicitó los tres presupuestos preceptivos el 1 de diciembre de 2022. En concreto, a las 12.55 horas de ese día envió un correo a tres proveedores para invitarlos a trabajar en "la ideación y puesta en marcha de una plataforma de gestión y medición de impacto para pymes", el famoso software de sostenibilidad que en ese momento ya llevaban meses ejecutando Indra, Telefónica y Google de forma gratuita a petición de la mujer de Pedro Sánchez.
Como prueban los correos, a los que ha tenido acceso El Confidencial, uno de los destinatarios de De Juan fue precisamente un directivo de Minsait, filial de Indra. Otro correo fue enviado a una dirección genérica (info@techxonn.com) de una empresa de Aravaca (Madrid) dedicada al desarrollo de aplicaciones. Finalmente, el tercer y último mensaje fue remitido a un socio responsable de consultoría de Deloitte.
La coordinadora de la cátedra expuso los requisitos que debían cumplir las ofertas: "Evaluación y análisis del trabajo realizado", "propuesta de mejoras e identificación de riesgos", "(…) acreditar la experiencia en proyectos con equipos multidisciplinares"… El mensaje también exigía que el servicio tenía que prestarse "antes de la finalización de 2022". Aludiendo a esa presunta premura, De Juan advirtió de que el tiempo para responder era limitado. "Se considerarían propuestas recibidas hasta mañana (2 de diciembre 2022) a las 13.00 horas", advirtió la mano derecha de Begoña Gómez.
Minsait, que ya estaba involucrada en el proyecto del software y tenía una relación fluida con la pareja del secretario general del PSOE, no planteó ninguna oferta. Por su parte, en el caso de Techxonn, ni siquiera hay constancia de que alguien leyera la invitación al proceso. Solo el directivo de Deloitte contestó al ofrecimiento de la cátedra.
Según los documentos, este directivo respondió a las 8.40 horas del día siguiente: "Estimada Blanca, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta para asistirles en la Asesoría-acompañamiento para evaluar los riesgos del proceso y proponer acciones de mejora en la implementación de la plataforma de gestión y medición de impacto de pymes".
Su propuesta figuraba en un archivo adjunto. En apenas unas horas, Deloitte fue capaz de elaborar un documento de 16 páginas que desarrollaba con profusión su visión del proyecto, incorporando además información que no figuraba en el correo que De Juan había compartido un día antes con las tres compañías invitadas.
La cátedra dio por solicitados los tres presupuestos, aunque sólo manejó uno. En el informe de control del contrato menor se incluyeron, acompañando la propuesta de Deloitte de 14.999 euros más IVA, los nombres de Minsait y Techxonn junto a sendas casillas en blanco. La cátedra reflejó en el documento que la consultora fue elegida porque se trató de la "única empresa licitadora".
El periodo de ejecución del servicio era teóricamente de tres semanas para que el software estuviera listo antes del 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, en los archivos enviados por la Complutense a la comisión de investigación del Senado sobre los contratos de la pandemia, aparece otra propuesta de Deloitte para la ejecución del mismo contrato que tiene fecha del 6 de marzo de 2023.
Como reveló el examen interno de la Universidad sobre las actividades de Begoña Gómez, incorporado ya a las diligencias del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la esposa del presidente del Gobierno acreditó la realización del servicio de Deloitte firmando personalmente la factura de 14.999 euros más IVA correspondiente. La rúbrica se estampó el 28 de julio de 2023, siete meses después del tope temporal en el que supuestamente tenía que estar terminado el trabajo y que sirvió para conceder sólo 24 horas para la recepción de ofertas.
Meses después, la cátedra de Begoña Gómez adjudicó un nuevo contrato de 60.500 euros a Deloitte para otro servicio relacionado con el software de sostenibilidad. En esa ocasión, por el importe del encargo, fue necesario celebrar un concurso público. La propia pareja del presidente del Gobierno redactó los pliegos técnicos de la licitación.
En octubre de 2022, Begoña Gómez registró el software en la Oficina Española de Patentes y Marcas utilizando como domicilio la vivienda que compartía con Sánchez antes de mudarse a la Moncloa en junio de 2018. Asimismo, el pasado noviembre, Begoña Gómez constituyó una mercantil de la que es administradora única que emplea para controlar una web que ofrece la aplicación de sostenibilidad.
La Complutense ha pedido personarse en las diligencias que instruye el juez Juan Carlos Peinado, alegando que la pareja del dirigente socialista pudo cometer un delito de apropiación indebida, ya que el software formaba parte del patrimonio de la institución.
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