Bruselas apremia al Gobierno a reformar la ley de secretos oficiales para cumplir el estándar europeo

Nuevo tirón de orejas al Gobierno por el retraso para reformar la ley de secretos oficiales, todavía vigente pese a tratarse de una ley preconstitucional, de 1968. Por segundo año consecutivo, el informe sobre el Estado de derecho elaborado por la Comisión Europea urge a España a cambiarla o a aprobar una nueva ley de información clasificada.

No es sólo un empeño del PNV, que desde hace años demanda su modificación, Bruselas también ve en el anquilosamiento de esta normativa una deficiencia en la calidad democrática de nuestro país, de la que ya advirtió en su balance de 2023 y sobre la que insiste en 2024. "Tampoco se ha seguido avanzando en la mejora del acceso a la información, en particular mediante la reforma de la ley sobre secretos oficiales", subraya.

Por eso, de nuevo, recomienda su actualización "teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales", en referencia al Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, que el Ejecutivo también ha suscrito y que consagra el derecho de acceso a esta información.

En estos momentos se está tramitando en el Congreso una propuesta del PNV, cuyo principal objetivo es incitar al debate y presionar al Gobierno. Los nacionalistas vascos empezaron en 2016 con esta reclamación y han presentado varios textos en la Cámara que, finalmente, por distintas razones, han acabado decayendo. Pero su insistencia, y también su influencia, logró que el Ejecutivo aprobara en 2022 un anteproyecto ley de información clasificada, que aspiraba a situarse al nivel de "las democracias más avanzadas y de la OTAN".

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Por primera vez se establecía la desclasificación automática. Para la información de alto secreto se fijaba un plazo de 50 años, prorrogable otros 15; 40 para la secreta, más diez de prórroga; la confidencial entre siete y diez años y la restringida entre cuatro y seis. La decisión sobre la documentación histórica quedaba en manos del Gobierno, aunque un particular directamente afectado podía iniciar el expediente.

Pero, como las iniciativas previas del PNV, también murió por falta de apoyo de los socios de coalición, entonces Unidas Podemos, y de los partidos que respaldan al Ejecutivo en el Congreso. Ahora, con el plan de acción democrática que Pedro Sánchez avanzó este julio, se abre una nueva oportunidad, que cobra aún más sentido tras el nuevo correctivo del informe sobre el Estado de derecho de Bruselas.

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Sumar anunció, antes incluso de que Sánchez compareciera en el Congreso, que habían pactado con el PSOE retomar la reforma de la ley de secretos oficiales. Y el propio portavoz del PNV, Aitor Esteban, se lo planteó al presidente durante la sesión. "Está tomada en consideración mil veces por esta Cámara. Es el reflejo de la imperfección y de la debilidad de la democracia española", defendió.

Esteban insistió en la petición en la ronda de contactos que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun, mantuvieron con los grupos parlamentarios. La propuesta del PNV concita más apoyo que la ley de Información Privilegiada del Ejecutivo. Porque los plazos para la desclasificación automática son más laxos, 25 años para materias calificadas secretas y diez para las reservadas. Hasta Junts votó a favor de su tramitación.

A la vuelta del verano, cuando está previsto que el Gobierno materialice su plan de regeneración, se comprobará si existe el acuerdo suficiente y este asunto puede desaparecer del informe sobre el Estado de derecho en España.