El PP explorará encuentros con barones socialistas para boicotear el cupo catalán

La financiación autonómica es un debate que trasciende a las siglas políticas y a los argumentarios que se cocinan en las direcciones nacionales de los dos grandes partidos. A diferencia de lo que ocurría con la amnistía, Alberto Núñez Feijóo se ve capaz de encontrar munición en las federaciones socialistas para intentar boicotear el preacuerdo entre el PSC y ERC y frenar el cupo catalán comprometido por el Gobierno. Esta vez, reiteran fuentes de Génova, "se trata del dinero" del resto de comunidades autónomas, algunas especialmente infrafinanciadas, que pierden poder frente a los "privilegios" de Cataluña.

Feijóo empleó buena parte del tiempo que duró su entrevista en COPE este lunes en explicar "el desafío histórico" que supone el pacto para abordar la singularidad financiera de Cataluña. Era su primera aparición tras dos semanas de reposo por una intervención quirúrgica. La estrambótica huida de Carles Puigdemont pasó a segundo plano en el rosario de denuncias del líder de la oposición, consciente de que el debate de la financiación puede convertirse en una batalla decisiva, no solo por la presión política externa, sino por el ruido que el concierto catalán genera dentro de las filas del PSOE.

El líder del PP decidió mover ficha anunciando un cónclave de barones territoriales a la vuelta de las vacaciones para abordar el "agravio" del pacto catalán para el resto de España. Fuentes de Génova puntualizaron más tarde que será una "reunión de trabajo" entre Feijóo y los presidentes autonómicos del PP, prevista para principios de septiembre, en la que se abordará un "plan de acción" para frenar el concierto económico catalán. Uno de los objetivos será explorar "reuniones" con distintos líderes territoriales del PSOE en busca de un frente común que interrumpa la hoja de ruta del Ejecutivo, a la espera de que éste convoque una Conferencia de Presidentes que sigue sin fecha.

Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que aún no ha habido contactos con los barones socialistas que se mostraron críticos con el acuerdo con ERC, aunque se abren a agendar encuentros en las próximas semanas, a la espera de conocer los detalles del pacto que Ferraz ha mantenido bajo llave. Lo que aún no está decidido es si será Feijóo el que se ponga al frente de ese reguero de contactos o si pedirá a sus representantes autonómicos que dialoguen con sus homólogos socialistas para debatir sobre el terreno el impacto del cupo catalán para sus respectivos territorios.

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La intención de sacar a Cataluña del régimen general de financiación —una especificidad fiscal que en los casos de País Vasco y Navarra sí está recogida en la Constitución— generó importantes suspicacias en el PSOE de Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla y León o la Comunidad de Madrid. Y el PP les reta a que esta vez no se queden en las palabras y alienten una especie de rebelión interna para que sus diputados no apoyen la reforma de la ley de financiación en caso de que el trámite llegue finalmente al Congreso.

"Los dirigentes del PSOE que quieran mantener una posición política coherente están llamados a evitar que se apruebe. El PSOE está en un momento existencial y se juega su propia supervivencia", advirtió Feijóo. No obstante, en privado distintos dirigentes territoriales del PP llaman a reducir a cero la esperanza de que los barones socialistas rompan la baraja y se rebelen contra las directrices de Ferraz. En público, la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ya han manifestado que su confianza en los dirigentes críticos del PSOE es nula.

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Pero hay que tirar de hemeroteca para comprobar que no es la primera vez que, en materia de financiación, barones socialistas y populares se han estrechado la mano. El ejemplo más reciente fue la apodada como 'cumbre de Fitur', en la que un micrófono captó la conversación informal entre tres líderes autonómicos del PP —Fernando López Miras (Murcia); Juanma Moreno (Andalucía) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana)— con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. En aquel cónclave improvisado, acordaron frenar los "privilegios" a Cataluña y pedir al Estado un fondo de nivelación para compensar la falta de fondos en sus respectivas regiones por el estancamiento de la reforma de la ley de financiación autonómica.

El propio Feijóo también lideró en 2021 el conocido como 'foro de Santiago', un espíritu al que Génova apela ahora para dinamitar un pacto que amenaza con "romper la solidaridad entre territorios y la igualdad en la financiación de los servicios públicos". El entonces presidente de la Xunta logró poner de acuerdo a ocho autonomías para suscribir un pacto financiero que respondiese también a los criterios de dispersión y envejecimiento poblacional y defendiese los intereses de la 'España vacía' frente al trato de favor de Sánchez hacia Cataluña. En aquella mesa se sentaron dirigentes como el expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el presidente de Asturias, Adrián Barbón; o el expresidente de Aragón, Javier Lambán.

Fuentes de Génova aclaran que en el cónclave de barones del PP previsto para el mes de septiembre no se abordará la búsqueda de una postura común sobre la enquistada reforma del sistema de financiación autonómica, una disputa que también enfrenta, de forma soterrada, a los propios presidentes populares. Entienden en el PP que la "amenaza" del cupo catalán es la cuestión "más urgente" que supera a cualquier otro debate, ya que de él depende, al menos según el prisma de Génova, la propia sostenibilidad del "Estado del bienestar" y la supervivencia del Estado de las Autonomías.

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A partir de septiembre, el PP desplegará también una batería de mociones en Congreso, parlamentos autonómicos y ayuntamientos en busca de voces críticas del PSOE que, o bien se levanten contra el concierto catalán; o bien queden "retratados" como parte de la cesión del Ejecutivo al independentismo. Cuando el pacto tome forma, los barones del PP presentarán batalla jurídica, y Génova se abre también a convocar nuevas protestas en busca de apoyo social al último "delirio" de Sánchez.