El juez Peinado ignora a Sánchez pese a la amenaza de la querella por prevaricación

Es evidente que el juez Juan Carlos Peinado ha terminado sus vacaciones. A su vuelta, el magistrado ha seguido impulsando las pesquisas abiertas por las actividades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno. Su última resolución sobre la declaración de Pedro Sánchez y la orden de registro dictada en el marco de una pieza secretas evidencian que va a ignorar la amenaza de las querellas de prevaricación que han presentado en su contra tanto el presidente como su esposa. No esperará a la resolución de estas denuncias, en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para continuar avanzando.

Las querellas se presentaron en la última semana de julio con la evidente intención de discutir la imparcialidad del magistrado para conducir la instrucción y sustentar una recusación. Con el movimiento, Moncloa movía ficha —casi de forma preventiva— y confiaba en evitar una posible solicitud de imputación del jefe del Ejecutivo. Las dos acciones penales se presentaron de forma coordinada. Mientras Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, se centraba en su declaración como testigo y defendía que la comparecencia solo se impulsó por motivos políticos y que la intención final era la de difundir las imágenes para generarle un perjuicio, Gómez ampliaba el foco y apunta a una revelación de secretos.

Con querellas o sin ellas, el magistrado no ha variado ni su estilo ni su ritmo de instrucción. En una primera decisión que trascendió este jueves, Peinado rechazó el intento del propio Sánchez y de la Fiscalía de que la grabación de la declaración en la que se negó a responder preguntar contra su mujer no se pusiera a disposición de las partes. En una providencia explicaba, en resumen, que no aprecia motivos para hurtar ese conocimiento a las acusaciones que, además, no estuvieron presentes en el acto en su gran mayoría y quedaron representadas por la abogada de Vox.

La Fiscalía pedía que, en este caso, se hiciera una excepción a la norma y se sustituyera la entrega de las imágenes por un escrito explicativo. El juez no ve motivos para hacerlo y explica que el visionado del acto puede dar pie a "conclusiones", debido al silencio de Sánchez ante preguntas que "habría de haber contestado" como testigo cuando acudió a tomarle declaración al Palacio de la Moncloa el 30 de julio.

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La querella de Sánchez insinuaba que la intención final de la citación era airear de forma pública su presencia ante un juez y, con ello, hacerle daño. La Abogacía incluso insistía en que actuó a sabiendas para evitar que el presidente declarara por escrito, prerrogativa de la que podía beneficiarse si se le citaba por asuntos vinculados con el ejercicio de su cargo. Ponía de manifiesto que la decisión del juez supuso una falta de respeto a una de las instituciones representativas del país, decía que a Peinado le faltó "mesura" para evitar resoluciones que "pueden influir en el devenir político de un país" e ironizaba con que, las imágenes de la declaración acabarían siendo filtradas a los medios. "Lo veremos a buen seguro en breve", indicaba.

"No realizó manifestación alguna respecto de las posibles preguntas que se le hubieran podido realizar, que, si no se consideraran impertinentes por este Instructor, habría de haber contestado, bajo juramento y, por tanto, decir verdad", decía el juez. Peinado desoye con su providencia estas insinuaciones y dice que las partes, "tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen en las diligencias previas, incluidos los contenidos en los soportes digitales en los que se documenten".

Los registros

Además de obviar el riesgo de la acusación de prevaricación que pesa en su contra en lo que afecta a la declaración de Sánchez, el magistrado está continuando de forma activa con la instrucción de las diligencias. Ordenó hace unas horas a la UCO que registrara tanto el domicilio como la sede social de la principal empresa de Juan Carlos Barrabés, figura clave en la investigación. En el centro, Innova Next que recibió contratos millonarios con fondos públicos a partir de 2017.

Peinado reclamó ya en mayo "todos los expedientes de contratación" que Red.es concedió a empresas de Juan Carlos Barrabés, pero también los que se adjudicaron desde "el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid", que no están financiados con fondos europeos. De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) se personó días después ante sus respectivas sedes para requerir documentación siguiendo sus instrucciones. Ahora, el Instituto Armado da un paso más con el respaldo del magistrado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid empezó hace unas semanas la tramitación de las dos querellas. Precisó ya por entonces que no se resolverán hasta el próximo septiembre. En la denuncia de la mujer del presidente ha sido designado como ponente el magistrado José Manuel Suárez Robledano por turno de reparto de la Sala. El magistrado fue elegido consejero del Tribunal de Cuentas en junio de 2012 por el Congreso a propuesta del PP tras una larga trayectoria anterior en distintos juzgados. En el caso de la querella de Sánchez se designó como ponente el magistrado Francisco José Goyena, que remitió recientemente al Supremo una exposición razonada contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, para que se le impute por revelación de secretos. Este mismo lunes, la instrucción continuará con la declaración de varios testigos.