Los contratos menores, a dedo y sin concurrencia, crecen en todas las administraciones

Palacio de Aranjuez y Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Madrid, 12 de enero de 2024. El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional adjudica ese mismo día seis contratos menores de 14.999,99 euros cada uno, justo al límite legal para evitar la concurrencia, a la empresa Arciha de Servicios S.L. Un total de 89.999 euros y sin competidores. Esta figura excepcional contemplada en la ley, lejos de ser un recurso aislado y puntual, se ha convertido en norma para administraciones de todo tipo y de distinto signo político. Tanto, que su uso no ha parado de crecer en los últimos años.

Este año, según los datos proporcionados por el Portal de Contrataciones del Estado y el Ministerio de Hacienda, se han resuelto 819 contratos de suministros y servicios por valor de 14.999 euros, que han supuesto un importe de adjudicación que supera los 12,2 millones de euros. Si se amplía cien euros por debajo la cuantía de adjudicación (entre 14.900 y 14.999 euros), los números crecen exponencialmente: más de 4.051 contratos menores que rozan el tope legal con un montante superior a los 60,6 millones de euros.

En 2022 fueron 5.981 los comprendidos entre los 14.900 y 14.999. Y de estos, 1.581 fueron adjudicados por 14.999 euros. Es decir, se repartieron 23,7 millones de euros que acariciaban el límite legal para poder adjudicar las licitaciones a dedo. El 35% fueron concedidas por la Gerencia, Entidad Estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Las adjudicaciones por valor de 14.900-14.999 euros hechas solo en los primeros siete meses y medio de 2024, alcanzan casi el 70% del total de 2022, y suponen un 17% más respecto al mismo período de ese año.

Las administraciones públicas utilizan los contratos menores cuando necesitan un servicio u obra con importes bajos. Son expedientes que no salen a concurso, por lo que tienen menos control que una adjudicación mayor. El límite para otorgar los servicios por esta vía es de 15.000 euros y las obras, 40.000 euros. Asignar por 1 céntimo o 1 euro por debajo del límite es legal.

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El problema está en la gran recurrencia por estas cuantías que están a un céntimo de la obligada publicidad, pero se quedan en el lado de la opacidad. En ocasiones, además, aparecen convenios que rozan el límite, adjudicados el mismo día a la misma empresa, como el caso de El Escorial y Aranjuez, y que sumadas sus cuantías superan por mucho las fronteras del contrato menor.

Los expedientes citados tenían por objeto realizar un servicio provisional de información, recepción, control de acceso y comprobación de las instalaciones entre los días 6 de enero y 6 de febrero en El Escorial y del 3 de enero al 9 de febrero en Aranjuez. Son seis adjudicaciones, tres para cada lugar, para actividades que duran un mes y que la empresa recibió en concesiones de diez días. Pero ahí no queda la cosa: este verano la historia se ha repetido. Patrimonio Nacional ha vuelto a otorgar 7 contratos, por valor individual de 14.999 euros y en total de 104.000 euros, el 31 de julio a la misma compañía para la gestión de San Lorenzo de El Escorial.

Incapacidad para controlar

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, recalca que "no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad". Los ejemplos son muy numerosos a lo largo de este año en todas las administraciones, con independencia del signo político o el tamaño. Entre algunos casos recientes de contrataciones por valor de 14.990 euros están los firmados por Goizane Álvarez, titular socialista de Cultura y Deportes de la Diputación de Guipúzcoa, que otorgó 37.619 euros en cuatro contratos menores a Elig Consultoría de Igualdad.

Según el Portal de Contrataciones del Estado y el Ministerio de Hacienda, se han resuelto 819 contratos por valor de 14.999 euros en 2024

Estos datos pueden ser superiores. Las administraciones de Galicia, País Vasco, La Rioja, Madrid, Andalucía, Cataluña y Navarra no registran sus contratos en el Portal de Contrataciones del Sector Público, sino que suben sus acuerdos mediante un proceso de agregación, que les permite publicar sus licitaciones y resultados mediante una interconexión a la plataforma. Sin embargo, los menores quedan fuera de la página del Estado mediante este sistema.

Eva Belmonte, creadora de la fundación ciudadana Civio, una organización que lucha contra la opacidad de las administraciones públicas y por la rendición de cuentas, explica la situación. "El problema no es solo que no esté todo en la base de datos de la Plataforma de Contratos del Sector Público, sino que los datos nunca, y no exagero, nunca están bien", detalla. "Eso significa que es muy difícil, incluso para administraciones que tienen esa misión, encontrar patrones, banderas rojas, señales de alarma… que nos permitan ir a fondo en contratos, digamos, sospechosos. Al final, la vigilancia anticorrupción, por esa falta de transparencia, depende mucho de chivatazos o filtraciones concretas", añade.

Aun así, entre las Comunidades Autónomas que sí publican todos sus datos en el Portal de Contrataciones del Estado, destacan Canarias, con 487 contratos menores con un valor de entre 14.900 y 14.999 euros, la Comunidad Valenciana con 318 convenios, Castilla-La Mancha, con 190 y Castilla y León, con 182 en esta horquilla.

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El caso de Aranjuez y El Escorial sucede en más de una ocasión. Por ejemplo, Ilunion Amalia S.L., una sociedad perteneciente al proyecto Ilunion y con sede social en Can Picafort (Mallorca), recibió cinco contratos el 19 de enero de este año por 14.999 euros cada uno para lavar los uniformes del personal del Servicio de Urgencias de Atención Primaria en varios centros de Baleares. Es decir, la empresa obtuvo a dedo 74.995 euros el mismo día.

En los contratos menores de obras ocurre algo similar. El máximo legal establecido en la ley es de 40.000 euros. En 2024 se han adjudicado 38 servicios con valor de 39.999 euros, por una cuantía total que supera los 1,5 millones de euros. Al extender el espectro (entre 39.900 y 39.999), las cifras igualmente aumentan: 361 convenios que superan los 14 millones de euros. Unas cifras que también se elevan en comparación a años anteriores: en 2023 se adjudicaron por 39.999 euros, 48 contratos y en 2022, 52. El dato de 2024 alcanza prácticamente el 80% de los períodos anteriores, solo en los primeros siete meses del año.

En 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se introdujeron cambios en la ley de contratación. En otros aspectos, se bajó el umbral económico que definía a los contratos menores: para servicios y suministros pasó de 18.000 a los 15.000 euros actuales y para las obras, de 50.000 a los 40.000. "De repente, lo mismo se podía pagar más barato para esquivar sacar el contrato a concurso", apunta Belmonte, que insiste sobre las modificaciones de la normativa: "En lugar de arreglar lo que se hacía mal, se rebajó la ley. Aun así, sigue sin cumplirse". Desde Civio recalcan sobre el resultado de estas prácticas en la Administración: "Son muchas las señales que dan cuenta del abuso de este tipo de contratos".