El Supremo no cree en "casualidades" en la fuga de Puigdemont y teme el efecto en la UE

Los efectos del desastre que provocó la pasada semana un paseo triunfal de Carles Puigdemont por Barcelona, sin que ningún cuerpo policial le detuviera, aún se hacen sentir en el Tribunal Supremo. Allí ya se piensa en las consecuencias. En el alto tribunal se miran con escepticismo las explicaciones recibidas. "Nada de esto es casualidad", indican algunos. Consideran que la imagen ofrecida, que conduce a pensar que el Gobierno no cumple el mandato judicial porque no lo comparte, cerrará el camino de la revisión judicial en las instancias europeas. Interior reconoció este martes que no activó a sus servicios de inteligencia hasta que la fuga ya se había producido.

Sea por estrategia o sea por simple incompetencia, es evidente que la actuación de los Mossos y del Ministerio del Interior no es la mejor carta de presentación ante los jueces europeos que tengan que valorar una hipotética entrega en el futuro, aseguran distintas fuentes jurídicas. Tras la segunda fuga del expresident catalán y la evidencia de que su actuación le cierra ahora la puerta a un nuevo regreso mientras la ley de amnistía esté pendiente de recursos, el instructor del procés, Pablo Llarena, tiene la opción de reactivar las órdenes europeas e internacionales de detención, ahora solo por malversación agravada.

Pero la pregunta es. ¿Qué opciones tiene de que se atiendan? Si a Carles Puigdemont no le detienen ni en España, ¿qué posibilidades hay de que magistrados de otros países se comporten de un modo más riguroso? A lo sucedido la pasada semana se han sumado ahora declaraciones públicas de miembros del Gobierno que, en opinión del TS, minan aún más la credibilidad de la Justicia española ante Europa.

Abrió fuego Óscar Puente. Como ya ha publicado este diario, el ministro de Transportes habló de "extralimitación". "Cuando Llarena llame a las puertas de Europa, va a ser maltratado por todos", auguran algunos. Lamentan el descrédito que toda la sucesión de acontecimientos provoca sin remedio. Un juez ordena que se detenga a Puigdemont y no solo no se hace, sino que la reacción del Ejecutivo es lanzar que el alto tribunal se excede o incluso abusa.

Esta actitud fue respaldada este martes por el ministro Félix Bolaños. El titular de Presidencia y Justicia lanzó que el Supremo está "inaplicando" la ley de amnistía en este caso y agregó que discrepan tanto con los argumentos jurídicos como con las valoraciones políticas que hacía esa resolución. El uso del término "inaplicar" no es inocente. Lo que ha hecho el TS en el caso de Puigdemont no es no aplicar la ley. Es aplicarla en sus estrictos términos y entender que, como en su redacción se excluye el perdón cuando existe enriquecimiento personal, la gracia no puede extenderse al desvío de fondos del procés, un proyecto ideado en beneficio propio de quienes impulsaron un uso ilícito de fondos públicos.

La cuestión prejudicial y el TEDH

La fuga y las manifestaciones de los responsables del gobierno tienen peso más allá de la respuesta ante hipotéticas reactivaciones de las órdenes de detención. La ley de amnistía se encuentra en plena revisión y una de las instancias que acabará examinando su contenido es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De nuevo aquí, tanto la falta de arresto como las reacciones del Ejecutivo contribuyen a socavar la credibilidad. A minar la confianza desde un poder frente a otro.

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En el horizonte se encuentra también la valoración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la propia sentencia del procés. La imagen, en este caso, se ha ido dañando de forma progresiva. Primero con los indultos. Después con la sedición. Más tarde con la ley de amnistía. Ahora con la sospecha de permisibilidad frente a Puigdemont. Cada cosa, cada gota, ha ido ahondando en la desautorización de aquel fallo ante la Justicia europea. Con cada paso se afianza el relato para que Estrasburgo acabe reconociendo una vulneración de los derechos de los independentistas catalanes en aquella resolución. El marco se alimenta, cada día un poco más, desde Moncloa.

Dar alas a determinadas valoraciones tiene sus riesgos. Este martes en el Senado se vivió un ejemplo más. El portavoz de Junts, Eduardo Pujol, dijo que Llarena actúa como "Tejero sin bigote" y acusó al Gobierno de Sánchez de ser "cobarde" por no obligar a que Puigdemont quede perdonado. "Estamos en pleno golpe del Estado Judicial", lanzó. Más descrédito.