Todo lo que Interior pudo hacer para detener a Puigdemont y no hizo

El Ministerio del Interior admitió este martes al Tribunal Supremo que activaron los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil solo cuando tuvieron conocimiento de que Carles Puigdemont ya se había fugado de nuevo. La explicación evidencia que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska podría haber dispuesto antes de esta herramienta. Sin embargo, no lo hizo porque delegó todo el peso en los Mossos d’Esquadra. No es el único recurso al que el Gobierno podría haber acudido para arrestar al expresidente de Cataluña. Ceder la iniciativa a la policía catalana no excluía a las fuerzas de seguridad del Estado intervenir en otros ámbitos dentro de sus competencias.

La Policía Nacional cuenta con una Comisaría General de Información (CGI) con sede en Madrid y brigadas provinciales en Cataluña. Tal y como informó en su día El Confidencial, este organismo participó en el arresto de Puigdemont en Alemania, cuando todavía estaba en vigor su orden internacional de detención. Fue en marzo de 2018 y el expresidente catalán había participado en un acto en Finlandia. Aunque tenía billetes para volver en avión a su refugio en Bélgica, trató de eludir a las autoridades emprendiendo el regreso en coche. Para entonces, una veintena de agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le seguían los pasos.

Solo 20 minutos después de pisar suelo alemán desde la frontera danesa, una patrulla de la policía de carreteras del estado de Schleswig-Holstein interceptó su coche en una gasolinera de la autovía de Hamburgo. La información había sido proporcionada previamente por los agentes españoles, algunos de ellos desplazados hasta el lugar. Luego, los tribunales alemanes no atendieron los argumentos del Tribunal Supremo para juzgarle y Puigdemont volvió a su Schleswig-Holstein.

El Gobierno, ya sea con la Información policial o el CNI –que depende del Ministerio de Defensa– sigue teniendo los medios técnicos y humanos para haber monitorizado el reciente desplazamiento a España del líder independentista. Según Junts, Carles Puigdemont estuvo dos días escondido en Barcelona antes de su aparición el jueves en un escenario rodeado de fieles. En ese momento, una operación para arrestarlo habría provocado de desórdenes públicos. Demasiado tarde.

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Los Mossos dicen que se creyeron lo que había anunciado el líder fugado y que se acercaría andando entre la gente hasta el Parlament. Su idea era esperar a que accediese al perímetro de seguridad en el parque de la Ciutadella para, ya sin la gente, proceder a su arresto. Tampoco detectaron que el plan en realidad era confundirse con la multitud y fugarse. “Lo que nadie esperaba era un comportamiento tan impropio”; se quejó el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

“No disponíamos de información operativa ni de Inteligencia sobre el paradero de Puigdemont, de haberla tenido se hubiese procedido”, dijo el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, presente el jueves en el parque de la Ciutadella esperando al prófugo. La investigación posterior ha desvelado que al menos tres mossos leales de Puigdemont que ese día estaban librando o de baja colaboraron activamente en el plan de fuga. Uno de ellos es escolta habitual del expresidente de la Generalitat, Quim Torra.

La Policía y la Guardia Civil detienen en Cataluña

La Guardia Civil también tiene sus Servicios de Información con tres Unidades Centrales Especiales (UCE). Durante el auge del procés, los efectivos de UCE 3 tuvieron una implicación directa en la investigación del entramado secesionista y los preparativos para la celebración del referéndum ilegal. En aquellos trabajos, también contaron con el apoyo del CNI y cosecharon éxitos, pero también fracasos, como no detectar el escondite de las urnas de la consulta. Pero los resortes estuvieron activos sin que ello amenazara el carácter de policía integral de los Mossos d’Esquadra en Cataluña.

Tanto la Policía como la Guardia Civil están autorizados a detener presuntos delincuentes en Cataluña independientemente de que los Mossos también tengan reconocidas competencias en policía judicial o su propia Comisaría General de Información. De hecho, el informe del Ministerio del Interior con el que Grande-Marlaska delega toda la responsabilidad en los Mossos, se produjo apenas 24 horas después de una nota de prensa de la Policía Nacional en la que anunciaba el arresto de un presunto yihadista en Barcelona.

Hace apenas unas semanas, el mismo cuerpo policial celebraba el arresto, también en Cataluña, de un miembro de la Camorra napolitana, incluido entre los fugitivos más buscados. La Policía Nacional y la Guardia Civil hacen muchas operaciones como estas a lo largo del año, en ocasiones de manera conjunta con los Mossos. Interior dice que ofreció apoyo operativo para detener a Puigdemont, pero la Generalitat lo rechazó. El Ministerio añade que la policía autonómica les informó del diseño de su dispositivo específico y especial para proceder a la detención del expresidente una vez fuese localizado. Los atestados de los Mossos a los que ha tenido acceso este periódico ya avanzaban las lagunas de ese plan.

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Apenas había un mosso infiltrado junto al escenario. Para tener acceso visual el prófugo se expuso tanto que fue detectado e increpado por la masa. Tuvo que salir a la carrera tras el coche en el que escapaba Puigdemont en una persecución a la desesperada. En apenas siete minutos perdió de vista el vehículo tras ponerse en verde un semáforo. La propia estimación de asistencia al mitin del líder de Junts había previsto “1.000/1.200 personas” y se encontraron con 4.500, cuatro veces más. Cuando quisieron aplicar una operación Jaula en Barcelona ya era demasiado tarde.

