PP y Vox se disputan la bandera de los tribunales como forma de oposición a Pedro Sánchez

La salida de Vox de los gobiernos autonómicos del PP ha dejado al partido ultraconservador sin uno de sus principales altavoces mediáticos. Pero los de Santiago Abascal mantienen el impulso político frente a Sánchez a través de los juzgados, una bandera que ahora se disputa con el PP. Alberto Núñez Feijóo también ha convertido los tribunales en una de sus herramientas predilectas para intentar desgastar jurídica y mediáticamente al presidente del Gobierno. Las dos fuerzas de la derecha, que libran una pugna constante, exprimen cada movimiento de la Moncloa para demostrar iniciativa frente a su electorado.

El primer gran campo de batalla que se presentó ante el PP fue la ley de amnistía, clave de bóveda del tercer mandato de Sánchez. El ingente poder autonómico y parlamentario de Feijóo le permite una victoria política clara frente a Vox, que perdió en las pasadas elecciones generales la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad —se necesitan, al menos, 50 diputados, y los de Abascal se quedaron en 33 representantes en la Cámara Baja—.

No solo Génova, a través de su grupo parlamentario, llevará la amnistía al TC. También lo harán todos los presidentes autonómicos del PP, lo que anticipa una cascada de recursos antes de que se cumpla el plazo legal para acudir a los tribunales el próximo 11 de septiembre. La ruptura de Vox en los cinco ejecutivos en los que cogobernaba con los populares ciega la oportunidad de los de Abascal de compartir protagonismo en la ofensiva contra la medida de gracia al independentismo.

Los barones del PP, además, han presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo para forzar a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes, un órgano que debe reunirse, según su propio reglamento, al menos dos veces al año, pero que lleva bloqueado desde marzo de 2022. Además, las comunidades autónomas gobernadas por los azules planean una ofensiva jurídica para intentar tumbar en los tribunales la intención del Gobierno de sacar a Cataluña del régimen del sistema general de financiación, sin descartar acudir a ninguna instancia jurídica, desde el Tribunal Constitucional al Supremo o a los tribunales superiores de justicia.

Opinión

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Vox, por su parte, ha encontrado en el caso de Begoña Gómez una oportunidad para reactivarse. La investigación judicial por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios de la mujer de Sánchez, como ya ocurrió durante el procés, alimenta uno de los mantras que más repiten en Bambú contra Pedro Sánchez: "Solo queda Vox". El partido de Abascal se personó como acusación popular, en busca de recuperar el impacto que tuvo con las condenas a los independentistas, donde también ejerció como tal, o con la inconstitucionalidad de los estados de alarma, tras ser declarado ilegal el confinamiento domiciliario durante la pandemia.

Génova declinó desde el principio actuar como acusación en la causa y centra sus esfuerzos en desgastar políticamente a Sánchez, no en escudriñar desde el punto de vista jurídico las posibles irregularidades de su esposa, un papel que delegan en los jueces. Eso sí, el pasado mes de mayo los de Feijóo presentaron un recurso ante el TSJ de Madrid para denunciar el presunto conflicto de interés que cometió Sánchez al no inhibirse en el histórico rescate de Air Europa pese a los vínculos empresariales con su mujer, y no descartan nuevas acciones judiciales, aunque siempre dirigidas al presidente del Gobierno.

Vox hizo gala de la estrategia jurídica durante el caótico pasado jueves en Cataluña, cuando Carles Puigdemont consumó la segunda fuga

Los de Abascal preparan, además, nuevas acciones contra el presidente del Gobierno por la causa que investiga a Begoña Gómez. La última ofensiva la desplegaron esta misma semana. Vox respondió a la querella de Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su mujer, con un nuevo escrito. El partido ultraconservador acusa al dirigente socialista, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños; y al abogado general del Estado, David Vilas Álvarez, de prevaricación administrativa y malversación por utilizar la Abogacía de forma "arbitraria" en su beneficio y en el de su esposa.

"El objeto de la denuncia queda centrado en la utilización abusiva, espuria y arbitraria por parte de Pedro Sánchez Pérez-Castejón de su situación privilegiada como Presidente del Gobierno, disponiendo de los recursos y prerrogativas que tal situación pone a su disposición como tal, y, sin embargo, desviar la finalidad de los mismos, para adecuarla a sus propias y personales finalidades, lo que estaría vedado y proscrito", expone la querella, a la que tuvo acceso este diario, firmada por Marta Castro, coordinadora jurídica de la formación junto a Jorge Buxadé.

Desde la dirección del partido estudian ya nuevas acciones, como la petición al juez Peinado de imputar a Pedro Sánchez tras su declaración como testigo. También la de su hermano David y su cuñada por presuntas irregularidades en la diputación de Badajoz. "Estamos analizándolo y le queremos preguntar sobre muchas cosas que no ha respondido", declaró Santiago Abascal a Europa Press sobre el caso de Begoña Gómez. "Solo Vox seguirá haciendo todo lo posible para evitarlo. Estamos ante un nuevo atropello y un intento de someter a la Justicia, que Vox lleva de nuevo ante los tribunales", insisten en Bambú.

Fuga de Puigdemont

Vox volvió a hacer gala de esa estrategia jurídica durante la caótica jornada del pasado jueves en Cataluña, cuando Carles Puigdemont consumó la segunda fuga de España al esquivar su detención. La respuesta tardía del PP chocó con la intensa actividad del partido de Abascal, que anunció esa misma tarde una batería de querellas contra diversos mandos políticos y policiales de la Generalitat y remitió al Supremo una nueva solicitud para activar la orden europea de detención.

Hay que recordar que la acusación de Vox contra los líderes independentistas marcó un antes y un después en el futuro de la formación ultraconservadora, que logró 52 diputados en las elecciones generales de 2019, su techo hasta la fecha. Vox hizo de los tribunales su particular forma de oposición y llegó a tener cerca de un centenar de causas abiertas tras el estallido de la pandemia, con un aluvión de recursos y querellas contra la gestión del Gobierno y contra distintas comunidades autónomas controladas por la izquierda.

Pulso con Ayuso

Más allá de que Génova haya activado ahora una ofensiva jurídica a gran escala, lo cierto es que Vox siempre ha encontrado una oposición clara a su iniciativa judicial en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña ha seguido la misma estrategia durante los últimos años, en ocasiones al margen de su propio partido, con la justificación de reflejar los presuntos abusos del Gobierno.

Ayuso ha acudido a los tribunales en más de una decena de ocasiones desde el estallido del coronavirus. Algunos ejemplos son los recursos contra el cierre de la región por el ascenso de los contagios, las restricciones a la hostelería, los fondos covid, los currículos de Bachillerato o el llamado impuesto a los ricos, entre otras cuestiones. El último movimiento en ese sentido fue hace apenas una semana.

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue la primera en anunciar y registrar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por no convocar la Conferencia de Presidentes. La iniciativa se había coordinado entre Génova y el resto de sus presidentes autonómicos, pero Ayuso se adelantó al resto de sus compañeros, que siguieron su estela poco después. La acción no sorprendió entre sus colegas. "Ella siempre va primero", ironizaba un líder territorial.

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