El PP prepara un otoño caliente en todos los frentes contra Sánchez y se abre a más protestas

Alberto Núñez Feijóo pidió a sus barones, diputados y senadores estar "ojo avizor" en agosto por la sospecha de que la legislatura pueda colapsar en cualquier momento. Pero lo cierto es que, salvo contadas excepciones, tanto el líder del PP como la mayoría de sus presidentes y cargos han disfurtado de unos días de descanso tras un curso frenético, sin la perspectiva de que el próximo vaya a ser más apacible. Más bien todo lo contrario. Los populares toman ahora una bocanada de aire antes de activar un otoño caliente con una ofensiva a gran escala desde todos los frentes. El único objetivo tiene nombre y apellidos y ocupa el sillón presidencial del Palacio de la Moncloa.

A partir de septiembre, el PP dará rienda suelta a una cascada de iniciativas y peticiones de comparecencia en Congreso, Senado, Eurocámara y parlamentos autonómicos y municipales, dirigidas de forma exclusiva contra el Gobierno. Se espera, además, un rosario de recursos y denuncias ante distintas instancias judiciales, y ni en Génova ni en los territorios descartan tampoco volver a movilizarse en las calles este otoño. "Utilizaremos todas las vías disponibles", inciden.

El objetivo es presionar a un Sánchez "acorralado" en todos los frentes que el jefe del Ejecutivo tiene abiertos, desde la vertiente más personal por la imputación de su esposa y la investigación abierta también contra su hermano por prevaricación, tráfico de influencias y fraude fiscal; hasta la variante política y económica, ahora copada por la nueva huida clandestina de Carles Puigdemont y el acuerdo con ERC para sacar a Cataluña del sistema del régimen general y concederle un concierto económico. Esta última cuestión, advertían estos días en el PP, será "la madre de todas las batallas", por encima incluso de la amnistía, y ven realmente complicada su aplicación efectiva.

Desde Génova prometen que no habrá tregua para Pedro Sánchez. Creen que su continuidad es insostenible, y que la situación de "incertidumbre" es tal que "todos los escenarios son posibles". ¿Incluido un adelanto electoral? En el PP admiten que la opción de que el presidente del Gobierno esté dispuesto a abrir las urnas de forma anticipada es prácticamente imposible, salvo el caso improbable de que Junts rompa definitivamente la baraja. Los neoconvergentes ya han anunciado una revisión del pacto con el PSOE tras la investidura de Salvador Illa, pero en Génova asumen que, salvo sorpresa mayor, Junts no dejará caer a Sánchez.

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Esa creencia lleva al PP a enfriar la opción de presentar una moción de censura, al menos en el corto plazo. Feijóo se guarda esa bala en la recámara, pero en su entorno inciden en que no correrán el riesgo de activar esa bomba de relojería si no hay certezas de que salga adelante. Si PNV o Junts no apoyan esa moción, el balón de oxígeno para Sánchez sería mayúsculo. "No está en nuestros planes", reiteran en la cúpula popular. Con todo, los de Feijóo advierten que mantendrán la presión política en su cota más alta para, cuando llegue el momento, asestar el golpe de gracia a Sánchez en las urnas y desalojarle de la Moncloa.

Cascada de recursos por la amnistía

El nuevo curso político arrancará con el registro efectivo de las decenas de recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía que anunciaron tanto los presidentes autonómicos del PP como la propia Génova, a los que ya se ha adelantado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Feijóo optó por agotar el plazo —vence el próximo 11 de septiembre— a la espera de las aportaciones de los tribunales tras su entrada en vigor. El Supremo, por ejemplo, rechazó a principios de julio considerar amnistiable el delito de malversación, por el que se encuentra procesado Carles Puigdemont.

Con esta ofensiva, el PP busca más impacto mediático que jurídico, ya que el TC puede tardar años en resolver este tipo de recursos, por no mencionar la profunda desconfianza absoluta con la que Génova mira al órgano de garantías, presidido por Cándido Conde-Pumpido. Pero, a pesar de todo, en Génova se comprometen a "dar todas las batallas", en parte para no dejar ese carril libre a un Vox que trata de mantener su impulso político contra Sánchez a través de los juzgados.

