Moncloa sentencia a Ábalos con una auditoría que lo sitúa en el origen de la trama Koldo

Hace seis meses, el PSOE señaló al exministro José Luis Ábalos la puerta de salida. Los socialistas le exigieron que entregara su acta de diputado una vez se conoció la vinculación de su asesor de confianza, Koldo García, con una trama de corrupción que usó la pandemia para hacer caja y que tuvo el departamento que dirigía como núcleo central. Medio año más tarde, el Gobierno acaba de darle un empujón definitivo con una auditoría elaborada por el equipo de su sucesor, Óscar Puente, en la que se destaca su responsabilidad en las operaciones que desarrolló la red.

Mientras la Audiencia Nacional impulsaba su instrucción y, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, iba estrechando el cerco sobre Ábalos, el Ministerio de Transportes elaboraba el informe que previsiblemente servirá de base para armar una futura solicitud de imputación. El exministro dejó sus cargos orgánicos en el partido, pero se aferró a su escaño y pasó al Grupo Mixto. Al ser diputado, continúa aforado, de modo que será necesaria una intervención del Tribunal Supremo para investigarle. Está aún por ver si el movimiento del Ejecutivo sirve para colocar un dique y que la marea no suba más arriba.

La instrucción judicial se le había puesto ya cuesta muy arriba antes del verano. Los investigadores sospechaban desde un inicio que las adjudicaciones otorgadas a la compañía fueron contrataciones a dedo y que el asesor de Ábalos se lucró haciendo la labor de intermediario para la mercantil. En correos analizados, la Guardia Civil señalaba en junio que Ábalos era conocedor de esos trabajos. Los avances de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el análisis del material incautado dejaban claro que conocía las gestiones que mantenía su hombre de confianza con la principal empresa de la trama, Soluciones de Gestión. García -decía la Guardia Civil- le tenía al tanto de "los pormenores" y le reenviaba información a un "correo que se correspondería" con su "cuenta personal".

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Europa Press

Sin embargo, el informe del departamento de Óscar Puente, hecho público hace unas horas, viene a darle la puntilla. Concreta datos que hasta el momento se desconocían. La auditoría dice —por ejemplo— que su conocimiento no era circunstancial o puntual, sino que mantuvo un papel activo ya desde los inicios. Seis días después de que el Ejecutivo declarara el primer estado de alarma y, con él, el confinamiento, Ábalos firmó dos órdenes consecutivas en las que daba su beneplácito a la compra de mascarillas proporcionadas por Soluciones. En la primera orden, autorizaba la adquisición de cuatro millones de unidades. En la segunda, remitida 38 minutos después, doblaba la cantidad a ocho millones sin que nada respaldara ese salto, dice el Ministerio de Transportes.

Para empeorar aún más su panorama, el material sanitario debía destinarse a distintos organismos dependientes del departamento de Ábalos. Cuatro millones llegaron a su destino, pero respecto a los otros cuatro, no se ha constatado la entrega. La auditoría especifica que no hay "constancia documental" de las unidades con destino al transporte terrestre y empleados del MITMA. "Tampoco hay constancia documental de entrega de mascarillas a las asociaciones representativas y entidades públicas con competencia en el ámbito del transporte terrestre de viajeros y de mercancías, para su posterior distribución a los trabajadores que prestan estos servicios", agrega.

"Sin control"

El documento da otras pistas sobre el descontrol de aquellos primeros días. Destaca que el asesor de Ábalos se ocupó de distribuir las "primeras mascarillas" que llegaron al aeropuerto de Barajas "sin control". Desaparecieron miles de unidades y, en otros casos, se almacenaron. A día de hoy el Ministerio todavía tiene guardadas más de 440.000 mascarillas que nunca fueron utilizadas. Eso supone un coste de 1,1 millones de euros, según el cálculo de la auditoría interna encargada Puente.

Después de un parón provocado por la disputa por la competencia mantenida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea, que reclamó el control del caso hasta que el Supremo decidió en su contra, la causa se reactivará este septiembre. El juez instructor Ismael Moreno ha ordenado una ronda de declaraciones que arrancará el día 9 y en la que están convocados los dos cargos a los que cesó Puente el pasado viernes.

En el procedimiento, que ahora parece al borde de ampliarse, están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. El juez investiga a Koldo García, exasesor del exministro Ábalos, y a otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.