Los 38 minutos en los que Ábalos selló la corrupción de Transportes en plena pandemia
El Ministerio de Óscar Puente reconoce, dos meses después de que Anticorrupción lo señalara, la participación directa del exministro en el arranque de las actividades de la trama
No hicieron falta más de 38 minutos en un 20 de marzo de 2020 para que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, visara el inicio de la presunta corrupción de su departamento vinculada a la pandemia del covid e investigada por la Audiencia Nacional. El detalle de esa media hora larga queda reflejado en un informe de auditoría que su sucesor en el cargo, Óscar Puente, eligió para airear un viernes de agosto y en el que se apunta al ya exdirigente socialista. La firma se estampó en una orden ministerial en la que se pasó de adquirir cuatro millones de mascarillas a ocho. La pandemia acababa de arrancar y entre las 19.55 y las 20.33 horas sellaba con su firma el pistoletazo de salida para la actividad de una trama directamente relacionada con la empresa Soluciones de Gestión, en el centro del caso Koldo, indica la investigación interna del Ministerio.
El informe de 89 páginas describe cómo los movimientos arrancaron unos días antes. El subsecretario del Departamento señaló que fue el ministro Ábalos quien, entre el 14 y el 20 de marzo, le dio la orden de realizar una compra de mascarillas a fin de asegurar el abastecimiento y el transporte esencial en un contexto de estado de alarma. Un día antes de sellar la orden en la que se doblaba la cantidad, se realizó una estimación de necesidades de cuatro millones de mascarillas para los 15 días del primer estado de alarma.
El relato se centra en las siguientes 24 horas. A las 19.55 horas, Ábalos dio curso a una orden "por la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de cuatro millones de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana". La orden se modificó ese mismo día a las 20.33 horas, desde el mismo buzón, el del Gabinete del ministro. Anulaba la anterior y pasaba a ordenar la adquisición y distribución de un máximo de ocho millones de mascarillas.
La estimación de necesidades se alteró para alcanzar en concreto 7.934.800 de unidades que debían distribuirse en ADIF, Renfe, ENAIRE, AENA, Puertos del Estado, Correos y Transporte Terrestre y el propio Ministerio. Según explica Puente, que aprovechó una comparecencia en el Senado sobre la red ferroviaria para destacar el asunto y anunció el despido de dos cargos de Transportes, las explicaciones obtenidas son más bien escasas.
En el informe se explica que uno de los dos cesados, el subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, fue interrogado en el marco de la auditoría por "este cambio en la cuantía de las necesidades detectadas que vienen a justificar la modificación en el objeto de la emergencia". Es en este punto en el que aparece en escena el asesor de Ábalos, Koldo García.
Gómez indicó que Koldo le dijo que "el proveedor suministraba ocho millones o nada", y que entendió que esta decisión venía avalada por el ministro, pues, de hecho, la nueva orden para adquirir un máximo de ocho millones de mascarillas vino firmada por él. El director general corroboró más tarde esta versión "al indicar que esta cifra de mascarillas se decidió a nivel ministro".
"No puede menos que llamarse la atención sobre que esta modificación en el objeto de la emergencia no se ajusta a los criterios exigibles en una tramitación de estas características, ya referidos en este informe, dado que se considera no adecuadamente resuelta la justificación del alcance (número de mascarillas a adquirir) de la emergencia", dice la auditoría que apunta que la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia y, por lo ya expuesto. "No parece justificarse que, habiéndose estimado una necesidad de cuatro millones de mascarillas para 15 días naturales (duración del estado de alarma), en solo 38 minutos se duplique tal estimación", agrega.
Dos meses después
La auditoría de Transportes sorprende a la vista de los avances del caso Koldo en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción reclamó la imputación de los dos cargos señalados el pasado junio. El Ministerio Fiscal apuntaba a Gómez García, y al jefe de personal de ADIF, Michaux Miranda Paniagua, por su vinculación con las presiones ejercidas por la trama del caso Koldo para hacerse con contratos de material sanitario durante la pandemia.
El fiscal también reclamaba la imputación del ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, que ya había sido cesado por entonces por Puente. Puertos del Estado adjudicó a la trama un contrato de 24,2 millones y ADIF otro de 12,5 millones por la compra de mascarillas. Anticorrupción aseguraba hace dos meses que tanto los informes policiales como los documentos incautados apuntan a que Gómez, Miranda y Sánchez "podrían haber ejercido ciertas presiones" sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas. Ese marcaje se dirigía a impedir que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos.
En sus mensajes daban por hecho, sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, la empresa vinculada a la trama. "En principio, sin perjuicio de ulteriores consideraciones, tal conducta podría ser encajable dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias", indica el fiscal. Los mensajes reflejan que Koldo García tuvo una participación directa en la gestión y que luego daba curso a algunos de ellos a otro correo que dependía del propio Ábalos.
No hicieron falta más de 38 minutos en un 20 de marzo de 2020 para que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, visara el inicio de la presunta corrupción de su departamento vinculada a la pandemia del covid e investigada por la Audiencia Nacional. El detalle de esa media hora larga queda reflejado en un informe de auditoría que su sucesor en el cargo, Óscar Puente, eligió para airear un viernes de agosto y en el que se apunta al ya exdirigente socialista. La firma se estampó en una orden ministerial en la que se pasó de adquirir cuatro millones de mascarillas a ocho. La pandemia acababa de arrancar y entre las 19.55 y las 20.33 horas sellaba con su firma el pistoletazo de salida para la actividad de una trama directamente relacionada con la empresa Soluciones de Gestión, en el centro del caso Koldo, indica la investigación interna del Ministerio.
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