Gobierno y PP alargan el pulso por la inmigración y condenan el decreto para Canarias y Ceuta

La solución para la crisis migratoria en España está lejos de una propuesta de consenso. El Gobierno y el PP, que ya se enzarzaron en julio por la reforma de la Ley de Extranjería, mantienen posturas contrapuestas en paralelo al drama que padecen Canarias y Ceuta, completamente desbordadas y con las llegadas de cayucos disparadas. El escenario anticipa un nuevo conflicto a cara de perro entre el Ejecutivo y la oposición y condena al fracaso la convalidación de un hipotético decreto para el reparto de los menores extranjeros por las comunidades autónomas, como han planteado las islas y la ciudad autónoma.

El PP dejó claro este martes cuál es su planteamiento. Y continúa muy lejos del Gobierno. La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales, Ana Alós, detalló un decálogo de medidas que incluye un mayor control de las fronteras, la declaración de emergencia migratoria en todo el país, elevar la dotación presupuestaria de las comunidades e implicar a la Unión Europea. La propuesta es similar a la formulada el mes pasado como condición para apoyar la toma en consideración de la reforma de la norma, que finalmente fracasó por el rechazo de los populares y Junts.

El plan de Génova para la inmigración era una línea roja entonces y también lo es ahora. Cualquier pacto o acuerdo está supeditado a la inclusión de sus demandas. Alós, que compareció en rueda de prensa, fue contundente ante la pregunta de qué haría el PP si el Ejecutivo aprueba en el Consejo de Ministros un decreto que permita agilizar el reparto de los menores inmigrantes, como puso sobre la mesa Canarias en julio, después del fracaso de la iniciativa parlamentaria. "Lo que le pedimos al Gobierno es que ese real decreto incorpore ya lo que nosotros estamos planteando. Porque entonces tendrá mucho más fácil que nosotros lo podamos convalidar", declaró, tras insistir en la "inacción" de Sánchez.

La postura del Gobierno tampoco ha cambiado. Los socialistas, aunque no han especificado si llevarán el decreto al Consejo de Ministros del martes, han cargado con dureza contra el primer partido de la oposición y le han afeado que no respaldara la iniciativa y se pasase "al lado oscuro" con un discurso xenófobo. "El PP no es que haya perdido el norte, es que ha perdido la humanidad", declaró a través de un mensaje grabado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, tras recordar que el reparto de los menores llegados a Canarias y Ceuta, que superan los 6.000 solo en las islas, "ya estaría resuelto" si no fuera por los populares. La modificación de la Ley de Extranjería, insistió, es la solución.

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La reforma que fracasó en el Congreso fue impulsada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, con el archipiélago y Ceuta como principales demandantes. La iniciativa desarrollaba un sistema que permitía el reparto de menores extranjeros cuando Canarias, Ceuta o Melilla superasen el 150% de ocupación, además de un sistema de financiación pactado por las comunidades autónomas hace dos años. Las negociaciones fueron en vano, con un cruce constante de críticas y reproches entre el PP y los socialistas. El mismo guion que se repite ahora.

Tanto Canarias, en manos de Coalición Canaria y el PP, como Ceuta, gobernada por los populares, han pedido ayuda urgente al Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes y menores no acompañados. Y esta pasa por implicar al resto de territorios. La ciudad autónoma, que califica la situación de "insostenible", pide un reparto "ágil y vinculante" de los adolescentes, que entran en España a una media de veinte al día. “El asunto nos incumbe a todos, no solo a las fronteras terrestres o marítimas, las cuales no pueden quedar abandonadas a su suerte”, denunció el Ejecutivo ceutí, que lidera Juan Jesús Vivas.

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En las islas la situación es similar. La llegada de inmigrantes irregulares ha crecido exponencialmente y ya han entrado un 126% más que el año pasado en el mismo periodo, con la previsión de que la problemática empeore los próximos meses, cuando las condiciones para navegar en el Atlántico sur son más favorables. La tendencia es que se rebase la cifra de 2023, cuando desembarcaron poco más de 40.000 personas en el archipiélago, el 70% del total en todo el país.

Reunión Sánchez-Clavijo

La crisis migratoria será el tema central de la reunión que mantendrán el viernes Pedro Sánchez y Fernando Clavijo. El encuentro, que será en La Palma, se produce una semana después de que el líder socialista llegase a las islas de vacaciones y varios días después de la primera petición del presidente de Canarias. Entre los asuntos a tratar destaca la situación de los menores extranjeros y la posibilidad del decreto para abordar la situación, con la expectativa de que Coalición Canaria pueda convencer a sus socios de gobierno del PP, a quienes ya ha pedido ayuda a través de sus barones. La negociación, como hace un mes, será muy compleja.

Génova tiene claro que no se moverán un milímetro de su plan, reflejado en una proposición no de ley en el Congreso. El PP plantea incrementar el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dotar a las comunidades de un fondo de contingencia para que puedan hacer frente a la crisis. También habilitar las infraestructuras "en desuso y cerradas", así como una mayor implicación de Europa en el control de fronteras. Y, por supuesto, la convocatoria urgente de la conferencia de presidentes y la declaración de emergencia migratoria en España.

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El Gobierno central, que guarda silencio ante las demandas de los territorios, sitúa la crisis como la primera preocupación del curso político. Pedro Sánchez retomará su agenda la semana que viene con un viaje a Mauritania, Senegal y Gambia, entre los días 27 y 29, para tratar la cuestión con los países de origen y tránsito. No es una estrategia nueva, el pasado mes de febrero el Ejecutivo ya se comprometió a desembolsar 300 millones de euros para el desarrollo económico y social de Mauritania, clave en la llegada de inmigrantes procedentes del Sahel, a lo que hay que sumar otros 200 millones anunciados por la Comisión Europea.