Una apertura judicial desoladora: sin presidente a la vista y con el fiscal general en vilo

Si por algo se caracterizan los actos de apertura del año judicial de los últimos cursos es por la tensión. Este 2024 no va a ser distinto. El acto se celebrará en medio de una enorme incertidumbre en varios flancos y, además, en un momento en el que el enfrentamiento con el poder ejecutivo ha alcanzado cotas no vistas hasta el momento. Un cóctel explosivo para el próximo 5 de septiembre donde se prevé su celebración en presencia del rey.

Lo más evidente es la ausencia de expectativas para el nombramiento de un presidente o presidenta del Consejo General del Poder Judicial. El órgano se renovó en el arranque del verano, pero no ha logrado superar, al menos de momento, su primer desafío con exigencia de consenso: la elección del máximo responsable del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. La última oportunidad se producirá el próximo 2 de septiembre, a tres días de la fecha marcada en rojo en el calendario de la judicatura.

Los 20 vocales del órgano se han citado ese día para realizar una última intentona. Si se busca que el nuevo presidente esté designado para el cargo, debería tomar posesión como máximo dos días después, el 4 de septiembre. No hay novedades en cuando a las posturas de cada bloque del Consejo, formado por diez integrantes cada uno. Los progresistas apoyan a las magistradas Pilar Teso o Ana Ferrer. Los conservadores al magistrado Pablo Lucas o la magistrada Carmen Lamela. Nadie se mueve de estas preferencias y, sin dos votos suplementarios para cualquiera de esos candidatos, el nombramiento no se producirá.

En la última etapa, algunos vocales han comenzado a plantear la posibilidad de abrirse a nuevos nombres y explorar el mundo académico en busca de juristas de reconocido prestigio que puedan suscitar acuerdo. Durante la sesión constitutiva que supuso el pistoletazo de salida para el nuevo Consejo, todos acordaron por unanimidad que el listado de candidatos no podría ampliarse más allá de los siete magistrados propuestos inicialmente. A pesar de ello, y según reconocen fuentes de ambos sectores, no se descarta una revisión.

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Beatriz Parera

Solo hay dos caminos. O bien uno de los dos bandos cede y apoya al candidato del otro o bien buscan alternativas. En medio de este tira y afloja un nuevo episodio vino a alejar este lunes a progresistas y conservadores. El ministro Óscar Puente y sus alusiones al Supremo y a su interpretación sobre Puigdemont irrumpieron en la última reunión para retratar, aún más, la división. Los conservadores propusieron una declaración en contra de este tipo de manifestaciones y en defensa de la independencia judicial. Los progresistas no aceptaron incluir la cuestión en el orden del día por considerar que no se trata de un tema reglado y no es una cuestión que de urgencia.

Si nada lo remedia, el anfitrión del acto volverá a ser el presidente en funciones, Francisco Marín Castán. Ya asumió esta responsabilidad el pasado año, donde no faltó algún revolcón que otro, indirectas sobre la ley de amnistía, que por entonces daba sus primeros pasos. Ahora la situación está aún más deteriorada que entonces. Los insultos al Supremo desde Junts y ERC son una constante y las críticas desde el Gobierno han comenzado a convertirse en algo habitual.

El fiscal general, en el aire

Para aderezar aún más la situación, el segundo de los protagonistas del acto solemne, el fiscal general del Estado, acudirá en uno de sus momentos más delicados. La Sala de lo Penal del Supremo tiene aún pendiente pronunciarse sobre la solicitud del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de que se investigue a Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El alto tribunal aún no se ha pronunciado, pero todo apunta a que habrá, al menos, una admisión a trámite y una citación como imputado para aclarar los hechos. El TSJ ya apunta que solo con su "contrastación" de los hechos y su versión podría avanzarse en la instrucción. Ese procedimiento parte de la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado de González Amador en una investigación paralela que se sigue contra él por fraude fiscal. La Fiscalía consideró que la difusión de este comunicado resultaba necesaria para desmentir "las informaciones falaces" que se habían publicado previamente, pero el TSJM rechazó sus argumentos.

Hace ahora dos años, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, amenazaba con dimitir en cuestión "de semanas" si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no alcanzaban un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. La bomba cayó precisamente en el acto de apertura del año judicial y su amenaza se concretó pasadas unas semanas. El Consejo está ya renovado, pero nada ha mejorado. Otra apertura del año judicial tensa.