Puigdemont llevará hasta el límite su desafío contra el juez Llarena por la amnistía

Carles Puigdemont no tiene intención de parar en su pelea legal sobre la ley de amnistía. Ha iniciado una nueva vía contra el juez Pablo Llarena que, según aseguran fuentes de su entorno, piensa llevar hasta las últimas consecuencias. Después de presentar ante el Consejo General del Poder Judicial una denuncia en la que acusa al magistrado de incurrir en una "desatención y un retraso injustificado y reiterado" de la tramitación y de la resolución de sus escritos de reforma contra la decisión de no concederle el perdón, agotará todas las vías de recurso en el caso de que no se atiendan sus demandas.

La denuncia se ha presentado durante este mes de agosto, inhábil en el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas aseguran que la tramitación, en manos de la secretaría del alto tribunal, aún no se ha completado y no acabará previsiblemente hasta la vuelta de las vacaciones. Pese a ello, la queja registrada ante el CGPJ, firmada por el abogado Gonzalo Boye, asegura que se ha excedido con creces "el plazo legalmente previsto" para que el magistrado responda y reclama, por ello, responsabilidades disciplinarias.

El equipo legal del expresident catalán, huido por dos veces, tiene previsto "llegar hasta el final". Ya tienen decidido impugnar cualquier decisión negativa que adopte el Consejo. El órgano da ahora sus primeros pasos y tiene restringidas la mayoría de sus funciones, ya que, de momento, no tiene presidente. Solo se tramitan los asuntos inaplazables y de especial urgencia. Por ejemplo, en el último pleno celebrado se sacaron adelante más de un centenar de acuerdos, pero sobre cuestiones como jubilaciones o permisos.

Si el CGPJ rechaza sus argumentos, Puigdemont recurrirá. Las resoluciones del Consejo son recurribles ante la Sala Tercera del TS, de lo Contencioso-Administrativo. Agotada esa vía queda la del Constitucional. Con esta nueva derivada se facilita así otro trayecto con destino al TC, que preside Cándido Conde-Pumpido y que acabará fallando sobre la amnistía y Puigdemont antes o después. Los recursos se sumarían a los que ya están en marcha.

Las acusaciones

En su escrito al CGPJ, Puigdemont indica que la conducta que atribuye al juez Llarena -una inobservancia de los tiempos legalmente establecidos- encaja incluso en una falta muy grave, que llevaría aparejada la suspensión del ejercicio. Toda la pelea viene arrastrándose desde julio cuando el magistrado rechazó levantar la orden de detención nacional contra Carles Puigdemont al considerar que la ley de amnistía no cubre su caso debido a que el desvío de fondos del procés del que le acusa supuso un enriquecimiento ilícito, conducta que se encuentra entre las excepciones al perdón que recoge la norma. También aprecia que se incurrió en un perjuicio contra los intereses económicos de la UE. El primer paso que Puigdemont dio consistió en recurrir el auto de Llarena ante el propio Supremo. Una vez resuelto este recurso y el posterior de apelación, el líder de Junts tendría abierto, como decíamos, el camino al Constitucional para impugnar esta decisión.

Según detalla la queja al Consejo -que adelantó El Confidencial- los recursos de reforma aún no contestados se presentaron el 8 y 9 de julio "dentro del plazo legalmente establecido". También recurrieron la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la defensa de Marta Rovira y la del exconseller Lluís Puig. Semanas más tarde, el día 22, el abogado Boye cursó otro escrito ante el propio TS en el que ya se refería al incumplimiento de plazos que ahora alega.

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Puigdemont apunta a que la falta de respuesta continúa, a pesar de que este 7 de agosto Llarena solicitó dejar sin efecto su licencia de vacaciones para ocuparse de la detención del expresident. Insinúa, además, que la decisión de Llarena -que también compartió la Sala de lo Penal en el caso de los condenados por el procés- es "manifiestamente ilegal". Según argumenta, teniendo en cuenta las fechas en que se interpusieron, "los recursos de reforma interpuestos por los denunciantes debieron haberse resuelto hace más de un mes, durante la primera mitad del mes de julio de 2024". "Nos hallamos ante un incumplimiento reiterado", insiste.

La denuncia viene a sumarse a otras acciones de Puigdemont contra Llarena. Ha ido presentando distintas solicitudes de recusación que no han prosperado, algunas de ellas directamente vinculadas a la ley de amnistía. Por ejemplo, dudó de su imparcialidad por su supuesto "cuestionamiento de constitucionalidad de una posible y futurible ley de amnistía" después de que asegurara en un acto que habría que analizar “si el ordenamiento constitucional permite o no la amnistía” y, en caso afirmativo, valorar "si la posible ley es legítima o si se justifica".

El propio Puigdemont ha acusado a la judicatura de perseguirle por motivos ideológicos. Ha dicho que hay magistrados dispuestos a incumplir la ley de amnistía, calificándoles como "el aparato judicial español" que lidera "un golpe de Estado híbrido". "El hecho verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no se aplican, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español actúa con la indolencia del resignado", lanzó en una de sus últimas apariciones públicas.