Ofensiva contra el 'cupo catalán'

En coordinación con Génova, los barones del PP han comenzado ya a dar forma a su respuesta en los tribunales al prometido 'cupo catalán', del que aún se conocen pocos detalles. El Gobierno guardó bajo llave los pormenores del acuerdo con ERC para eliminar cualquier obstáculo a la investidura de Salvador Illa, que ya ha conseguido ponerse al frente de la Generalitat. Los líderes territoriales quieren estar preparados para actuar jurídicamente en cuanto se materialice la reforma del sistema de financiación, y en este caso no solo se valora la vía del Tribunal Constitucional, sino también la visita a otras instancias como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.

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Como publicó El Confidencial, el PP prepara también una batería de mociones en los parlamentos autonómicos para forzar a las federaciones socialistas críticas con el preacuerdo fiscal para Cataluña a posicionarse. El PSOE de Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias o Castilla y León rechazaron de entrada el preacuerdo entre el PSC y ERC. Génova quiere que vayan un paso más allá y boicoteen desde dentro, lo que califican como "el mayor atentado a la igualdad y solidaridad de nuestra democracia". Pero, como sucedió con la amnistía, la esperanza en los barones socialistas es casi nula.

En la dirección del PP detectan un enfado mayúsculo en la ciudadanía por la amenaza de un concierto económico pactado de forma bilateral para Cataluña, en la medida en que este acuerdo pueda impactar en la financiación o en los servicios públicos del resto de territorios. Por eso ven los mimbres para volver a salir a las calles y convocar protestas que eleven la tensión social frente al Gobierno. El PP encontró un importante nicho de acción en el descontento de la ciudadanía, y rebosó plazas y calles en diversas convocatorias en los últimos meses, en respuesta a la ley de amnistía.

La decisión se tomará a la vuelta del verano, pero fue el propio Feijóo el que ya avanzó que volvería a abrazar la bandera social como estrategia de oposición. "Desde las Cámaras y desde las calles vamos a seguir ejerciendo nuestra libertad para proteger la libertad de todos los españoles", instruyó en una de sus últimas intervenciones públicas antes de agosto, tras la que tuvo que someterse a una operación por un desprendimiento de retina de la que aún se recupera.

Sánchez declarará en el Senado

Es uno de los grandes ases que el PP se ha reservado para el arranque del nuevo curso. Génova lleva meses amagando con citar a Pedro Sánchez en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y los negocios de Begoña Gómez, por los que está imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción. Fuentes de la dirección apuntan a que esa citación se prevé entre septiembre y octubre, a la espera de nuevas piezas de la trama que puedan utilizar para estrechar el cerco sobre el presidente del Gobierno.

Hay que recordar que en el listado inicial de comparecientes, el PP incluyó también el nombre del empresario Juan Carlos Barrabés. Aún no han puesto fecha a su comparecencia, y podría preceder a la de Sánchez para aumentar la presión sobre el presidente. Barrabés, el empresario al que apoyó Begoña Gómez para que se adjudicaran contratos millonarios de dinero público, desveló hace unas semanas ante el juez que se reunió en dos ocasiones con Sánchez en la Moncloa en presencia de su esposa.

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La posibilidad de que el PP cite a la propia Begoña Gómez en el Senado sigue en el aire. Feijóo es contrario a mezclar al entorno familiar de Sánchez en su ofensiva política y quiere atacar únicamente al jefe del Ejecutivo, dejando a los tribunales las actuaciones oportunas contra Begoña Gómez. Pero en Génova siguen sin descartar por completo esa comparecencia, bien en el Senado o en la comisión paralela que ha abierto el PP de la Comunidad de Madrid en la Asamblea regional por la presunta apropiación indebida de la esposa de Sánchez de un software propiedad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En septiembre arranca también en la Cámara Alta una comisión de nueva creación, en este caso para investigar la presunta malversación en el seno del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige José Félix Tezanos. El PP también ha registrado en las Cortes un reguero de peticiones de comparecencias de distintos ministros por distintas cuestiones, entre ellos José Manuel Albares —por la situación en Venezuela— María Jesús Montero— para pedir explicaciones por el 'cupo catalán'— Óscar Puente —por las últimas y numerosas incidencias ferroviarias— y, en última instancia, de Pedro Sánchez, para que rinda cuentas sobre el último desafío de Carles Puigdemont al Estado tras huir nuevamente de España.