Este periódico ha consultado a expertos policiales y cargos que han desempeñado funciones en altas instancias de la seguridad del Estado, acostumbrados a lidiar en el siempre difícil equilibrio de asignar funciones a los distintos cuerpos policiales. Existe consenso entre ellos de que el Ministerio se excusa en el carácter integral de los Mossos para eludir su responsabilidad en todo lo que estaba en su mano al margen del cuerpo autonómico.

Controles en las carreteras

Otro aspecto en el que podría actuar Interior y no lo hizo es en las carreteras. Interior dice que el espacio Schengen permite la libre circulación de vehículos entre España y Francia. Ya no existe la figura de la garita con los guardias subiendo y bajando una barrera tras revisar los pasaportes. Pero eso no impide la realización de controles, como reconoce el propio ministerio en su respuesta al Tribunal Supremo: “En los dispositivos de control y vigilancia establecidos por Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia, así como en puertos y aeropuertos, no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont”.

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Según las fuentes consultadas, nada impedía a Interior redoblar e intensificar esos controles en carretera. Recuerdan que los Mossos tienen también transferidas las competencias de Tráfico en Cataluña, pero lo que había en juego el pasado jueves no era una multa de velocidad, sino dar con un prófugo. Lo que no pueden hacer es un control ordinario de seguridad ciudadana, pero sí un operativo para detener a un fugitivo. La Policía y la Guardia Civil podrían haber intensificado su presencia en las carreteras, como también reconoce el propio informe remitido por el ministerio al Tribunal Supremo.

Según Interior, una vez fugado Puigdemont, entonces ya sí “se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de Cataluña, y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos d’ Esquadra. Estos dispositivos actuaron hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto”. Al no hacerlo días antes del acto, se redujo al menos a la mitad las posibilidades de detectar a Puigdemont a su llegada.

Las mismas fuentes insisten en que el control de fronteras sigue siendo exclusivo de Guardia Civil y de Policía en la parte de documentación. Consideran que el carácter integral de los Mossos no significa excluir a la Policía y la Guardia Civil. Pese a la libre circulación del espacio Schengen, existen todavía puestos fronterizos y están dotados de personal, no han sido desmantelados. Se llaman Centros de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA).

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Martínez, ‘número dos’ de Grande-Marlaska acudió el año pasado a conmemorar el 20 aniversario del primer CCPA, ubicado en la frontera entre Huesca y Francia, el puesto de Canfranc–Somport–Urdos. En el acto, el secretario destacó la “eficacia operativa” y la cooperación policial promovida desde el CCPA de Canfranc, que en 2022 hizo posible 2.071 controles de carretera, 234 controles fronterizos y ocho operaciones. “Los CCPA nacieron para combatir la delincuencia transfronteriza y el tráfico ilícito de mercancías y hoy son una herramienta clave para mejorar la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen”, señaló Pérez Martínez.

El informe de Interior enviado al Supremo acredita que hubo comunicación previa a la fuga entre los Mossos y el ministerio. En este contexto cobra relevancia la pregunta que le hizo un periodista el viernes durante la rueda de prensa al comisario jefe de los Mossos y la respuesta del mando policía catalán. Se le cuestionó acerca de la colaboración con Policía y Guardia Civil y si estos cuerpos habían realizado alguna actuación en paralelo.

"No consta ninguna actuación"

“Lo que se refiere –respondió– a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es evidente que la comunicación de inteligencia siempre tiene sus canales de coordinación continua para todo lo que pueda ser de interés, pero aparte de eso, desde el cuerpo de Mossos se ha comunicado a través de la sala de coordinación interpolicial la información sobre el vehículo de interés en el que Puigdemont ha huido. No nos consta que hubiese ninguna actuación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado al margen de lo que era el dispositivo del cuerpo de Mossos d’Esquadra”.

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Las fuentes consultadas insisten en que si Interior no hizo nada fue por una decisión adoptada por sus responsables y que existen alternativas entre esa inacción y llenar de antidisturbios las inmediaciones del acto. Opinan que refugiarse en el estatuto de Cataluña o cuestiones de gobernanza es solo una excusa.

En otro plano más profundo, Interior alega en su informe que actuó con “los recursos disponibles”. Los Mossos cuentan con 18.000 agentes en Cataluña, mientras que la Policía y Guardia Civil han visto mermada su presencia hasta 3.000 efectivos cada uno. Los sindicatos policiales y del Instituto Armado llevan años denunciando esta disminución de su presencia en Cataluña, que se ha convertido en un destino de paso para los agentes.

Estos días, desde la Conferencia Española de la Policía (CEP) recordaron que el Gobierno tiene firmado un compromiso de ampliar todavía aún más la dotación de Mossos hasta llegar a los 23.000 policías con una inversión de 1.3000 millones. Piden a Grande-Marlaska suspender ese plan tras el incidente de la fuga de Puigdemont.