El Gobierno pasa al ataque contra el Supremo tras el episodio de Puigdemont

No ha hecho falta esperar mucho. Apenas unos días después del paso fugaz de Carles Puigdemont por Cataluña y de su segunda huida, un ministro del Gobierno ha pasado a señalar al Tribunal Supremo. Óscar Puente ve en la decisión de mantener la orden de detención nacional del expresidente catalán por un delito de malversación agravada una "extralimitación" del alto tribunal a la hora de interpretar el sentido de la ley de amnistía. Las relaciones entre el alto tribunal y el Ejecutivo son tensas y complicadas desde el inicio de la legislatura, pero esta acusación supone un salto más que incrementa el malestar.

No es ningún secreto que la decisión del TS de no amnistiar a Puigdemont, adoptada el pasado julio, no gustó nada en el PSOE. Con términos menos directos, unos y otros lo fueron dejando caer a lo largo de las últimas semanas. Félix Bolaños, titular de Justicia, obligado casi desde su nombramiento a hacer equilibrismos para intentar no soliviantar a la judicatura, dijo, por ejemplo, que no compartía ni los argumentos jurídicos "ni los argumentos políticos" de los autos del Supremo.

En Moncloa sentaron sobre todo muy mal algunas de las alusiones de los autos. La Sala presidida por Manuel Marchena hablaba de "precipitación" en la aprobación del texto y a la existencia de diferencias sustanciales entre las versiones iniciales y la definitiva que contribuyen -decía- "de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa". También señalaban los autos el contraste "llamativo" entre "la protección reforzada que la Unión Europea atribuye al delito de malversación de caudales públicos y la lenidad [blandura] del legislador español" que "no ha dudado en perdonar graves delitos, así como las consecuencias económicas que de ellos se han derivado".

A pesar de que era evidente que escocía, al menos hasta el momento el Ejecutivo había mantenido una cierta prudencia en el ámbito público. Fuentes socialistas incidieron en su momento que la redacción de la ley es "clarísima" y la lectura del Supremo, equivocada. Muy lejos de las valoraciones de Puigdemont, que lanzó en Twitter nada más conocerse la decisión un corto mensaje: "La Toga Nostra". Se insinuaba también, con mayor o menor claridad, que la decisión implicaba no acatar la ley.

Opinión

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Lo que verbalizó el ministro Puente en una entrevista concedida a RNE pone, no obstante, voz a la opinión que el Ejecutivo mantenía en privado. Al hacerlo, Moncloa detona otro dique más y ahonda en la distancia entre ambos poderes, cada vez más grande y más difícil de superar. El último episodio, la burla del expresident catalán y su sorprendente capacidad para esquivar a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no ha hecho más que abrir un nuevo frente que ya apunta a una responsabilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Múltiples fuentes jurídicas consultadas reconocen que el pesimismo se ha instalado en el TS. En el alto tribunal no descartan ningún escenario. Desde hace mucho tiempo, casi desde que quedó suscrito el acuerdo entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, muchos presienten que se enfrentarán en el futuro a querellas por prevaricación.

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Cuando un ministro habla de "extralimitarse", alienta esa sombra, aseguran estas fuentes. El delito de prevaricación viene recogido en el artículo 404 del Código Penal español y castiga a toda autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto de su competencia.

El guiño al Constitucional

Puente ha ido más allá en su entrevista en RNE a aludir de forma velada a una eventual revisión de la decisión del Tribunal Supremo en el Constitucional. "Hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto", ha añadido también el ministro de Transportes en una referencia que solo puede dirigirse a la corte de garantías. Con la revisión del caso de los ERE todavía fresca, el dirigente socialista ha mostrado la confianza del Gobierno en que el TC sea quien haga una interpretación que esté alineada con la voluntad del legislativo en la ley de amnistía.

Desde antes incluso de conocerse el texto, los mensajes del Ejecutivo y dentro del PSOE han ido encaminados a dejar claro que la norma que desatascó la investidura de Pedro Sánchez encaja con la Constitución. "Es plenamente constitucional", dijo Félix Bolaños en el Congreso el día que el PSOE registró en solitario el texto en la Cámara. Después comenzó una negociación entre el PSOE y sus socios encaminada a blindar cualquier resquicio de la ley que impidiera el perdón a Carles Puigdemont. La decisión del juez Llarena y de la sala de lo Penal del Supremo dejaron claro el pasado 1 de julio que esos esfuerzos fueron en vano y dejaron toda la batalla en el Constitucional.

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La defensa a ultranza de la ley es lógica, ya que el PSOE hizo suya la necesidad de aprobar el texto para "hacer de la necesidad virtud", como dijo el propio Sánchez el pasado octubre. Los socialistas evitan hablar de lawfare y no solo respecto a la actitud de los jueces respecto al procès. Manuel Chaves también ha evitado utilizar este concepto en sus pronunciamientos posteriores a su exculpación parcial en el caso de los ERE. Pero esa línea roja es compatible para los socialistas con criticar las decisiones judiciales.

En el caso de la amnistía, hay recordar que antes de Puente el propio PSOE lanzó un comunicado en el que reflejó su "discrepancia" de la decisión del Supremo sobre aplicar el perdón general a Puigdemont. Los socialistas calificaron de "sorprendentes e innecesarias" las "consideraciones políticas" del auto del TS sobre Puigdemont. "Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación de las normas", expresaron a principios de julio desde Ferraz.